Las históricas normas de neutralidad de la red que se rescindieron durante el gobierno de Donald Trump podrían volver como parte de un nuevo esfuerzo de la presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Jessica Rosenworcel. Las reglas reclasificarían el acceso a la banda ancha como un servicio esencial, como el agua o la electricidad.
“Para que todos, en todas partes, disfruten de todos los beneficios de la era del internet, el acceso al internet debe ser algo más que accesible y asequible”, dijo Rosenworcel durante un evento en el Club Nacional de Prensa.
Las normas propuestas devolverán al servicio de banda ancha fijo y móvil a su estatus como un servicio esencial de telecomunicaciones bajo el Título II de la Ley de Comunicaciones. También le prohibirían a los proveedores de servicios de internet bloquear o regular el tránsito lícito de internet y de vender “líneas rápidas” que den prioridad a un tráfico sobre otro a cambio de un costo adicional.
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La medida se produce después de que los demócratas obtuvieron el lunes el control mayoritario de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), por primera vez desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021, cuando la nueva comisionada de la FCC, Anna Gomez, prestó juramento.
Rosenworcel dijo que la FCC llevará a cabo una votación en octubre para recibir comentarios públicos sobre las normas propuestas.
¿QUÉ ES LA NEUTRALIDAD DE LA RED?
La neutralidad de la red es el principio bajo el cual los proveedores de internet tratan todo el tráfico de contenidos de la misma forma, y es básicamente la manera en que el internet ha funcionado desde su creación. Pero a los reguladores, defensores del consumidor y a las compañías de internet les preocupaba lo que las compañías de banda ancha pudieran hacer con su poder, como bloquear o ralentizar aplicaciones que compiten con sus propios servicios.
Las grandes compañías de telecomunicaciones han luchado ferozmente contra las regulaciones en los tribunales. Aseguran que las normas pueden socavar las inversiones en la banda ancha y provocar incertidumbre sobre cuáles son las prácticas empresariales aceptables.
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¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DE LA NEUTRALIDAD DE LA RED?
El profesor de derecho Tim Wu, quien actualmente trabaja en la Universidad de Columbia, acuñó el término “neutralidad de la red” en 2003 para argumentar a favor de las normas del gobierno que evitarían que los grandes proveedores de internet discriminaran contra la tecnología y los servicios que chocaban con otros aspectos de sus negocios. Permitir este tipo de discriminación, arguyó, sofocaría la innovación. Pero las grandes empresas de telecomunicaciones alegan que deberían ser capaces de controlar los conductos que construyeron y que poseen.
La FCC aprobó las normas en 2015, en una votación que fue acorde a las líneas partidistas y que garantizó que las compañías de cable y telefonía no manipularan el tráfico de contenido. Con las normas en vigor, un proveedor como Comcast no puede cobrar a Netflix por una línea más rápida para sus clientes, o bloquear o ralentizar la aplicación.
Las normas de neutralidad de la red le otorgaron a la FCC la facultad de ir tras compañías por prácticas comerciales que no estaban explícitamente prohibidas. Por ejemplo, durante la presidencia de Barack Obama, la FCC dijo que las prácticas de “tarifa cero” por parte de AT&T violaban la neutralidad de la red. El gigante de telecomunicaciones eximió a su propia aplicación de videos de los límites de datos celulares, lo que les ahorraba a algunos de sus clientes algo de dinero, y dijo que las aplicaciones de videos competidoras debían pagar para obtener el mismo trato. Bajo el presidente actual, Ajit Pai, la FCC redobló los esfuerzos para ir detrás de AT&T, incluso antes de que empezara a implementar un plan para deshacer por completo las normas de la neutralidad de la red.
Un tribunal federal de apelaciones ratificó las normas en 2016 luego de que los proveedores de banda ancha entablaron una demanda.
Sin embargo, la FCC desechó el principio adoptado durante la presidencia de Obama en 2017. La medida supuso una ruptura radical con más de una década de supervisión federal.
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