Así lo ha señalado el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, durante la ceelbración de un coloquio en el que ha recordado que “España tiene un sistema tributario complejo porque está compuesto no solo por el Estado, sino también por las comunidades autónomas y las haciendas locales, lo que hace que se produzca competitividad fiscal dentro de nuestras propias fronteras”.
Pich ha añadido que “a la hora de optar por establecer elevados tipos de gravamen en los impuestos, hay que tener en cuenta que, en ocasiones, esto puede suponer un freno para la llegada de capital extranjero, porque, a la hora de tomar la decisión de aterrizar en un país, el inversor suele tomar como referencia el tipo nominal y no el efectivo, aunque este último pueda ser más favorable”.
El coloquio organizado con objeto de reflexionar sobre la actual situación de España en términos de competitividad fiscal con respecto al resto de países de la UE, y, a su vez, realizar propuestas que ayuden a atraer mayores inversiones de capital extranjero ha girado en torno a cinco preguntas clave.
La primera, qué modelo de política fiscal debería impulsar España para ser más competitiva. La directora global de Fiscalidad de Iberdrola, Begoña García-Rozado, entiende que “se requiere un modelo económico basado en la seguridad jurídica y en la predecibilidad. Es fundamental que la estructura legislativa del país garantice el apoyo a la actividad económica y la estabilidad regulatoria en un sentido amplio. Obviamente, en este aspecto, los impuestos juegan un papel fundamental, pero no hay que olvidar que los impuestos son un coste más de las empresas. Y una empresa que quiere realizar una inversión analiza la estabilidad regulatoria y la rentabilidad de las inversiones y, por tanto, sus costes. Asimismo, resulta imprescindible tener una agilidad administrativa en los trámites que sean necesarios y minimizar la burocracia. Estos dos componentes, estabilidad regulatoria junto con una administración ágil, resultan esenciales”.
Para el ex director general de Tributos del Ministerio de Hacienda, Diego Martín-Abril, es “difícil que España pueda tener un modelo de baja tributación, pero sí puede impulsar la competitividad por otras vías, como, por ejemplo, la mejora de la seguridad jurídica, mayor estabilidad normativa, coordinación de nuestro sistema tributario en sus distintos niveles, revisión profunda de la imposición patrimonial, incentivar de manera efectiva los sectores de mayor valor productivo, atracción del talento humano, reducción al mínimo los costes de cumplimiento, etc”.
La segunda pregunta es cómo ven las situación de España en el entorno de la UE. Martín-Abril apunta que “disponemos de datos objetivos elaborados por la Tax Foundation que anualmente hace un estudio comparativo de la competitividad fiscal de las principales economías de la OCDE. Y la foto para 2022 no es muy buena ya que España ocupa el puesto 34 de los 38 países que se analizan (los dos últimos son Italia y Francia). Como dato comparativo cabe indicar que en 2019 España ocupaba la posición 23”.
En el ámbito autonómico, “de nuevo podemos acudir a este índice exclusivamente fiscal que también elabora la Tax Foundation, pudiendo destacar que las CCAA más competitivas son Madrid, País Vasco y Canarias”.
A este respecto, García-Rozado está de acuerdo con la opinión de Martín-Abril, ya que “las mediciones de competitividad de España han empeorado en los últimos años. En dos años, hemos pasado del puesto 26 al 34 en el ranking global. Si hablamos, en concreto, del Impuesto sobre Sociedades, ocupamos el puesto 31 y en incentivos fiscales el puesto 35. Por otra parte, existen proyectos como el IRÁ estadounidense que trata de fomentar la inversión de forma exponencial en ese territorio y que deja a Europa en una situación muy debilitada en competitividad, por lo que se hace imprescindible reaccionar”.
La tercera cuestión es si España es atractiva para los inversores extranjeros. García-Rozado manifiesta que “en general, para que un país resulte atractivo a una industria, hay que destacar y analizar, como mínimo, tres elementos. El primero es que el país sea atractivo desde el punto de vista del negocio. Tiene que ser atractivo y no tener impedimentos a la inversión. Un segundo elemento es de carácter financiero, tanto de rating del país como de rentabilidad de la inversión a realizar. Y, por último, pero no menos importante, es que el país tenga estabilidad regulatoria. Estos tres elementos son cruciales. Los dos primeros elementos se cumplen en España. Sin embargo, en estabilidad regulatoria creo que tenemos mucho recorrido”.
Para Martín-Abril, “desde una perspectiva fiscal hay dos elementos que fundamentales: por un lado, tenemos un marco comunitario que nos permite gozar de una mayor seguridad, y, por otro, tenemos una amplia red de Convenios para evitar la doble imposición que abarca la mayoría de los países con mayores relaciones económicas”.
La cuarta pregunta expone si se debería rebajar el tipo nominal del impuesto sobre sociedades y del IRPF. Según Martín-Abril, “para ganar competitividad, está claro que una de las vías teóricamente más eficaces puede ser la de bajar los tipos y eso es lo que se hizo en 2014. No obstante, siempre hay que respetar el adecuado equilibrio entre recaudación y competitividad. Para ello, cabe hacer una mínima referencia al entorno comunitario, pudiendo indicarse que, en la actualidad, si bien el tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades en España es de los más elevados, los grandes (Alemania, Francia e Italia) tienen tipos superiores. En definitiva, no me parece una cuestión prioritaria en estos momentos y, por ejemplo, me parece más prioritario hacer una revisión de otras cuestiones desincentivadoras como la tributación de los dividendos”.
En relación con el IRPF, considera que “son necesarias varias medidas: deflactar la tarifa, revisar la alta progresividad de la misma, reducir el número de tramos de la tarifa del ahorro y establecer un tope al marginal máximo que no debiera ser superior al 50%”.
Para García-Rozado, “el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades está en niveles adecuados en relación con el existente en países comparables al nuestro, con lo que no me parece objetivo prioritario. Es mucho más relevante, por ejemplo, recuperar incentivos fiscales como los destinados a fomentar las inversiones en eficiencia y transición energética, y trabajar para dar mayor seguridad jurídica a la aplicación de los incentivos ya existentes como es el caso del I+D+I. En el caso del IRPF “es imprescindible deflactar la tarifa. Esto es algo que consiste simplemente en adaptar la tarifa a la inflación porque, en caso de no hacerlo, se está produciendo una subida de impuestos a todos los ciudadanos, tanto a las rentas altas como a las medias y las bajas”.
Por último, la quinta pregunta es qué propuestas harían para mejorar la seguridad jurídica y la estabilidad normativa. García-Rozado ha afirmado que “la estabilidad normativa no significa inmovilismo normativo, pero sí que resulta necesaria la existencia de regímenes transitorios que permitan mantener el statu quo de las inversiones ya realizadas de manera que, ante un cambio normativo que empeore un régimen fiscal, dicho cambio no afecte a esas inversiones. Asimismo, la predecibilidad es fundamental y los Reales Decretos-leyes no favorecen para nada la inversión extranjera. Igualmente, es fundamental mejorar la seguridad jurídica”.
Desde el punto de vista fiscal, ve necesaria “una evolución de la Administración tributaria de una Administración punitiva a una Administración preventiva. El Foro de grandes empresas es un inicio de ese camino, pero todavía queda mucho recorrido”.
Para Martín-Abril, “la seguridad y la estabilidad son sin duda motores de la inversión, por lo que aquí las medidas tienen que ser contundentes. Para ello, tenemos que reforzar un instrumento muy valioso, la consulta tributaria, que debe potenciarse por dos vías: reducción efectiva de los plazos de contestación y mejora de su carácter vinculante, máxime, en el terreno de la calificación. En segundo lugar, hay que reducir la litigiosidad, pudiendo señalar como posibles instrumentos el potenciar las actas con acuerdo, buscar nuevas vías para la solución de conflictos (el Consejo para la Defensa del Contribuyente podría ser un órgano muy útil), establecer los denominados pleitos testigo y, por supuesto, la creación de tribunales especializados. Finalmente, resulta imprescindible fomentar la relación cooperativa entre Administración y obligado tributario”.