El Ministerio Público (MP) publicó una explicación sobre la supuesta denuncia ciudadana que derivó en los allanamientos realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el Parque de la Industria y el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la que detalló que el denunciante requirió que se investigara cuántos votos obtuvo cada organización política.
La investigación se desarrolla en respuesta a los derechos del denunciante y únicamente busca averiguar la verdad, no va dirigida en contra de ningún partido político ni busca alterar el resultado electoral. pic.twitter.com/ag8CyPiEyl
— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 13, 2023
En la publicación, el MP explicó que un ciudadano presentó la denuncia solicitando que se investigue cuántos votos recibió cada organización política, ya que el Estado de Guatemala debe pagar US$2 por cada sufragio.
“Y según la denuncia, se debe garantizar que no exista perjuicio en contra del erario del Estado y que dicho pago se realice conforme a lo que establece la ley”, detalló el MP.
En esta línea, agregó que la denuncia fue ingresada a la Oficina de Atención Permanente y se remitió como antecedente del caso que el ente investigador denominó como “Corrupción Semilla”, pero no constituye una investigación contra la organización política, ni sus dirigentes, según el MP.
Posteriormente, afirmó que las diligencias únicamente buscan obtener indicios que fortalezcan la investigación, por lo que las cajas electorales forman parte de estos indicios dentro de la investigación, las cuales continuarán en las instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE).
ASÍ DEFIENDE QUE SE HAYAN ABIERTO LAS CAJAS
De la misma manera, el MP argumentó que abrieron las cajas electorales, debido a que el Artículo 187 del Código Procesal Penal establece que, “cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito, o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida se procederá a su registro, con autorización judicial”.
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“Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rostros y otros efectos materiales que hubiere de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y, cuando fuere posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles”, agrega el referido artículo.
Al mismo tiempo, el MP aseguró que el Artículo 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que todo lo concerniente a los delitos y faltas electorales, se regirá por el Código Penal guatemalteco, y los siguientes artículos:
Artículos 188, 189, 190, 192, 200, 289, 290, 309 y 319 del Código Procesal Penal
Artículo 8 de la Ley Orgánica del MP
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Además, aseveró que la investigación se desarrolla en respuesta a los derechos del denunciante, y únicamente buscan averiguar la verdad, y no va dirigida en contra de ningún partido político ni busca alterar el resultado electoral.
LOS ALLANAMIENTOS
Esta 12 de septiembre, la FECI lideró varios allanamientos en el Registro de Ciudadanos del TSE, así como en el COPE, ubicado en el Parque de la Industria, en donde se resguardaban las cajas electorales con los votos de las Elecciones Generales y la segunda vuelta electoral por la Presidencia, en la que resultó electo Bernardo Arévalo.
Pese a que el jefe de la Fiscalía, Rafael Curruchiche, aseguró que el caso no estaba relacionado con el Movimiento Semilla, La Hora evidenció que la Carpeta Judicial es la misma que se usa en la documentación relacionada con el caso contra el partido de Arévalo.
Sobre el tema, el TSE aseguró que al abrir las cajas se puso en riesgo no solamente el sistema electoral, sino que también la democracia y sus procedimientos, además de los derechos cívicos de los guatemaltecos.
Además, el mandatario electo solicitó la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, Curruchiche, así como el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, quien autorizó las diligencias de allanamiento.
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