Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling Dávila, presentó una exhibición personal contra la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Leyla Susana Lemus Arriaga, ya que asegura que no se ha presentado a ejercer sus funciones en la alta Corte.
Según conoció La Hora, Molina Stalling presentó la exhibición personal ya que dentro del Tribunal Constitucional se ventila un proceso de reinstalación laboral en la Contraloría General de Cuentas (CGC) con el que Molina Stalling espera ser reinstalado y recibir salarios caídos, entre otros.
Esta no es la primera ocasión que los Stalling ejercen presiones en contra de funcionarios judicial para lograr las resoluciones que desean, puesto a que en 2017, el ex juez Carlos Ruano aseguró que la entonces magistrada Stalling le coaccionó para favorecer a su hijo Molina Stalling, quien había sido vinculado al caso IGSS-Pisa.
EXHIBICIÓN PERSONAL
La Hora conoció que el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno para el diligenciamiento de exhibiciones personales, a cargo de Hugo Samuel Quijivix Cojulun, recibió el pasado 19 de febrero la exhibición personal presentada contra la magistrada Lemus por Molina Stalling, junto con su abogado Amílcar Rodolgo Alvarez de León.
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“Con base a lo dispuesto en la Constitución Política de la República y la propia Ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, a efecto se garantice su derecho a la salud, a la libertad y a la vida”, indica el escrito.
A su vez, resaltó que presume que la togada está sufriendo “algún vejamen o impedimento en contra de su voluntad que le impide el ejercicio de sus funciones como Magistrada de la Corte de Constitucionalidad”.
También, Stalling Molina agregó como antecedente el expediente No. 4373-2022, a cargo del oficial séptimo de la Secretaría General de la máxima Corte, en el cual es tercero interesado.
De esta cuenta, solicitó la exhibición personal en contra de Lemus Arriaga para que el juez Quijivix Cojulun se apersone a la sede de la alta Corte para constatar y garantizar el estado de salud, la integridad personal y la libertad individual de la magistrada.
BUSCA REINSTALACIÓN
Una fuente afirmó a La Hora que Molina Stalling busca ser reinstalado en la CGC, en donde trabaja previo a que en mayo de 2015, el Ministerio Público (MP) develara la investigación por supuesto fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por las adjudicaciones anómalas a la compañía Pisa, conocido como “caso IGSS-PISA”.
Tras conocerse el caso, el entonces jefe de la Contraloría, Carlos Mencos, detalló que Molina Stalling laboró en la institución prestando servicios de Gestión Administrativa, durante su primer mandato de 2006 a 2010, aunque fue reinstalado previo a su segundo nombramiento, pero remarcó que decidió rescindir del contrato.
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De esta cuenta, Molina Stalling buscaría reintegrarse a dichas labores en la Contraloría, por lo cual presentó un amparo ante el Tribunal Constitucional.
IGSS-PISA
En mayo de 2015, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó la captura del presidente del IGSS, integrantes de la Junta Directiva, Junta de Licitación y asesores del Seguro Social, entre ellos, Otto Fernando Molina Stalling.
Molina Stalling fue señalado por la Fiscalía por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.
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La investigación señalaba que Molina Stallling, asesor del IGSS, junto con Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, se habría comprometido con directivos de la farmacéutica PISA para lograr un contrato de servicios de diálisis peritoneal por más de Q116 millones, del cual la empresa habría pedido un 16% de comisión.
De acuerdo a las escuchas telefónicas presentadas por el ente investigador, tanto Molina Stalling como García-Granados Reyes tenían conocimiento de que la junta de licitación tenía poco conocimiento al respecto de la calidad de los servicios que prestaría la droguería.
Las pesquisas determinaron que la empresa no contaba con las especificaciones técnicas requeridas para participar en el concurso porque no contaba con el recurso humano, estructura básica y mobiliario básico para participar en el evento.
STALLING PRESIONA A RUANO
En enero de 2017, el entonces juez Carlos Ruano denunció a Blanca Stalling, quien entonces fungía como magistrada de la CSJ, ya que ejerció presiones para que su hijo, Molina Stalling, fuera beneficiado como medidas sustitutivas, incluyendo arresto domiciliario, lo cual fue grabado por el juzgador.
“En las manos de ustedes está la posibilidad de una medida sustitutiva, como le digo, que vean que yo si jamás haría mire, no se va a ir pues no tiene pasaporte, no tiene pasaporte vigente no tiene visa, perdió su trabajo en la Contraloría. El ya no estaba en el IGSS, estaba en la Contraloría de Cuentas, de jefe, de subdirector del área de verificación de inversiones en las Municipalidades y todo eso, entonces perdió su trabajo, su hijo creciendo sin el papá, el niño ya tiene un año y meses, a aquel lo agarraron en mayo y el niño cumplía años, su primer añito en noviembre imagínese entonces y claro, desde luego como le digo y si está en sus posibilidades también ver que adelanten el proceso pues, verdad ser razonable al contarle eso, las fases son accesibles”, mencionaba Stalling en el audio.
Entre otras cosas, Stalling agregó “Eso, mire, ahí ayer que aprobamos en el pleno las vacaciones, bueno ya las había visto yo va, hay Dios mío digo yo, vine por eso digo yo, yo le ruego a Dios y le pido a Dios que por lo menos les pudieran dar alguna medida a los que tengan la posibilidad porque en realidad que, qué se ganan con tenerlos en la cárceles, esas cárceles hacinadas porque él está en Mariscal Zavala, por cierto, pero dicen cárcel VIP, no hay una cárcel VIP, mire, mire, mire, es, es ,es un pedacito, el espacio que ellos”.
El 8 de febrero de 2017, la magistrada Stalling fue detenida dentro de una abarrotería de la zona 9, mientras vestía una peluca para evitar ser reconocida, luego de un proceso de retiro de antejuicio.
INICIAN PROCESO CONTRA RUANO
Pese a las grabaciones, en junio de 2022, el Juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz declaró un sobreseimiento a favor de la ex magistrada Stalling, por lo que la togada fue reinstalada y se autorizó pagarle Q5.7 millones por salarios y prestaciones no percibidas desde 2017.
El juzgador argumentó que Stalling aún contaba con antejuicio contra Ruano cuando la grabó, por lo cual la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), a cargo de Ricardo Méndez Ruíz presentó una denuncia en contra del togado por los delitos de usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito.
Según Méndez-Ruíz, Ruano grabó a Stalling de forma “subrepticia”, y calificó la grabación como arbitraria e ilegal, pues remarcó que la entonces magistrada contaba con inmunidad y la grabación sucedió sin autorización.
Derivado de las acciones de la FCT, Ruano renunció al cargo y salió al exilio, debido a posibles riesgos contra su vida, de lo cual responsabilizó a Stalling.
“Todos escucharon cuando en el Palacio de Justicia se cometía un delito grave contra la independencia de todo el Organismo Judicial”, indicó Ruano sobre la solicitud que Stalling realizó a su persona para que su hijo fuera beneficiado con medidas sustitutivas.
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“Estos actos de criminalización demuestran que soy perseguido por motivos políticos en Guatemala, he sido forzado a salir del país, me encuentro protegido. Seré un operador de justicia exiliado, agradezco las muestras de solidaridad y apoyo”, sostuvo.
Por último, el ex juez agregó “les comparto lo que le dije a mi papá cuando estaba en esta situación, quédese tranquilo que estoy en esta situación porque no fui un juez corrupto, sino porque denuncié a una magistrada corrupta”.
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