“A día de hoy, los mercados de activos no están reflejando el riesgo político en España. En realidad, los mercados están mucho más pendientes de los datos de inflación, de los datos de crecimiento o de las políticas de los bancos centrales“, analiza Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad.
Con todo, la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, mujer de Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción, y su admisión a trámite por un juez de Madrid, ha elevado la crispación y la incertidumbre.
“El anuncio de Sánchez se produce después de lo que considera un ataque organizado por parte de la oposición y miembros de los medios conservadores, destinado a socavar su gobierno. La controversia pone de relieve el extraordinario clima político polarizado en España en los últimos años, especialmente después de que el gobierno concediera una amnistía a los políticos independentistas catalanes a cambio de su apoyo”, indican desde Oxford Economics.
Por ello, todas las miradas se dirigen ahora hacia la decisión final que tome Sánchez, quien puede seguir en la Presidencia, someterse a una cuestión de confianza o presentar su dimisión.
Cabe destacar, que la cuestión de confianza es un instrumento político del que dispone el presidente del Gobierno para afrontar una situación de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual el Gobierno pide al Congreso el respaldo a su política.
En ese caso, se desarrollará un debate en el Congreso con un formato similar al debate de investidura. Tras él, los diputados de la cámara deberán ejercer su voto. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados.
“Sánchez podría forzar un voto de confianza en el parlamento, que probablemente ganaría, por lo que todo el ejercicio podría resultar en una demostración de fuerza sin impacto significativo“, subrayan los expertos de la firma británica.
Si Pedro Sánchez presenta su dimisión, el Congreso tendría que elegir un nuevo presidente del Gobierno. Según la Constitución, no se pueden convocar elecciones hasta finales de mayo, cuando se cumple un año desde la última disolución de las Cortes.
Por lo tanto, el Rey, previa consulta con los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondría un candidato a la presidencia del Gobierno, que tendría que presentar su programa ante el Congreso y solicitar la confianza de la Cámara.
Si el Congreso se la otorga por mayoría absoluta, el Rey le nombrará presidente. Si no lograra esta mayoría se sometería a una segunda votación 48 horas después y en ella le bastaría con lograr la mayoría simple.
En el caso de que no consiguiera ser investido, el Rey tramitará sucesivas propuestas de candidato pero si en el plazo de dos meses a contra desde la primera votación fallida de investidura ninguno hubiera logrado la confianza de la Cámara, Felipe VI disolvería las Cámaras y convocaría nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso.
“Probablemente resultaría en un nuevo gobierno liderado por el conservador Partido Popular“, señalan en Oxford Economics.
En este escenario ‘al rojo vivo’, y “para que ocurriera un evento en el cual los mercados descontaran algo de riesgo político en España, deberíamos ver la conformación de un gobierno con políticas francamente distintas, incluso hostiles, a las políticas o a las directrices que emanan de Europa”, añade el director de inversiones financieras de Mutualidad.
“A día de hoy, seguimos viendo al Ibex 35 como uno de los principales y mejores índices en comportamiento en Europa y también la deuda pública española sigue comportándose de una manera muy razonable con unos niveles de prima de riesgo francamente aceptables”, concluye Del Pozo.
