Meta afronta en Estados Unidos uno de los mayores desafíos judiciales de su historia. La compañía propietaria de Facebook e Instagram se enfrenta desde este martes a un juicio federal en Oakland (California) por las acusaciones de 29 estados sobre el impacto de sus redes sociales en los menores.
El procedimiento se centra en dos grandes cuestiones: si Meta diseñó deliberadamente sus plataformas para fomentar un uso compulsivo entre niños y adolescentes y si recopiló ilegalmente datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. Los fiscales también acusan a la compañía de haber minimizado los riesgos asociados a sus plataformas.
La supuesta estrategia de Meta para mantener a sus usuarios conectados
La demanda, presentada inicialmente en 2023, sostiene que Meta utilizó diferentes herramientas de sus plataformas para mantener a los usuarios jóvenes conectados durante más tiempo. Entre ellas se encuentran el desplazamiento infinito, las recomendaciones de contenido, las notificaciones y otros mecanismos destinados a aumentar la interacción.
Los estados consideran que estas decisiones no fueron accidentales, sino que formaban parte de una estrategia empresarial que priorizaba el crecimiento y la participación de los usuarios frente a los posibles efectos dañinos sobre los menores.
A esto se suma la acusación de que Meta habría recopilado y utilizado información de niños menores de 13 años sin contar con el consentimiento parental exigido por la legislación estadounidense de protección de menores.
¿De dónde sale la sanción de 1,4 billones de dólares?
Esta cifra es uno de los datos que más ha llamado la atención del caso. Meta calcula que las sanciones podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares, alrededor de 1,2 billones de euros, si la empresa fuera considerada responsable de todas las infracciones alegadas y se aplicaran las máximas penalizaciones contempladas.
Sin embargo, esto no significa que los estados hayan presentado una factura de 1,4 billones de dólares. La cifra representa un escenario máximo calculado a partir de las posibles sanciones por las distintas infracciones. De hecho, algunos expertos consideran improbable que una condena eventual pueda alcanzar una cantidad semejante.
La magnitud de la cifra se entiende mejor al compararla con el propio valor de Meta en Bolsa, por lo tanto, una sanción de ese tamaño se acercaría a la capitalización total de la compañía.
Posibles declaraciones de Mark Zuckerberg en el juicio
Aunque el procedimiento está dirigido contra Meta y no personalmente contra Mark Zuckerberg, el fundador y director ejecutivo de la compañía está entre los posibles testigos que podrían pasar por el tribunal. También está previsto el testimonio de Adam Mosseri, responsable de Instagram, y de Arturo Béjar, antiguo empleado de Meta que ha criticado públicamente las políticas de la compañía respecto a los menores.
El juicio está previsto que se prolongue durante varias semanas y está siendo supervisado por la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers. El procedimiento cuenta además con un jurado asesor cuya decisión no será vinculante para la magistrada, que será quien tenga la última palabra.
Meta niega las acusaciones
La compañía ha rechazado las acusaciones y sostiene que ha trabajado para mejorar la seguridad de los adolescentes en sus plataformas. Meta defiende que ya ha introducido herramientas de protección para los usuarios jóvenes y cuestiona que los estados hayan demostrado que sus productos hayan causado los daños que se les atribuyen.
El resultado del proceso podría ir mucho más allá de una posible sanción económica. Los estados también pretenden que Meta modifique el funcionamiento de Facebook e Instagram, con medidas que podrían afectar a determinadas funciones y a la manera en la que la compañía gestiona los datos de los menores.
Por eso, el juicio se ha convertido en un caso clave para determinar hasta dónde puede llegar la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas por los efectos de sus productos sobre los usuarios más jóvenes.