Paola Pimentel es una de las fiscales que en la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) puso contra las cuerdas a varios políticos a partir de investigaciones de alto impacto. Hoy se enfrenta a un caso penal por ese trabajo. El pasado 6 de agosto inició un juicio en su contra por el presunto delito de revelación de información confidencial. Afirma que el Ministerio Público (MP), institución en la que labora desde hace 16 años, no practicó las diligencias mínimas para sustentar su acusación. “Solo pido un juicio objetivo. Soy inocente”, declara en entrevista a La Hora.
El caso que la llevó a juicio se retrotrae a 2021. Erick Melgar Padilla, militar retirado —ya fallecido—, fue detenido y procesado en el caso denominado Manipulación de Justicia, un expediente abierto por la FECI dirigida entonces por Juan Francisco Sandoval, aunque la primera declaración de Melgar Padilla ocurrió cuando Rafael Curruchiche, hoy sancionado por más de 40 países, ya estaba al mando de la fiscalía tras el exilio de su antecesor.
Pimentel era la única fiscal con más conocimiento de ese proceso en el equipo investigador tras la salida de Sandoval y renuncia de su jefa inmediata. Ese conocimiento, considera, le valió su situación actual.
Según relata, Melgar Padilla intentó apartarla del caso con presiones e intimidaciones y presentó varias denuncias en su contra, todas “espurias y con hechos falsos”, dice. Sin embargo, durante una audiencia en 2021, el militar la acusó —en su ausencia— de haber entregado a su abogado una serie de declaraciones de testigos bajo reserva, información cuya identidad debía permanecer oculta.
Aquella audiencia, celebrada el 8 de noviembre de 2021, derivó tres años después en la citación de Pimentel a su primera declaración como imputada y en su procesamiento por revelación de información confidencial, un delito cuya pena mínima es de cinco años de prisión y que, de ser declarada culpable por la jueza Patricia Verás, la enviaría directamente a prisión.
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
La controversia se originó cuando la fiscal entregó la copia del expediente, tal como había ordenado la jueza, para que la defensa de Melgar Padilla pudiera ejercer su derecho de defensa. Dada la extensión de los documentos, el abogado aportó un dispositivo USB donde la información fue entregada por Pimentel.
Así consta en la razón que levantó la fiscal para dejar constancia tanto para el MP o para utilidad de la jueza.
“Llega el procurador, le entrego la USB, él me firma la razón, la firmo yo, y se va. Eso fue el 27 de octubre de 2021. La jueza había ordenado que se entregara la información en 24 horas”, relata Pimentel.
Semanas después, Melgar Padilla afirmó en audiencia que en esa entrega se incluyeron las declaraciones anticipadas de testigos con datos bajo reserva. La fiscal no se encontraba en la sala; fue llamada de urgencia y, según relata, sometida a un interrogatorio por la jueza. El militar presentó un disco duro con transcripciones que, aunque formaban parte del expediente, Pimentel asegura que nunca le entregó y, mucho menos, en ese dispositivo.
Admite, no obstante, dos errores: haber comparecido a la audiencia sin estar obligada y haber dudado ante la acusación. “Estaba tan nerviosa, tan asustada, que no sé por qué llegué. Prácticamente me obligaron a declarar y, entre los nervios, dije: ‘Tal vez sí, pero fue un error. Si fue así, fue un error’. Eso es lo que el MP ha sostenido hasta hoy. Ahora estoy segura de que no se lo entregué”, afirma.
ACUSACIÓN SIN PRUEBA REINA
Pimentel fue ligada a proceso en agosto de 2024 y enviada a juicio un año después por el juez Mario Hichos, a quien la misma FECI de Sandoval había investigado en un caso de presunta corrupción.
A su juicio, la acusación del MP carece de sustento. “No tenían nada cuando me ligaron a proceso y tienen lo mismo ahora para juicio”, sostiene. Señala también la deficiente actuación de los fiscales a cargo de la investigación. “No hicieron las diligencias mínimas para cumplir con el objetivo del MP: la averiguación de la verdad”.
En el juicio, el MP es representado por el agente fiscal Jorge Luis Cortés y el auxiliar Edgar Barrascout Urízar. Cortés es recordado por haber beneficiado con la desestimación de una denuncia contra Curruchiche. Durante el primer día del juicio, la jueza Verás le llamó la atención en más de tres ocasiones para que se centrara en los hechos del caso, y no divagara.
Las pruebas contra Pimentel se reducen a una declaración contradictoria de Melgar Padilla, la declaración de cinco testigos y un disco duro, este último fue señalado por la defensa de la fiscal como una prueba ilegal. El disco duro nunca fue embalado ni se le aplicó cadena de custodia, y tampoco fue sometido un peritaje forense que determinara la fecha, hora y dispositivo desde el que se copiaron los archivos.
La defensa de Pimentel, encabezada por el abogado Herbert Pérez, denuncia que el caso está plagado de irregularidades: la conexión de expedientes ministeriales sin explicación y la inclusión de lo que califica como “prueba ilegal”: el disco duro —que él llama dispositivo— entregado por la hija de Melgar Padilla meses después de la muerte del militar.
La fiscal solicitó en repetidas ocasiones que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizara un análisis técnico del dispositivo, pero la fiscalía lo rechazó. Ese peritaje nunca se hizo, el MP de Porras se negó a solicitarlo.
Pimentel también cuestiona la coherencia del testimonio del abogado de Melgar Padilla. “Presentó la factura de un dispositivo de almacenamiento que, según dijo, había comprado el mismo día en que recibió la información. Sin embargo, el comprobante tiene fecha del 14 de octubre de 2021 y la entrega se realizó el 27 de ese mes. ¿Cómo podían tenerlo dos semanas antes si supuestamente lo adquirieron ese día?”, afirma.
El disco duro fue incorporado al expediente solo semanas atrás, cuando la hija de Melgar Padilla lo entregó a la Fiscalía junto con un memorial, un día antes de la audiencia de ofrecimiento de prueba excusando que en vida su papá no pudo entregarlo. “Hubo un mal manejo de la prueba. ¿Cómo eso puede ser válido? ¿Dónde está la cadena de custodia? No sabemos ni siquiera si es el mismo dispositivo o qué contiene”, cuestiona.
SECUELAS DEL PROCESO
Desde que fue procesada, la sancionada fiscal general María Consuelo Porras suspendió a Pimentel de su cargo, aplicando la normativa interna que retira del puesto a quienes enfrentan proceso penal por ese delito.
Esa decisión la dejó sin ingresos por primera vez desde los 13 años, edad a la que comenzó a trabajar. “Nunca había dejado de trabajar y ahora llevo prácticamente un año sin poder generar ingresos. Gracias a mi familia he podido salir adelante, porque sola no habría podido. Tengo deudas como todo guatemalteco”, lamenta.
El impacto personal ha sido profundo. A pesar de sentirse traicionada por la institución donde ha trabajado durante 16 años, afirma que, si es absuelta, no descarta volver. “Siempre me gustó mi trabajo; sentía que podía aportar algo a la sociedad desde el Ministerio Público. Serían sentimientos encontrados, pero sí me gustaría regresar y seguir contribuyendo”, afirma.
Pimentel asegura que su proceso responde a una venganza por parte de las personas que investigó. Su caso es considerado por organizaciones de derechos humanos como parte de un patrón de persecución contra operadores de justicia que investigaron casos de corrupción de alto impacto.
Su petición es sencilla: un juicio justo. “Solo pido un juicio objetivo. Soy inocente”, repite. Con ello se suma a la lista de fiscales, jueces y exfiscales señalados y perseguidos durante la doble gestión de Porras. Para Pimentel, el costo ha sido enorme: su reputación profesional, su estabilidad económica y su tranquilidad personal. Aun así, asegura que no reniega de su pasado. “Nunca fue nada personal. Hice mi trabajo”, concluye.
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