El Organismo Ejecutivo, a este jueves 16 de octubre, aún no ha recibido el Decreto 09-2025 para su sanción o veto, debido a un retraso para que el pleno del Congreso de la República conozca las objeciones que han sido presentadas por la diputada independiente Karina Paz.
Se esperaba que en el Congreso de la República, en la plenaria del martes transcurrido, se conocieran las reformas que la parlamentaria objetó en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, las cuales ella considera son inconstitucionales por brindar privilegios a las iglesias, organizaciones sin lucro, proyectos estatales y municipales, para que no tengan estudios de impacto ambiental, según ella discutió el día de la aprobación.
Ahora, se está a la espera de que el pleno legislativo vote el próximo martes 21, como se ha incluido en agenda, para que se conozca lo solicitado por la diputada.
Diputados conocerán estas objeciones de Karina Paz para evitar vigencia del Decreto 9-2025
Con estas objeciones se espera que el decreto no sea trasladado con su redacción actual al despacho presidencial por los siguientes motivos que presenta la legisladora:
- Vulneración al derecho de igualdad y al principio (el interés social prevalece sobre el interés particular).
- Confrontación al derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud frente al derecho de la libertad de religión.
- Violación al control de convencionalidad por parte del Congreso.
- Transgresión a la naturaleza y función de la comisión legislativa de trabajo.
- Incertidumbre ante un texto confuso por la enmienda a las directrices en el artículo 18 de esa ley.
Las reformas presentadas por el diputado de Visión con Valores (Viva), Edín Mejía, de exonerar del 30 de septiembre, fueron justificadas por su parte que no se estaba beneficiando solo a un sector, sino a varios. Asimismo, «es una iniciativa noble que va a beneficiar a la única reserva moral que hay en el país, que son todas las iglesias del país».
La ley que ha sido defendida por diputados con una conexión con los grupos religiosos, como Mejía, o el diputado de CABAL, Julio Portillo, también ha sido rechazada por el sector privado, como Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), al señalar que excluyen y proponen tratos desiguales en temas ambientales, o también como subraya el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que esta decisión crea destrucción, vulnerabilidad e impunidad ambiental.
Por lo tanto, ambos grupos han instado a que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, vete la ley, siguiendo el mismo camino del Decreto 07, la Ley de Codedes.
Este último, pese a no ser sancionado por el mandatario, fue promulgado en el Diario Oficial por medio de una «jugada» en la que se interpretó que el Ejecutivo, por medio de la Secretaría General de la Presidencia, no redactó la vigencia del veto, por lo cual este entonces no tomaría vigencia el 6 de octubre, día en el que se vencía el plazo para recibir la respuesta del presidente, sino hasta tres días después.
Sin los 107 votos para rechazar veto, alianza de oposición recurrió a “nueva jugada”
No importando, la Presidencia informó que actuaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC), por el rechazo del veto que ellos defienden fue hecho de la misma manera que previos vetos presidenciales, como algunos de Alejandro Giammattei.
Y en ese sentido, la diputada Karina Paz, también se ha hecho presente ante el tribunal constitucional, no por el Decreto 07, sino por el 09-2025, reiterando las inconstitucionalidades del mismo.
Ley de Codedes es publicada en el diario oficial tras rechazo de veto en el Congreso
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