El Colegio de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association-ABA, por sus siglas en inglés) manifestó su «profunda preocupación» e hizo un llamado a cesar la persecución en contra de abogados, jueces, periodistas y defensores que han investigado y estado a cargo de casos de corrupción y violaciones contra los derechos humanos en Guatemala.
El comunicado se publicó este lunes 14 de agosto en el sitio web oficial de ABA, y contiene la declaración de su presidenta, Mary Smith Re, en donde recoge varias ideas con base en las observaciones que el Colegio ha realizado en el país centroamericano.
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INDEPENDENCIA JUDICIAL SE VE AFECTADA
Según el comunicado, las acciones en contra de abogados, jueces, periodistas y defensores afectan al sistema de justicia del país.
«Estos ataques han tenido un impacto corrosivo en la independencia del poder judicial de Guatemala y han perjudicado casos sin precedentes contra actores estatales de alto nivel por actos de corrupción y violaciones de derechos humanos», se detalló en la nota.
Además, se refirió a que la protección a la independencia de los abogados «es una norma consagrada en la Constitución de Guatemala, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los principios básicos de las Naciones Unidas».
De esa cuenta, se concluyó que «las tendencias en Guatemala generan preocupación de que tales garantías están siendo violadas sistemáticamente».
HACEN LLAMADO AL MP
La ABA destacó que el Ministerio Público (MP) tiene que velar porque se mantenga en el país un sistema de justicia íntegro.
«Como la asociación profesional voluntaria de abogados más grande del mundo, la ABA hace un llamado al Ministerio Público de Guatemala para que cese la persecución ilegal de jueces, fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas que están siendo atacados por su trabajo anticorrupción o sus esfuerzos para brindar representación legal a quienes enfrentan la criminalización», solicitaron.
Asimismo, pidió al gobierno de Guatemala que «investigue estos ataques y proporcione remedios para los afectados».
Ante los directos señalamientos, La Hora solicitó una postura al Ministerio Público (MP) y al gobierno de Guatemala, pero al cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta de ninguna entidad. Se agregará si una de las instituciones refiere un pronunciamiento.
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MP SEÑALADO
Organizaciones de sociedad civil y entidades internacionales en distintas ocasiones han señalado al MP que dirige la fiscal general, María Consuelo Porras, de perseguir políticamente a exfuncionarios que estuvieron a cargo de casos de corrupción.
Porras fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos, al ser incluida en la denominada Lista Engel.
La nómina agrupa a supuestos «actores antidemocráticos y corruptos» de Guatemala, El Salvador y Honduras. En dicha lista también figura Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP y la fiscal Cinthia Monterroso, agente fiscal de la misma unidad.
Durante el juicio de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, se hizo presente Holly Dranginis, asesora legal para América Latina y el Caribe de ABA. Amnistía Internacional (AI) declaró a Laparra como presa de conciencia y organizaciones aseguran que su detención obedece a una venganza por su trabajo.
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