La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) entregó los registros oficiales de los ingresos y egresos de la Fiscal General, María Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, a Casa Presidencial ante una solicitud de acceso a la información pública, lo anterior ante el pronunciamiento del ente investigador que pone en duda la veracidad de la publicación de este Diario que reveló las reuniones de los funcionarios con el expresidente Alejandro Giammattei.
Lo anterior surgió luego de las excusas que el MP ha argumentado para evitar que Porras sostenga una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, incluso el ente investigador creó su propio procedimiento para que el Legislativo cite a la Fiscal General.
En uno de los puntos mencionados en la carta inicial de invitación a Porras, el mandatario hizo mención de la investigación por la compra de vacunas de COVID-19, por «información sobre la existencia de una investigación penal relacionada con el proceso de adquisición de vacunas contra el COVID-19 como pagos de sobornos con fondos del erario, la falta de planificación para una campaña de vacunación y los retrasos en la entrega del producto, vulnerando así el derecho a la vida».
Bernardo Arévalo pide a Consuelo Porras reunión para abordar 4 temas
La publicación de La Hora, en tanto, documenta al menos 15 visitas de los funcionarios del MP a la residencia designada al exmandatario. Algunas de ellas en momentos claves, cuando la ciudadanía exigía la renuncia de Porras con manifestaciones masivas y bloqueos en el país por cometer actos de presunta corrupción.
Consuelo Porras acudió a Casa Presidencial con Giammattei sin acuerdo de Gabinete Específico
MP PONE EN DUDA INFORMACIÓN
«Respecto de la información que supuestamente emite SAAS, no se puede omitir opinión por parte del Ministerio Público, pues la exactitud de dicha información le compete explicarla a la propia SAAS, la cual se estima que, al haber sido emitida, debió cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública», respondió el ente persecutor en respuesta a La Hora.
La información que remitió la SAAS se solicitó el pasado 23 de enero por medio del sitio web de esa Secretaría y la respuesta fue enviada el 29 del mismo mes. En concreto se pidió los ingresos y egresos de Porras y Pineda a Casa Presidencial del 14 de enero de 2020 al 14 de enero de 2024, período en el cual Giammattei ostentó el poder.
Sobre el porqué no asistió a una primera reunión privada en el despacho con el presidente Arévalo y por qué luego abandonó una reunión con los ministros del Ejecutivo excusando la creación de un grupo de personas específicas para abordar temas relacionados con justicia el MP justificó lo siguiente:
«Es importante aclarar que las distintas reuniones que se realizaron fueron en el marco de la coordinación interinstitucional y relacionadas con temas de cooperación intersectorial y de esfuerzos conjuntos, tal y como es el caso de la invitación que la Fiscal General envió al Presidente Arévalo para sostener reunión el próximo miércoles», respondieron.
El MP agregó que «es diferente la situación relacionada con la reunión de ayer (29 de enero), la cual deviene primero de una citación por parte del presidente Arévalo para conversar de procesos penales y posterior a, como decía la nota, una invitación a concurrir a una “Junta de Ministros de Estado (Consejo de Ministros)” [sic]».
De esa cuenta, volvieron a justificar un procedimiento que, según analistas, no encuadra en la ley y en cambio son argucias de Porras para evitar comparecer. «En el caso de dicha reunión, en los artículos 16 y 18 de la Ley del Organismo Ejecutivo se establece la diferencia entre Consejo de Ministros y Gabinete Específico teniendo como requisito el Gabinete Específico que debe haber un acuerdo gubernativo que regule los temas a tratar».
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JUSTIFICAN RETIRO DE PORRAS
El MP sostiene que la Fiscal General, en cumplimiento al artículo 4 de la Ley Orgánica de ese ente «concurrió a Casa Presidencial en virtud de la invitación formulada, con la voluntad de entablar un diálogo constructivo en favor del pueblo de Guatemala».
Pero indica que Porras se retiró tras el inicio de una reunión de Consejo de Ministros. «La propia Constitución Política de la República y la Ley del Organismo Ejecutivo, establecen claramente la forma en la cual se integra el Consejo, ante lo cual no es posible que este sea integrado por personas distintas a las que establece la ley», señaló.
«Es por esa razón que la Fiscal General con el objeto de evitar que se incurriera en ilegalidades, les hizo ver las deficiencias jurídicas que hacían inviable llevar a cabo la reunión de Gabinete», subrayó el ente investigador.
VACUNAS MILLONARIAS
Arévalo citó a Porras a su despacho, en el Palacio Nacional de la Cultura, el pasado 24 de enero en una primera ocasión para discutir cuatro puntos relacionados con la labor del ente investigador, uno de ellos era la investigación por anomalías en la compra de vacunas por la emergencia del COVID-19, cuando Alejandro Giammattei gobernaba el país.
La Fiscalía contra la Corrupción, según el MP, cuenta con una investigación relacionada con la adquisición de vacunas Sputnik-V, pero que no presenta avances. Gilberto de Jesús Porres, esposo de la Fiscal General, trabaja en esa dependencia. Ambos están sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, a Porras la incluyeron en la Lista Engel como uno de los supuestos «actores corruptos y antidemocráticos».
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El 1 de diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó bajo la Ley Magnistky a Miguel Martínez, la pareja del expresidente Giammattei, por supuestamente participar en «esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales».
El Gobierno estadounidense sostiene que Martínez supuestamente recibió sobornos para «pactar un contrato de 16 millones de vacunas Sputnik-V adquiridas por el Gobierno a Rusia durante la emergencia del COVID-19 en 2021».
Asimismo, para el 18 de enero, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó de la sanción impuesta al expresidente Giammattei por “su involucramiento en significativos actos de corrupción”, y no por sus declaraciones de «injerencia extranjera» contra países que tomaron acciones en contra de personas que intentaron entorpecer la toma de posesión del presidente Arévalo.
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