El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no ampliará el plazo para que las municipalidades cuenten con plantas de tratamiento de aguas residuales y de desechos sólidos, como lo exigen los acuerdos gubernativos que la entidad ha emitido, pero cuya entrada en vigor se ha retrasado con el argumento de que las comunas no están preparadas.
El acuerdo gubernativo 236-2006, que contiene el Reglamento de Descargas y Reuso de Aguas Residuales, se aprobó en mayo de 2006, por el gobierno de Óscar Berger.
Dicha normativa exigía a las municipalidades contar con al menos una planta de tratamiento de aguas residuales en 2015, pero ese plazo se ha prorrogado al menos en ocho ocasiones.
Mientras que el acuerdo 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, fue aprobado en agosto de 2021, y establecía que 2 años más tarde la población tenía la obligación de clasificar sus residuos, y las comunas a tratarlos de manera adecuada.
Pero en agosto del año pasado, su entrada en vigor se prorrogó por 2 años, por lo cual estas obligaciones entrarán en vigencia en agosto de 2025.
“Tenemos en mente no dar más prórrogas (al reglamento de aguas residuales), ya se han dado ocho y queremos implementar lo que establece la ley”, puntualizó la titular del MARN, María José Iturbide, en un acercamiento con los medios de comunicación este martes 6 de febrero.
La funcionaria explicó que el acuerdo 236-2006 establece que el 30 de mayo de este año, todas las municipalidades deben presentar sus estudios técnicos que enumeren la cantidad y puntos de descarga de aguas residuales en sus jurisdicciones, y que el MARN les dará asesoría en ocho talleres en todo el país, para informar en qué consisten dichos estudios.
Para cumplir con ese objetivo se tendrán reuniones con la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
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ESTRATEGIA INTEGRAL DE PAÍS
El viceministro del Agua, Jaime Luis Carrera, consideró que el saneamiento de las aguas debe ser “un trabajo estratégico para el país”, pero reconoció que lograr que las comunas cuenten con plantas de tratamiento de aguas y residuos sólidos es un “desafío grande”.
Dijo que ya existen proyectos piloto en algunos municipios, para que gestionen sus residuos sólidos y pongan en funcionamiento plantas de tratamiento, pero expandirlo a toda las comunas “debe ser un proyecto de Estado”.
En ese sentido, las municipalidades solicitan la extensión de la entrada en vigencia de los reglamentos al argumentar falta de recursos.
Carrera explicó que para elaborar los estudios de descarga de aguas residuales, relativamente no se requieren tantos recursos y son rápidos de hacer, por lo cual, considera, “es un tema de voluntad política”; no obstante, la construcción y gestión de plantas de tratamiento implica costos más grandes, por lo tanto, “es necesario que pensemos en estrategias adecuadas para apoyar la implementación”.
Sumado a eso, se implementará una estrategia de comunicación, más que para dar a conocer los reglamentos y las obligaciones, para “entender lo que hacemos, cómo vivimos y cómo la manera en que nos comportamos tiene implicaciones en la salud de la naturaleza y, por lo tanto, en nosotros mismos”, agregó el viceministro.
SANEAR EL MOTAGUA
Uno de los problemas relacionados al agua es la contaminación del río Motagua, que le ha valido a Guatemala conflictos diplomáticos con Honduras, país que lo acusa de contaminar sus playas del Caribe.
Carrera puntualizó que trabajan con distintas organizaciones para dar un abordaje integral de la cuenca, por ejemplo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ocean Clean Up y la iniciativa privada, a manera de articular actores y más partes interesadas para desarrollar acciones concretas.
Dichas iniciativas buscan atender la contaminación de forma integral con acciones como reducir la cantidad de basura que se produce y contar con vertederos apropiados.
“No solo debemos tratar de resolverlo en la última de las instancias, sino ver cómo reducimos la producción de basura, cómo reciclamos y cómo reutilizamos”, dijo.
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