Magistrados del TSE y busca de legalidad: en manos de la Cámara de Amparos que regresen a sus cargos

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe decidir si restituye en sus cargos a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), suspendidos desde hace casi un año. Su salida fue ordenada inicialmente por la Sala Primera de Apelaciones, en una resolución que la defensa calificó de ilegal. Posteriormente, en enero, un juez les otorgó un fallo a su favor, pero la Sala Tercera volvió a bloquear su reincorporación con una nueva prohibición para ejercer el cargo.

La suspensión de los magistrados Irma Elizabeth Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco se produjo tras la solicitud de captura presentada por el Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras. El caso está relacionado con la presunta compra sobrevalorada del sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), aunque los magistrados sostienen que responde a una represalia de la Fiscalía por su negativa a respaldar el intento de golpe de Estado que buscó impedir la investidura del presidente Bernardo Arévalo.

Blanca Alfaro, la única magistrada titular, preside actualmente el TSE en medio de una pugna con otros cuatro magistrados suplentes. Tras la suspensión de los magistrados titulares, el órgano electoral entregó al MP información sensible, incluyendo el padrón electoral y el código fuente del TREP.

CASO MARCADO POR IRREGULARIDADES

El caso contra los magistrados del TSE ha estado marcado por irregularidades. En diciembre, la anterior legislatura del Congreso de la República les retiró la inmunidad, una decisión que llevó al Gobierno de Estados Unidos a revocar la visa a un centenar de diputados por socavar la democracia. Sin esa protección legal, el MP recurrió a un juez de diligencias urgentes —y no a la jueza que tenía el caso a su cargo— para obtener las órdenes de captura.

La audiencia de primera declaración se llevó a cabo ante la jueza Karen Chinchilla, quien resolvió abrir una investigación contra los magistrados por el presunto delito de fraude. Además, les concedió arresto domiciliario con una fianza de 100 mil quetzales. Al no ser enviados a prisión preventiva, pudieron continuar en sus cargos, ya que, según el artículo 7 de la Ley en Materia de Antejuicio, únicamente la prisión preventiva suspende el ejercicio de un puesto público.

El MP respondió con una denuncia contra la jueza, además de apelar ante la Sala Primera de Apelaciones. La Sala no solo atendió la petición, sino que resolvió ultra petita, es decir, más allá de lo solicitado por la Fiscalía. Elevó la fianza a 700 mil quetzales por magistrado, les prohibió continuar en sus cargos en el TSE, mantener contacto con empleados y presentarse en cualquier sede del organismo electoral. La decisión los apartó por completo de la institución.

La Fiscalía también consiguió trasladar el caso a otro juzgado tras recusar a las juezas Karen Chinchilla y Wendy Coloma. El expediente pasó al Juzgado Segundo Penal, pero el MP tampoco quedó conforme y, sin que hubiera un juez asignado, presentó una nueva recusación contra ambos, con el objetivo de cambiar nuevamente la judicatura. Esa vez la Sala no vio fundamento en la recusación y sancionó al MP con una módica suma.

De esa cuenta, el pasado 14 de enero, el juez Erick García conoció una audiencia de revisión de medidas sustitutivas de los magistrados electorales en la que resolvió que podían regresar a sus labores en el TSE. Pero la Sala Tercera de Apelaciones, vinculada a los abogados de los esposos Felipe Alejos y Alejandra Carrillo, revocó el benefició y por segunda vez fueron suspendidos del cargo. 

MAGISTRADOS TIENEN DECISIÓN

El fallo de la Sala Tercera Penal se produjo mientras conocía una nueva recusación del MP para cambiar nuevamente de juez. Según Jorge Pinto, abogado defensor de los cuatro magistrados, en esa misma audiencia la Sala resolvió de oficio y declaró una actividad procesal defectuosa, lo que derivó en la anulación de todas las resoluciones previas del juez García.

La defensa calificó la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones como «arbitraria e ilegítima», argumentando que excede sus facultades legales y vulnera derechos y garantías reconocidos en la Constitución de Guatemala y en tratados internacionales ratificados por el país, según consta en el amparo al que tuvo acceso La Hora.

Los jueces electorales señalaron, además, a los magistrados de la Suprema que la figura de la actividad procesal defectuosa solo la puede dictar un juez y su finalidad es «analizar la irregularidad o violación de los actos y formas del proceso». Asimismo, aseguraron que no es un medio de impugnación ante una Sala de Apelación, y tampoco algo que haya podido entrar a conocer de fondo. Lo anterior lo respaldaron con una sentencia de la Corte de Constitucionalidad.

De acuerdo con el amparo, la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones es ambigua, ya que dictó anular «todo lo resuelto» y de esa cuenta ven la necesidad de que «la Sala diga con precisión, cuáles son las “resoluciones” que se dejan sin efecto y si es el mismo motivo justificativo para cada una de ellas, pues declarar de esa forma una actividad procesal defectuosa denota inseguridad e incerteza jurídica».

Ahora los magistrados de la Cámara Penal de la CSJ tienen en sus manos la decisión de restituir en el cargo a los magistrados del TSE. Los togados que tienen la última palabra son: Carlos Ramiro Contreras, presidente de la Cámara, y los vocales, Estuardo Adolfo Cárdenas, Igmaín Galicia Pimentel y Clemen Vanessa Juárez.

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