El Ministerio Público (MP) guarda silencio sobre un memorial presentado el pasado 10 de octubre que acusa a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de nombramientos irregulares y por el otro lado, contrastan las acciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) investigando presuntas irregularidades en el convenio firmado entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Ministerio de Salud, en el que se involucra al presidente Bernardo Arévalo y funcionarios de su administración.
El abogado Maynor Giovanny Caté Chirix presentó ante el despacho de la fiscal general María Consuelo Porras una denuncia contra el entonces presidente del Organismo Judicial, Teódulo Cifuentes Maldonado, y la magistrada Flor de María García Villatoro. El documento acusa a ambos de abuso de autoridad por ordenar traslados y nombramientos de magistrados suplentes como titulares sin seguir los procedimientos constitucionales y sin notificar al Congreso de la República, facultad que, según el artículo 217 de la Constitución, corresponde exclusivamente al Legislativo.
Según el memorial, la resolución cuestionada del 20 de agosto de 2025 permitió que magistrados suplentes ocuparan la titularidad de las Salas de Apelaciones en sustitución del Congreso. La denuncia detalla que esta acción vulnera el artículo 26, literal a), de la Ley de la Carrera Judicial, que exige audiencia previa para cualquier traslado de magistrados. Caté Chirix solicitó al MP la admisión de la denuncia e inicio de las diligencias de antejuicio, con el fin de que el expediente fuera trasladado a la CSJ y, eventualmente, al Congreso para decidir sobre la inmunidad de los funcionarios señalados.
Pese a la claridad de la denuncia y la documentación presentada, que incluye copia certificada del acta 33-2025 de la CSJ y referencias al Acuerdo 33-2017 —que establece que los nombramientos de titulares deben recaer en el Congreso—, hasta la fecha no hay respuesta oficial del MP a este medio sobre si se abrió investigación o denuncia penal, cuál Fiscalía tiene el expediente o si solicitará el retiro de inmunidad en contra de los magistrados.
Fue el bloque dominante de la CSJ, quien avaló los nombramientos señalados de ilegales por diversos expertos en derecho. Este grupo, conformado por Cifuentes, García Villatoro y otros siete, ha impulsado la creación de nuevas salas de apelación y nombramientos directos de magistrados, a pesar de advertencias de magistrados disidentes como Estuardo Cárdenas y Flor de María Gálvez, quienes recordaron que la Constitución delega al Congreso la facultad de designar titulares.
CONTRASTE CON CASO UNOPS
El contraste con el caso UNOPS es marcado, pese a que la tesis de ambos casos recae en presuntas atribuciones del Congreso usurpadas. El 21 de octubre, el titular de la FECI, Rafael Curruchiche, ofreció detalles —dejando varias dudas— sobre investigaciones por supuestas irregularidades en un convenio suscrito el 30 de abril de 2024 entre el Ministerio de Salud y la UNOPS, con un presupuesto de hasta USD 943 millones.
La FECI giró cuatro órdenes de captura y presentó solicitudes de antejuicio contra funcionarios, incluyendo al actual ministro de Salud, Joaquín Barnoya, y exministros como Óscar Cordón, además de mencionar al presidente Arévalo y a su familia.
El caso UNOPS ha sido calificado por Curruchiche como “lesivo para los intereses del Estado” y se ha centrado en la supuesta firma de un convenio sin autorización del Congreso, así como en la entrega de medicamentos de calidad cuestionable y la asignación de contratos a empresas vinculadas a figuras señaladas de corrupción.
Mientras el MP permanece hermético ante denuncias dirigidas a funcionarios judiciales, ejerce una exposición pública cuando los señalamientos alcanzan al Ejecutivo. En el caso UNOPS, la Fiscalía ha organizado conferencias de prensa, presentado órdenes de captura y promoviendo antejuicios, en contraste con el silencio que mantiene respecto a la denuncia presentada contra Cifuentes y García Villatoro.
Por su parte, el Gobierno expresó que, según la Ley General de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, el Ministerio de Salud está facultado para suscribir convenios con organismos internacionales, incluyendo UNOPS, sin requerir la aprobación directa del Congreso. La cartera de Finanzas explicó que el presupuesto vigente para 2024, aprobado por la anterior Legislatura, incluye un artículo que permite a Salud acceder a fondos y celebrar convenios con agencias internacionales para la adquisición de medicamentos, insumos y equipo médico, en cumplimiento de las necesidades sanitarias del país.
EN MEDIO DE PUGNA JUDICIAL
La denuncia contra Cifuentes y García Villatoro surge en medio de la pugna por el control del sistema judicial, con el bloque dominante de la CSJ consolidando decisiones, incluso al buscar posicionar a Claudia Paredes como sucesora de Cifuentes al frente del Organismo Judicial.
La denuncia contra ambos magistrados, que hasta ahora no ha generado acción pública, y el caso UNOPS, que involucra directamente al Ejecutivo y a su entorno, coinciden en un elemento central: el Congreso como actor omitido o señalado, ya sea por no ser involucrado en los nombramientos judiciales o por supuestamente no haber aprobado un convenio internacional.
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