El Ministerio Público (MP), que dirige María Consuelo Porras, desestimó y archivó dos denuncias por amenazas de muerte e intimidación presentadas por el juez Erick García, quien en marzo pasado denunció públicamente haber recibido presiones para ordenar el reingreso a prisión del periodista Jose Rubén Zamora.
La decisión, tomada por la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, se basa en la “imposibilidad de identificar a los autores de las amenazas”, según consta en la resolución oficial de una primera denuncia de 2024 conexada con una de 2025, a la que tuvo acceso La Hora por medio de una fuente del MP.
García, ex juez suplente del Juzgado Segundo Penal, rompió el silencio el pasado 10 de marzo en una audiencia en la que acató una orden de la Sala Tercera de Apelaciones para que Zamora, fundador del desaparecido diario elPeriódico, retornara a prisión. En ese acto, dejó constancia en el audio de la sesión de que tanto él como su equipo habían sido víctimas de amenazas y presiones por parte de desconocidos.
SIN RESPONSABLES, SIN JUSTICIA
Las denuncias advertían que el juez y su compañero de juzgado, Mario Hichos, habían sido blanco de intimidaciones constantes a raíz de su papel en procesos sensibles, como el que involucra a los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a quienes el juez benefició a inicios de año al revocar una suspensión de funciones que consideró ilegal.
Entre las pruebas aportadas figuraban mensajes amenazantes enviados por redes sociales y WhatsApp. En uno de ellos, incluso se identificaba a García con la frase: “Erick Daniel, descansa en paz”, en una publicación atribuida a la Fundación contra el Terrorismo (FCT), una organización que ha promovido denuncias contra jueces, fiscales y periodistas, y cuyo presidente, Ricardo Méndez-Ruiz, figura en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. por corrupción y socavamiento de la democracia.
En su resolución, la fiscal auxiliar a cargo del caso explica que las diligencias practicadas no permitieron identificar a ninguna persona como responsable de las amenazas. El Ministerio Público solicitó información a X Corp, empresa propietaria de la red social antes conocida como Twitter, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
García, en la denuncia, expuso un número de teléfono en concreto. «Se me amenaza a mí y al juez Mario Estuardo Hichos Bracamonte (su compañero de juzgado) de muerte por haber, según el mensaje, beneficiado al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín y a los (…) magistrados del Tribunal Supremo Electoral», manifestó los hechos.
Por lo que, según la desestimación, la Fiscalía también requirió información a la empresa de telefonía que gestiona el número desde donde se enviaron los mensajes amenazantes. La compañía indicó que el número no está vinculado a ninguna persona registrada ni tiene historial válido en los registros oficiales guatemaltecos.
“No es procedente en el presente caso hacer un requerimiento coercitivo ante juez competente”, concluyó el MP en la resolución, y declaró el archivo del expediente. No obstante, dejó abierta la posibilidad de reactivar el caso si aparecen nuevos elementos probatorios.
LO TRASLADAN A ESCUINTLA
El pasado 27 de junio, La Hora publicó una investigación que reveló cómo nueve de los trece magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia definieron, sin mayores contrapesos, los nombramientos de 34 jueces de Primera Instancia en una sesión extraordinaria celebrada el 3 de abril. Las designaciones —que incluyeron ascensos, traslados, nombramientos fijos y nuevas incorporaciones— fueron aprobadas en una reunión cuya acta presenta vacíos significativos.
Entre los movimientos destaca la intervención del magistrado Igmaín Galicia Pimentel, integrante de la Cámara de Amparo y Antejuicio, quien influyó directamente en al menos tres cambios, incluido el traslado del juez Erick García. Este fue removido de su cargo en el Juzgado de Familia de Primera Instancia del departamento de Escuintla.
En su lugar, el magistrado Mauricio Corado Campos logró que nombraran al juez José Maximino Morales en su lugar, a quien la propia CSJ retiró la inmunidad por su vinculación con los presuntos delitos de abuso de autoridad y cohecho pasivo en el caso de Melissa Palacios. No obstante, el proceso penal fue frenado gracias a amparos concedidos por la Corte de Constitucionalidad.
UN PATRÓN DE INTIMIDACIÓN
La desestimación se inscribe en un contexto más amplio de hostigamiento a operadores de justicia que han conocido casos de alto impacto en Guatemala. Jueces como Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano se encuentran hoy en el exilio, tras ser perseguidos judicialmente por sus resoluciones en casos de corrupción o defensa del orden democrático.
García se sumó a esa lista en enero, cuando el MP anunció una solicitud de retiro de inmunidad en su contra por haber favorecido a los magistrados del TSE. Una nueva denuncia presentada por la FCT, apenas un día después de que hiciera pública su situación de riesgo, lo acusa de no haber reportado oficialmente las amenazas.
“La Fiscalía no ha realizado las mínimas diligencias para identificar a los responsables de las amenazas”, señaló García en la denuncia presentada ante la PDH, en la que también advirtió sobre el temor a que el MP busque su captura mediante un proceso de retiro de antejuicio.
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