Hace un año, el Departamento de Estado de EE. UU. sancionó al expresidente Alejandro Giammattei y le prohibió su entrada a ese país por «su involucramiento en significativos actos de corrupción». Por su parte, el Ministerio Público (MP) de Guatemala, comandado por María Consuelo Porras, no ha investigado la corrupción señalada y, en cambio, desestimó una denuncia en su contra, que salpicaba a la pareja del exmandatario, Miguel Martínez.
En 2020, Giammattei asumió la presidencia tras competir por cuarta ocasión, respaldado por la promesa de «no convertirse en un hijo de puta más», diferenciándose de los políticos que usaban el poder para convertir al Estado en una caja chica y beneficiar a sus cercanos con contratos millonarios. Cuatro años después, mientras Porras ignoraba indicios de corrupción, EE. UU. lo incluyó en la lista negra junto a sus tres hijos por recibir sobornos en su gestión.
En octubre de 2024, tras desestimar dos denuncias de corrupción que apuntalaban a Giammattei como el autor intelectual, el MP confirmó a La Hora la existencia de nueve denuncias que hacían mención del expresidente Giammattei y Martínez. Un mes después, en rueda de prensa, el secretario del ente investigador y hombre de confianza de Porras, Ángel Pineda, reconfirmó lo publicado por este diario con la noticia de que las investigaciones estaban bajo reserva —no podían informar nada—.
EL BLINDAJE
Porras fue reelecta fiscal general en 2022 por Giammattei, pese a que un año antes había sido sancionada por EE. UU. en la Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos. El exmandatario la calificó como su «amiga» durante su gestión y resaltó su trabajo en la Fiscalía.
Sin embargo, según una publicación de este diario, Porras no era la primera opción de Giammattei para el cargo, pero su reelección se concretó con la condición de que firmara una carta de renuncia, lista para ejecutarse si alguna investigación comprometía al mandatario o a Martínez. Tanto el MP como la Presidencia negaron la existencia de esa misiva.
Alejandro Giammattei no es ajeno a enfrentar señalamientos desde el banquillo de los acusados. Entre 2005 y 2007 dirigió el Sistema Penitenciario. Sin embargo, en 2010, esta etapa de su carrera le pasó factura: fue acusado de participar en el asesinato de siete reos en la Granja Penal de Pavón, lo que lo llevó a pasar 10 meses en prisión.
Los señalamientos contra Giammattei durante su mandato presidencial salieron a la luz por investigaciones periodísticas y declaraciones a prensa de los fiscales Juan Francisco Sandoval y Stuardo Campo. Hoy ambos enfrentan represalias tras indagar sobre estructuras de corrupción en su gobierno: Sandoval se encuentra en el exilio, mientras que Campo permanece preso, ambos bajo acusaciones que despiertan dudas.
DOS DESESTIMACIONES
Sin embargo, la Fiscalía contra la Corrupción, ahora dirigida por Raúl Figueroa tras el traslado de Campo, ha desestimado dos denuncias presentadas contra Giammattei. Una de ellas es el caso conocido como Alfombra Mágica, en el que se le acusa de haber recibido una suma millonaria de dólares envuelta en una alfombra a cambio de otorgar una concesión en el puerto Santo Tomás de Castilla.
A pesar de la gravedad de las acusaciones que expuso el New York Times contra el entonces mandatario, la denuncia fue desestimada por el MP en octubre de 2023.
Esa misma Fiscalía, en enero de 2024, desestimó una segunda denuncia que vinculaba a Martínez y a nueve funcionarios y particulares de Giammattei. La acusación los señalaba de formar una «supuesta estructura destinada a saquear al Estado y enriquecerse ilícitamente mediante contrataciones de obras públicas y servicios».
Figueroa, el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, enfrenta una resolución judicial que ordena al MP investigar si mintió en documentos que sirvieron como pruebas durante el juicio del exfiscal Eduardo Pantaleón. Ahí también trabaja Gilberto de Jesús Porres, esposo de la fiscal general y vetado de EE. UU.
PRIMERO FUE MARTÍNEZ
Antes del veto a Giammattei, EE. UU. había sancionado el 1 de diciembre de 2024 a Martínez, exjefe del desaparecido Centro de Gobierno. La restricción ocurrió en medio del intento de golpe de Estado del cual el MP fue acusado para impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.
La acción se llevó a cabo bajo la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos del Departamento del Tesoro, acusando a Martínez de aprovechar su cargo para favorecer a empresas mediante contratos gubernamentales a cambio de sobornos, incluida la opaca compra millonaria de vacunas Sputnik V contra el COVID-19.
«Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco», dijo el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian E. Nelson.
El Gobierno estadounidense sostiene que Martínez supuestamente recibió sobornos para «pactar un contrato de 16 millones de vacunas Sputnik-V adquiridas por el Gobierno a Rusia durante la emergencia del COVID-19 en 2021». En Guatemala el caso no ha prosperado.
En marzo pasado, este diario preguntó al MP sobre los señalamientos del Departamento del Tesoro en contra de Martínez y el ente investigador refirió que iniciará una investigación únicamente cuando el gobierno estadounidense proceda de forma legal.
NUEVE CASOS Y CERO AVANCES
Esa misma Fiscalía tiene a cargo nueve investigaciones en las que se hace mención de Giammattei y Martínez «en calidad de denunciados», según declaraciones de Porras y Pineda. Este diario consultó al ente investigador por los avances en el caso, pero al cierre de la edición de este trabajo no respondieron.
En mayo pasado, La Hora cuestionó a la fiscal general el porqué todas las investigaciones que podrían poner en ‘aprietos’ al expresidente Giammattei y su pareja no prosperan. Porras no respondió y, en cambio, atacó al medio.
«Si La Hora tiene alguna denuncia que presentar acá lo esperamos, al respetable medio. Traiga su denuncia, traiga sus medios de prueba que pueda tener a efecto de ver el resultado que efectúa el Ministerio Público ante todas las denuncias que se presenten. Todo lo que aquí se presenta aquí se investigará», dijo Porras.
La fiscal general, pese a no responder, optó por intimidar a La Hora en esa ocasión. «Insto a los señores de La Hora a que se acerquen al Ministerio Público para que puedan presentar esa denuncia, porque si a ustedes les consta un hecho delictivo pueden caer en delito al omitir no hacerlo», trató de infundir miedo al responder.
A 365 días de la sanción contra Giammattei, el MP mantiene las nueve denuncias en su contra sin avances. Para iniciar una investigación formal, Porras debería solicitar el retiro de la inmunidad del exmandatario, quien actualmente la ostenta como diputado del Parlamento Centroamericano, un paso que hasta la fecha no se ha dado.
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