La Hora reveló el pasado 27 de enero que el juez Delmar González ordenó la devolución de la casa de campaña del extinto Partido Patriota a una empresa vinculada al ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, a petición del Ministerio Público (MP). Esta decisión dejó sin sede a la unidad de Alerta Alba Keneth, que operaba en el edificio desde 2019, cuando el inmueble fue sometido a medidas cautelares para impedir su venta, gravamen o transferencia.
Este diario tuvo acceso a dos informes del 2019 elaborados por investigadores que se conocieron durante el juicio en contra de Juan Ignacio Florido, un cercano colaborador de Sinibaldi que luego confesó ser «usado» por el exministro para cometer ilícitos. Todas las audiencias fueron públicas, en donde se expusieron ambos informes.
Los expedientes detallan cómo se habría adquirido el edificio, los fondos que supuestamente fueron utilizados para la compra y el colaborador clave involucrado en la transacción. Las evidencias, según los entonces investigadores, apuntan al uso de dinero ilícito vinculado a Sinibaldi, quien ocupó el tercer puesto de mayor relevancia en el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos condenados por defraudar al Estado en un entramado de corrupción.
Se trata de dos expedientes de 41 y 114 páginas que contienen la trazabilidad del dinero, documentos del Registro Mercantil, análisis financieros y la tesis acusatoria elaborada por la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que dirigió Juan Francisco Sandoval.
LA EMPRESA DE “CARTÓN” CLAVE
Sinibaldi permaneció prófugo durante cuatro años, de 2016 a 2020, después de que se emitieran cinco órdenes de captura en su contra y fuera requerido por la justicia para enfrentar cargos relacionados con los casos Cooptación del Estado, Odebrecht, Arca, Transurbano y Construcción y Corrupción (Fase I y II).
Tres años después de entregarse, con un sistema de justicia volcado a favor de la mayoría de acusados por presunta corrupción, recuperó su libertad y salió del Centro Preventivo Mariscal Zavala. El exministro logró cerrar sus casos con sobreseimientos y una falta de mérito, aunque aún está en las manos de las cortes del país ponerle punto final a las acusaciones o reactivarlas.
El caso Construcción y Corrupción evidenció, de acuerdo con la investigación del MP, la estrategia del exministro de Comunicaciones para presuntamente blanquear el dinero procedente de sobornos pagados por constructoras contratistas de dicho ministerio a cambio de ser beneficiadas. Las primeras pruebas que sustentan esta investigación fueron obtenidas en 2016, durante los allanamientos a propiedades de Sinibaldi.
Según las pesquisas, en varias bodegas encontraron libros contables y otra documentación que detallaba actividades comerciales inexistentes, según las autoridades, y las empresas involucradas eran sociedades de cartón: no contaban con maquinaria ni personal para prestar los supuestos servicios. Entre ellas figuraban Constructora Benelli, Agropecuaria Agua Azul y Agropecuaria y Constructora El Florido, cuyas representaciones legales estaban a cargo de trabajadores de otras compañías vinculadas a Sinibaldi, dice el documento.
Juan Ignacio Florido, padrino de boda de Sinibaldi y entonces buen amigo, era el representante legal de la Agropecuaria y Constructora El Florido. Según el expediente, esta empresa fue constituida el 31 de enero de 2013 con un capital de Q200 mil, supuestamente para la construcción, compra y venta de bienes muebles e inmuebles, así como el desarrollo de infraestructura.
Sin embargo, un informe de la extinta CICIG, respaldado por la investigación de la FECI, expresó que estas sociedades fueron utilizadas de manera sistemática para recibir pagos ilícitos. Entre el 6 de noviembre de 2012 y el 16 de diciembre de 2016, período en el que Sinibaldi ejerció como ministro, las empresas habrían servido como vehículo para canalizar sobornos de contratistas del Estado a cambio de adjudicaciones, según los investigadores.
Como tal, el esquema era operado por una presunta estructura de corrupción liderada por el exministro a través de sus colaboradores. En este mecanismo, según el MP, las constructoras y contratistas simulaban la contratación de servicios de maquinaria u otros rubros con las empresas de cartón de Sinibaldi, disfrazando el pago de comisiones ilegales. A través de estas tres compañías, la red facturó un total de Q94 millones en dicho periodo, de acuerdo con un informe financiero.
LA ADQUISICIÓN
Fue en junio de 2019, cuando el Juzgado de Extinción de Dominio decretó la inmovilización cautelar de ocho bienes inmuebles vinculados a Sinibaldi a solicitud de la FECI. Aunque los bienes estaban registrados a nombre de sociedades, terceros o empresas offshore en Panamá, «se determinó que Sinibaldi los adquirió y diseñó un esquema para ocultar su origen ilícito a través de estas entidades», según el informe.
Asimismo el documento apunta a que el edificio donde operó Alerta Alba Keneth, que recientemente le fue devuelto a una de las empresas vinculadas de Sinibaldi, fue inscrito el 28 de abril de 2004 a nombre de la empresa «Zona Ocho Sociedad Anónima».
Seis años después y según el informe, el 10 de enero de 2013, la situación cambió. A través de una de las empresas de “cartón” vinculadas a Sinibaldi —Agropecuaria y Constructora El Florido— se adquirió la sociedad y por ende el edificio.
La sociedad «Zona Ocho S.A.» continuó como dueña del inmueble, aunque con un nuevo representante legal. Juan Ignacio Florido asumió el cargo, convirtiéndose en una figura clave en la transacción y en un estrecho colaborador del ex ministro de Comunicaciones.
El inmueble habría pasado a funcionar como la casa de campaña del Partido Patriota, formación en la que militaba Sinibaldi y desde donde impulsaba su candidatura presidencial para las elecciones generales de 2015. En algún momento, según el informe, el edificio también operó como call center. Además, se hallaron documentos del partido Movimiento Reformador, adquirido por Sinibaldi según la declaración de su exasistente.
UN «ESTRECHO» COLABORADOR
La modalidad de la compra del edificio en la zona 8, según un análisis realizado por la sección de Investigación Financiera del Departamento y Litigio de la extinta CICIG, se efectuó mediante dos transacciones.
Esta es la ruta que detectaron: el dinero salió de la cuenta de la empresa Agropecuaria y Constructora El Florido, de la cual Juan Ignacio Florido, era el representante legal y quien estaba autorizado para firmar en la entidad bancaria, dice el documento.
Las transacciones se realizaron el 10 de diciembre de 2013, coincidiendo con el mismo día en que Juan Ignacio Florido fue nombrado representante legal de «Zona Ocho S.A.», la empresa propietaria del inmueble.
El valor total del pago realizado por dicho inmueble fue de 650 mil dólares. Según el informe financiero, el monto total en quetzales pagados por el complejo ascendió a 5 millones 108 mil quetzales. Todo el dinero que se usó para la adquisición del edificio fue proveniente de sobornos, según el informe de la CICIG, con apariencia legal.
«El dinero con el que se paga la compra de la sociedad ZONA OCHO, S.A. proviene
de las comisiones pagadas por los contratistas/constructores, lo cual generaba un
saldo significativo en la cuenta monetaria No. 018-0010847-2 en el Banco G&T
Continental, S.A. a nombre de la sociedad Constructora y Agropecuaria El Florido,
S.A.», subraya el documento en poder de La Hora.
Juan Ignacio Florido fue uno de los acusados que enfrentó a la justicia y resultó condenado en dos casos por lavar dinero para Sinibaldi: Construcción y Corrupción y Odebrecht, con penas de 12 y 6 años de prisión, respectivamente. Además, un tribunal le impuso una multa de 9 millones 30 mil dólares y 200 mil quetzales en el marco de ambos procesos.
En 2019, desde el banquillo de los acusados, el padrino de bodas del exministro declaró que había sido «un tonto útil, una persona que Alejandro Sinibaldi estuvo dispuesto a sacrificar» para acumular una fortuna. Florido, entonces, aseguró estar quebrado moral, familiar y financieramente, además de sentirse «muerto civilmente» por haber servido como «un peón sacrificable de Sinibaldi».
DEVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD
El edificio fue sometido a medidas cautelares en 2019, como resultado de la investigación de la FECI y la extinta Comisión. La acción se llevó a cabo bajo la Ley de Extinción de Dominio, cuyo propósito es despojar de bienes vinculados al crimen organizado y a exfuncionarios que los adquirieron mediante actividades ilícitas.
La antigua sede del Partido Patriota quedó bajo administración del Estado, a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), con la restricción de medidas cautelares. Estas tenían como objetivo impedir que el inmueble fuera ocultado, vendido, gravado o transferido.
Como resultado, en 2019, la unidad Alerta Alba Keneth de la Procuraduría General de la Nación (PGN) trasladó sus oficinas al edificio ubicado en la zona 8. Ahí operó hasta el 13 de enero pasado, cuando la institución fue desalojada debido a una orden judicial emitida el 4 de diciembre de 2024 por el juez Delmar González, quien retiró las medidas cautelares.
El levantamiento de las medidas cautelares fue solicitado por la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP), comandado por la fiscal general María Consuelo Porras, sancionada por 42 países debido a sus acciones corruptas y antidemocráticas.
Aunque el inmueble volvió a manos de la firma vinculada a Sinibaldi, aún está pendiente que el juez González emita una sentencia para determinar si su adquisición fue ilícita.
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