Ginebra (EFE).- El presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU para investigar los abusos en el país centroamericano, recomendó hoy en declaraciones a EFE un aumento de las sanciones desde la comunidad internacional a instituciones nicaragüenses que violan dentro y fuera del país el derecho a la educación de disidentes y otras personas perseguidas.
“Recomendamos el aumento de sanciones personales a instituciones involucradas en el ataque al sector universitario de Nicaragua”, señaló el presidente del grupo de expertos Jan-Michael Simon, quien esta semana participa en los debates del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación en Nicaragua.
Simon puso como ejemplos de instituciones que podrían ser objeto de esas sanciones a los ministerios de Juventud y de Educación, así como el Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua.
Según señala el último informe del grupo de expertos, que se presentó este martes ante el Consejo de la ONU, éstas y otras instituciones están contribuyendo a un nuevo tipo de represión contra voces críticas “más amplia y sofisticada” que ya no sólo ejerce violencia física sino que busca también, en palabras del propio Simon, “hacer la vida de la gente imposible”.
A muchos estudiantes exiliados, por ejemplo, estas instituciones les niegan toda documentación de los estudios cursados, lo que les impide continuar con su formación en el exterior y crea también problemas para los países de acogida de estas personas.
Reevaluar la cooperación con Nicaragua
En ese sentido, el presidente del grupo de expertos recomendó también a la comunidad internacional que “evalúe cómo está invirtiendo en la cooperación y desarrollo en el sector de educación de Nicaragua, para que el país no siga hipotecando su futuro”.
“Si el Gobierno de Nicaragua quiere cooperación en materia de educación no puede al mismo tiempo hipotecar el desarrollo de ese sector como lo está haciendo en este momento”, afirmó.
Simon ahondó sobre los métodos de represión a la disidencia y recordó que cuando muchos de los críticos salen del país “se les quita todo: su hogar, su nacionalidad, todos los derechos que han tenido”.
“Con ello se intenta borrar cualquier disensión fuera de Nicaragua, y cuando esto no funciona, incluso se reprime a los familiares que quedan en el país, tomándolos como rehenes”, lamentó.
El grupo de trabajo ya afirmó en su anterior informe, que presentó en marzo también ante el Consejo de Derechos Humanos, que en Nicaragua se comete desde 2018 el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, de lo que hace responsable al presidente Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
El crimen de persecución política “no abarca sólo delitos de sangre como torturas y detenciones, también afecta a derechos económicos, sociales, culturales y, muy particularmente en este caso, educativos”, subrayó Simon.
Misión tripartita con un mandato de dos años
El jurista alemán está acompañado por Ángela María Buitrago (Colombia) y Ariela Peralta (Uruguay) en el grupo de expertos, que tiene un mandato de dos años hasta 2025, año en el que podría votarse en el Consejo una extensión.
Los expertos no han podido por ahora acceder al territorio nicaragüense por la negativa a colaborar con este órgano del Gobierno de Nicaragua, que este martes reiteró su rechazo a la resolución “impuesta unilateralmente” con la que el Consejo de Naciones Unidas aprobó su creación.
El informe actualizado de los expertos, añadió la delegación Nicaragüense tras la intervención de Simon en el Consejo, “está plagado de mentiras y desinformación que solo justifican las inhumanas sanciones en contra de Nicaragua”.
A la vista de esas críticas, el jurista se mostró hoy pesimista ante la posibilidad de que haya colaboración entre el Gobierno de Ortega y su grupo de investigación: “No nos inspira mucha confianza, pero lo vamos a seguir intentando como hemos hecho hasta ahora”, afirmó.
También defendió que las sanciones impuestas a Nicaragua están afectando sobre todo a individuos determinados en el Gobierno no a la sociedad del país en general, y que las impuestas a determinados sectores pueden considerarse “muy pocas y limitadas”.
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