El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, es la persona al frente de la cartera encargada de brindar seguridad a la población guatemalteca. El presidente, Bernardo Arévalo, lo designó para desempeñar esa función durante el período 2024-2028.
Durante los últimos años, el Ministerio de Gobernación (Mingob) ganó el rechazo y falta de confianza, ante el constante desgaste de los funcionarios que dirigieron esa institución.
En esta entrevista con La Hora, el titular de la cartera del Interior habló sobre los retos que conlleva asumir la titularidad en dicha dependencia de Gobierno y también cuál es la relación que mantendrá con el Ministerio Público (MP), dirigido por la Fiscal General, María Consuelo Porras, ante los últimos roces que sostuvo con el Organismo Ejecutivo. Asimismo, sobre si existe la posibilidad de implementar en el país el modelo de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
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NO HAY UN DIVORCIO CON EL MP
En los seis meses previos al cambio de mando, se intensificó la ofensiva del MP en contra de la investidura de Arévalo como presidente de la República. Un mes antes de que asumiera el cargo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en conferencia de prensa, declaró «nulas de pleno derecho» las elecciones de las que resultó victorioso junto a su compañera de fórmula y hoy vicepresidenta, Karin Herrera.
Las acciones de esa Fiscalía fueron calificadas como un «asalto a la democracia» y un intento de «Golpe de Estado». De esa cuenta, hubo sanciones internacionales para los fiscales, diputados, un juez penal y personas del sector privado, que participaron en la embestida, entre ellas una de Estados Unidos y otra de la Unión Europea (UE), esta última congeló los activos y prohibió el ingreso de cinco personas a los 27 países que la conforman.
«¿Usted considera que hay un divorcio entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación?», preguntó La Hora a Jiménez, quien llegó a ese Ministerio por segunda vez. La primera fue en 2008, con el gobierno de Álvaro Colom, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ahí lideró la cartera los últimos siete meses de esa administración gubernamental.
«Digamos que no hay divorcio, porque siguen las actividades cotidianas en coordinación con el Ministerio Público. Por ejemplo, no hemos dejado de trabajar contra la Fiscalía contra el Delito de Extorsión. Al contrario, hemos ido mejorando. El MP y nosotros (Mingob) necesitamos de la colaboración del otro. Si no lo hacemos, el afectado será el ciudadano», respondió Jiménez.
Sobre la reunión que sostuvo con la Fiscal General el pasado miércoles 7 de febrero, bajo directrices de Arévalo, indicó que el mandato fue: «tener una reunión de coordinación institucional que permita el fortalecimiento de esos enlaces porque no podemos depender solos. El mayor compromiso con la Fiscal General es estar en favor del ciudadano», resumió sobre su encuentro con Porras.
MODELO BUKELE NO ES OPCIÓN
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por medio de un estado de excepción, vigente desde 2022, ha desarticulado las pandillas que operan en ese país. Las autoridades de esa nación han encerrado a presuntos pandilleros y ciudadanos de a pie que se encontraban en la calle a deshoras. Todos se encuentran en una cárcel de máxima seguridad. También envió presas a más de 70 mil personas en su primer mandato. El domingo 4 de febrero pasado, fue reelecto para el segundo período.
Ese el modelo que otros países de América Latina están copiando, como Honduras y Ecuador: desde cárceles de máxima seguridad, a menos libertades, o el Ejército movilizado para mantener el orden. «¿Se puede replicar el ‘bukelismo’ en Guatemala?», consultó La Hora. La respuesta del encargado de la seguridad fue un «no» categórico.
El ministro explicó que Guatemala y El Salvador son países «nada parecidos» en el fenómeno criminal. «El problema de ese país es la presencia territorial de las maras y pandillas, ese no es nuestro problema. Una estrategia similar a la de Bukele no tendría sentido. Tendríamos que actuar en áreas muy específicas, cubrir un estado de sitio en todo el país por mara y pandilla sería absurdo», razonó.
El estado de excepción de El Salvador ha sido señalado de suspender derechos constitucionales, mientras se aplican políticas de mano dura contra las pandillas. «El fenómeno de extorsión y delictivo es el problema de Guatemala. Eso cuesta que la gente lo entienda, porque no estamos como El Salvador», subrayó.
Jiménez, además, se alejó de copiar rasgos del ‘bukelismo’ y sostiene que para llegar a un modelo como el del mandatario salvadoreño habría que actuar de forma cuestionada. Bukele ganó las elecciones pese a que la Constitución de ese país le prohibía competir de nuevo, pero la Sala Constitucional, en una resolución cuestionada, le dio vía libre y sus pretensiones de permanecer en el poder se materializaron.
«Para que Bukele lograra lo que logró, tuvo que cooptar las Cortes, cooptar el Congreso. Se hizo de todo el poder del Estado para afrontar el problema. En Guatemala esto es impensable, porque estamos saliendo de una época en donde el régimen había cooptado las instituciones”, señaló.
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APELA A LOS DERECHOS HUMANOS
Jiménez dijo estar convencido del respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales a todos los ciudadanos. “Los derechos humanos no son de nadie en particular, son parte natural del ser humano”, explicó.
Agregó: “no importa quienes son esos seres humanos, pueden ser los ciudadanos como también los delincuentes. Eso puede ser difícil para los guatemaltecos», explicó el ministro, porque a veces se piensa que estos protegen a quienes actúan en contra de la ley.
El funcionario dijo que en su gestión se apelará a las garantías inherentes a los seres humanos y también a resguardar a la ciudadanía. “Eso no significa que nosotros no vamos a ser contundentes con la aplicación de la ley, porque estamos mandados a que se cumpla la norma”.
“Respetar los derechos no significa que tendrán todos los privilegios del mundo en las cárceles. Hay que aplicar la norma que nuestra propia ley tiene, aunque eso es complicado hacerlo de la noche a la mañana”, concluyó.
ARÉVALO: GOBIERNO ACTÚA INSTITUCIONALMENTE
En contraste a lo mencionado por el Ministro, el presidente Bernardo Arévalo dijo que la reunión del miércoles 7 de febrero entre el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y la Fiscal General, Consuelo Porras, se dio en el marco interinstitucional.
«Independientemente de la conducta inapropiada e inaceptable de la Fiscal, como Estado, estamos obligados a responder a las necesidades de la población. No se trata aquí de victorias o derrotas, lo que se trata es de responderle a la población», enfatizó.
La ciudadanía nos exige seguridad, y este gobierno actúa institucionalmente, no personalmente, detalló.
Arévalo por reunión de Mingob y MP: “Este gobierno actúa institucionalmente, no personal”
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