Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que declararon inconstitucionales varias disposiciones del pacto colectivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo, se suman a los procesos administrativos y judiciales que el Ministerio de Educación mantiene contra docentes señalados por faltas durante la huelga magisterial de 2025.
La ministra de Educación, Anabella Giracca, afirmó que el pacto colectivo quedó sin vigencia y explicó que, para destituir a trabajadores que se encuentran bajo emplazamiento, el ministerio necesita una orden judicial. Según indicó, los juzgados tienen expedientes en trámite y les corresponde autorizar las destituciones.
«Hay jueces que ya tienen los expedientes y son ellos los que tienen la última palabra, los que nos permiten destituir», señaló Giracca.
La funcionaria añadió que el emplazamiento establece obligaciones para ambas partes: el sindicato no puede tomar medidas de hecho y el ministerio debe contar con autorización judicial para proceder con una destitución.
El Ministerio de Educación inició el proceso para la destitución de aproximadamente 140 maestros, y se impusieron alrededor de tres mil 300 sanciones, por lo que la ministra indicó que continúan trabajando por la «recuperación de la educación pública».
¿AVANZÓ EL PACTO COLECTIVO?
Giracca también se refirió al proceso de negociación del pacto colectivo y explicó que, desde que el caso pasó a los tribunales de Trabajo, el Ministerio de Educación quedó sujeto al emplazamiento y debe proporcionar la información que requieran los juzgados.
“Estamos trabajando con total normalidad; lo que se mantiene son las juntas mixtas, que solo ven temas de orden laboral, pero el pacto colectivo quedó sin ninguna vigencia”, afirmó.
En junio de 2026, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió dos resoluciones, una de las cuales declaró inconstitucionales varias disposiciones incluidas en el pacto colectivo negociado por Joviel Acevedo y el STEG.
Los fallos limitaron atribuciones que el sindicato había incorporado en el acuerdo, relacionadas con la aprobación de programas de capacitación docente, su intervención en procesos administrativos del Mineduc, la conformación de juntas para conocer conflictos laborales y la supervisión de programas educativos financiados por el Estado.
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