“Banco Sabadell analizará cualquier eventual oferta vinculante que pudiera recibir. Naturalmente, cualquier operación estaría sujeta al cumplimiento de todas las obligaciones legales”, ha detallado.
Esta información llega después de que el ‘Financial Times’ publicara que Sabadell valora la venta de TSB con el objetivo de defenderse de la OPA lanzada por BBVA, que actualmente se encuentra sometida al criterio del Gobierno.
La entidad de origen catalán estudia la operación con sus asesores y ya ha estado en contacto con posibles postores, y las mismas fuentes aseguran que ha llegado a proporcionar una serie de datos a una de las partes interesadas para iniciar un proceso de ‘due diligence’.
El banco decidió estudiar la venta de TSB tras recibir una muestra de interés no solicitada por parte de un posible comprador, y ahora espera recibir ofertas de distintos agentes a lo largo del próximo mes.
Sabadell compró TSB Bank a Lloyds Banking Group en 2015 por 1.700 millones de libras, con el objetivo de internacionalizar su operativa y diversificarla más allá del mercado español, aunque la OPA presentada por BBVA plantea interrogantes sobre su futuro.
En septiembre del año pasado, la autoridad británica de regulación prudencial (Prudential Regulation Authority o PRA, por sus siglas en inglés) dio luz verde a la toma de control indirecto por parte de BBVA de TSB Bank.
“Esta autorización es una de las condiciones a las que estaba sujeta la oferta de compra a los accionistas de Banco Sabadell y un paso necesario para completar la misma, dado que TSB pasaría a formar parte del Grupo BBVA“, explicó el banco vasco en nota de prensa.
Cabe recordar que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, decidió elevar al Consejo de Ministros la decisión de la OPA de BBVA sobre Sabadell por razones de interés general. Esta decisión, formalizada el 27 de mayo, daba al Gobierno un plazo de 30 días naturales para emitir su dictamen.
En este sentido, el Ejecutivo puede plantear nuevos compromisos de interés general, suavizar o endurecer las condiciones propuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), o bien aprobarla tal como está.
La posición del Gobierno ha sido crítica con la OPA desde el primer momento al entender que introducía “efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español”. Es más, decidía abrir una “consulta pública” inédita sobre la operación “para saber la opinión de ciudadanos, empresas y asociaciones” y “tomar una decisión con todas las garantías”.
