La Sala Tercera de Corte de Apelaciones revocó la falta de mérito otorgada por el Juzgado de Turno a favor de los estudiantes Sergio Morataya y Heizel Morales, sindicados en el caso conocido como Caso Toma de la Usac: Botín Político.
Con esto, se ordena a dicha judicatura no sólo ligar a proceso a Morataya y Morales por el delito de usurpación agravada como lo había planteado el Ministerio Público (MP), sino también se pide analizar las medidas de coerción que se consideren pertinentes.
La audiencia de primera declaración en la que se decretó la falta de mérito a favor de ambos estudiantes ocurrió el pasado 18 de diciembre, en la que la jueza Jaqueline Hernández, aseguró que, los indicios presentados por el MP, no eran suficientes para creer en la participación de Morataya y Morales en los hechos que les fueron imputados.
HECHOS
Los dos señalados por el MP fueron aprehendidos el 15 de diciembre en el interior de las instalaciones del Centro Cultural Universitario (Paraninfo Universitario), zona 1 capitalina.
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La detención de los estudiantes tuvo lugar durante los allanamientos realizados por la Fiscalía Especializada contra Delitos de Usurpación, por una denuncia interpuesta por autoridades de la Universidad de San Carlos (USAC).
En esta ocasión, el MP detalló que durante la diligencia efectuada se hallaron 42 envases de vidrio, los cuales tenían adherido un fragmento de tela a la boquilla, cinco piezas de madera con alambre de púas en uno de los extremos y tres teléfonos celulares.
MP LOS VINCULA
A Morataya y Morales el MP los vincula con los hechos ocurridos durante la toma del campus central de la USAC, así como de otras instalaciones de esta casa de estudios superiores, originadas por la aparente elección fraudulenta que posicionó a Walter Mazariegos como Rector Magnífico de la universidad estatal.
La toma de la USAC se dio luego de que el actual rector obtuviera la victoria del proceso electoral, el cual ha sido señalado, pues no se permitió el ingreso de la totalidad de los cuerpos de electores.
La USAC fue tomada por más de un año, la ocupación finalizó el 9 de julio de 2023.
En este proceso, la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio ha logrado ligar a proceso a 11 personas, y en la actualidad se encuentra en trámite de primera declaración cuatro sindicados más.
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