Ginebra (EFE).- La cifra provisional de víctimas mortales por las inundaciones en Libia tras el paso del ciclón Daniel asciende ya a 11.300 en la ciudad oriental de Derna, según indicó hoy Naciones Unidas de acuerdo con datos de la Cruz Libia del país norteafricano.
La cifra de desaparecidos por el desastre natural se mantiene en unos 10.100, según la actualización de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas.
A las víctimas de Derna, ciudad afectada por la rotura de dos embalses cercanos durante las crecidas, se sumarían otras 170 en otras localidades del país, de acuerdo con la agencia humanitaria.
Derna, ciudad de 100.000 habitantes en la costa libia, a unos 300 kilómetros al este de Bengasi, podría por tanto haber perdido en el desastre a al menos una quinta parte de su población, según el conteo de muertos y desaparecidos de Cruz Roja y Naciones Unidas.
Derna podría haber perdido una cuarta parte de la población
La rotura de los embalses causó una crecida en el río que atraviesa la ciudad, arrastrando todo a su paso, según las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona, que han calificado la situación en Derna de “catástrofe de proporciones épicas”.
Muchos cadáveres son recuperados cada día en las orillas de las playas de la ciudad, después de haber sido arrastradas al mar, indica el informe de la Oficina Humanitaria de Naciones Unidas, señalando que la ciudad tiene problemas de acceso a agua potable y que unos 55 niños se han intoxicado al beber agua contaminada.
El Gobierno de Trípoli anuncia medidas para paliar las consecuencias del ciclón
El primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GNU), radicado en Trípoli (oeste) y reconocido por la comunidad internacional, Abdulhamid Dbeiba, anunció una batería de medidas para apoyar a los damnificados por el ciclón Daniel.
Dbeiba se comprometió a pagar un mes adicional de sueldo a los funcionarios de los municipios afectados, acelerar el desembolso del cuarto trimestre de las ayudas familiares destinadas a esposa e hijos y priorizar a los residentes del este del país, señaló el GNU en un comunicado.
Para ello, explicó, el Ministerio de Justicia trabaja en la elaboración de una base de datos de todos los ciudadanos, realizada por el Centro de Investigación y Peritaje Judicial de la Unidad de Medicina Forense y la Unidad de Información y Documentación.
En cifras preliminares aportadas por el comité para el registro de daños, la superficie total de la zona afectada por las inundaciones se estima en seis kilómetros cuadrados, donde se destruyeron más de 6.100 edificios, de los cuales 1.500 resultaron parcialmente afectados y 890 fueron destruidos por completo.
Por otro lado, la compañía nacional de electricidad logró reparar el 90% de las estaciones eléctricas perjudicadas y restableció el servicio de comunicaciones en más de 60 localidades y pueblos cuyas redes habían sido cortadas.
La sociedad de agua y saneamiento continúan con las labores de bombeo de agua desde viviendas y carreteras y han podido reabrir tres rutas alternativas para facilitar los desplazamientos.
Preocupación por la posible propagación de enfermedades
El Centro Nacional para el Control de Enfermedades reveló que el número de casos de contaminación por consumo de agua no potable aumentó a 150 y declaró el estado de emergencia por un periodo de un año en las zonas damnificadas como medida de prevención con el fin de evitar la propagación de enfermedades como el cólera o la diarrea.
Además, los servicios médicos asistieron a numerosos ciudadanos que padecían erupciones cutáneas y alergias tras estar en contacto con agua infectada por cuerpos en descomposición.
La Fiscalía abrió este sábado una investigación sobre las fallas humanas que podrían haber causado el peor desastre natural de la historia del país mientras el GNU pidió transparencia sobre la ayuda humanitaria recibida, con cifras “reales y detalladas” y un calendario preciso supervisado por un mecanismo internacional.
El peor desastre natural de su historia
El pasado domingo las lluvias torrenciales arrasaron el noreste del territorio, especialmente en la localidad costera de Derna, donde provocaron el colapso de dos presas, vertiendo 33 millones de litros de agua durante la madrugada y arrastrando zonas residenciales enteras, puentes y carreteras hasta el mar.
La división política complica todavía más las tareas de rescate y reconstrucción en este país de siete millones de habitantes, inmerso en más de una década de conflicto tras el levantamiento popular respaldado por la OTAN que derrocó a Muammar Gaddafi en 2011.
Dos autoridades se dividen el poder ejecutivo: el Gobierno de Unidad Nacional (GNU), radicado en Trípoli (oeste) y reconocido por la comunidad internacional, de Abdulhamid Dbeiba; y el Gobierno de Bengasi, elegido por el Parlamento y bajo control de Haftar, dirigido por Osama Hammad.
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