El alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Sebastián Siero, dijo que el incumplimiento del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y la Disposición de Lodos, no es responsabilidad de los actuales alcaldes, sino de los gobiernos anteriores que lo prorrogaron por 17 años.
“Es una irresponsabilidad, pero no de nuestra parte, sino de todos los gobiernos y el Ministerio de Ambiente, que al tener un problema complejo lo único que hacían era patear la pelota para adelante. Era una papa caliente y nadie se animó a entrarle de lleno al tema”, reiteró.
Recientemente, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patty Orantes, dio a conocer que tomaron la decisión de no prorrogar más el acuerdo gubernativo 236-2006 que contiene el reglamento, el cual tiene como objetivo establecer mecanismos de evaluación, control y seguimiento para promover la conservación y mejoramiento del recurso hídrico.
La normativa también establece tiempos, uno de ellos era la entrega de los informes diagnósticos el 30 de mayo, cuyo fin era conocer el tipo de aguas que las alcaldías vierten en las fuentes de agua.
Sin embargo, debido a que los alcaldes no estaban de acuerdo con esa situación, el Presidente de la ANAM, planteó una inconstitucionalidad ante la CC, la cual fue resuelta a su favor.
“La inconstitucionalidad que presentamos es para dos o tres artículos, pero el principal es el 24 bis, que establece los tiempos”, dijo.
“Como alcaldes no estamos en contra de construir drenajes, pero ese acuerdo es inconstitucional”, argumentó.
DICE QUE NORMATIVA SEÑALA METAS CASI «IMPOSIBLES»
De acuerdo con el jefe edil, en la normativa se exigen metas que son casi “imposibles” de cumplir debido al poco tiempo con el que cuentan.
“250 alcaldes son nuevos y no es responsabilidad de ellos la moratoria de más de 50 años que hay en drenajes y que los otros no hayan cumplido a tiempo”, expresó.
El funcionario explicó que hay varias fases, la primera consistía en la entrega del informe diagnóstico. Sin embargo, para desarrollarlo conlleva un gasto de al menos Q150 mil que conlleva el proceso de compras y la preparación del estudio en seis meses como mínimo.
La segunda era que en 2025, todas las municipalidades deberían tener al menos dos plantas de tratamiento para las cuencas en sus localidades.
La última y según él, la más difícil de cumplir, era que en 2026, todas las municipalidades deberían tener al menos el 60% de las plantas de tratamiento.
“Hay municipios muy grandes, que necesitan tener más de 200 plantas de tratamiento, lo cual es imposible”, manifestó.
ENFRENTAMIENTOS
La Ministra de Ambiente informó que recibieron los estudios de al menos 250 municipalidades, sin embargo, Siero difiere de lo declarado por la funcionaria.
De acuerdo con la titular de la cartera de Ambiente, el 75% de las comunas, lograron cumplir con enviar los informes del tipo de aguas que están vertiendo en las fuentes hídricas.
Por su parte Siero dijo que: “Es una falacia. La mayoría de estudios que presentaron no son válidos ya que son del 2009 y 2017 y solo tienen vigencia por cinco años. Es más, ni siquiera el MARN sabía cuántas municipalidades cumplieron”, dijo.
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LA PROPUESTA DE LOS ALCALDES
Según el presidente de la ANAM, una de las opciones que se planteó durante varias reuniones en el MARN para afrontar el problema, es que se otorgara una prórroga para el 31 de diciembre, para presentar los estudios diagnósticos, conocer cuántas plantas de tratamiento se necesitan y el proceso que llevaría construirlas.
Además, se planteó derogar dicho acuerdo, ya que según él no se adapta a la realidad nacional en tiempos y presupuestos.
Finalmente, indicó que en el momento en que el Ministerio de Ambiente haga la propuesta de modificar el acuerdo y sea de beneficio para los alcaldes, retirarán la inconstitucionalidad, que protege a los integrantes del Concejo Municipal de ser castigados penalmente.
RECHAZO
Cabe recordar que varias organizaciones en defensa del medio ambiente, se han manifestado en contra de las acciones de la ANAM, aduciendo que afecta la vida y la salud de los guatemaltecos.
La ambientalista y presidenta de la Fundación del Bosque Tropical, Vida Amor de Paz, manifestó que el incumplimiento de esa norma debe ser castigado penalmente, pues atenta contra la salud de la población, ya que los ríos cada vez están más contaminados y llenos de basura.
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