El Organismo Judicial (OJ) adjudicó un contrato por Q5.9 millones para la elaboración del estudio de factibilidad y los diseños finales del futuro Centro de Justicia de Femicidio y Familia, un proyecto que pretende reorganizar los órganos jurisdiccionales especializados y concentrarlos en un edificio de 11 niveles y seis sótanos en la zona 12 de la capital.
La adjudicación, publicada en el portal estatal Guatecompras, recayó en el consultor Carlos Eduardo Galicia Castillo, propietario de la empresa Construice, quien presentó la oferta evaluada como favorable en el concurso identificado como Licitación 19-OJ-2025.
El proyecto forma parte de la Política de Preinversión 2022-2032 y supone el primer paso para una eventual construcción que, de concretarse, se convertiría en una de las obras más grandes de infraestructura judicial en la última década. La edificación prevé 31 mil 704 metros cuadrados de construcción, entre área útil y parqueos subterráneos. Su finalidad: centralizar los juzgados vinculados a violencia contra la mujer y delitos de femicidio, ahora dispersos en distintos puntos de la ciudad.
REORDENAR LA JUSTICIA
Según los documentos del concurso, el OJ busca “ordenar y fortalecer los procesos de preinversión” mediante un estudio técnico que establezca la viabilidad del edificio. El consultor adjudicado deberá entregar dos productos principales: un estudio de factibilidad —dividido en dos fases— y un anteproyecto de diseño arquitectónico que permita a la institución avanzar hacia la etapa de construcción.
El contrato exige, además, la obtención de licencias, permisos, dictámenes técnicos y certificaciones necesarias para validar la factibilidad de la obra ante Segeplan, la entidad que aprueba los proyectos públicos antes de que ingresen a fase de inversión.
El estudio, con un plazo estimado de 24 meses, deberá abarcar aspectos urbanísticos, ambientales, geotécnicos, jurídicos y financieros. El nivel de detalle solicitado por el OJ convierte la consultoría en un documento base que condicionará no solo el diseño del edificio, sino también el costo final del proyecto.
DIAGNÓSTICOS, RIESGOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Los términos de referencia fijan una serie de estudios indispensables para validar la factibilidad de la obra. El consultor deberá comenzar por un diagnóstico profundo de las condiciones actuales de los juzgados especializados. Para ello, deberá visitar los órganos jurisdiccionales, identificar problemas de funcionamiento, evaluar demandas de servicio y revisar la estructura de atención a víctimas.
La metodología deberá incluir la definición del área de influencia, un árbol de problemas y un conjunto de alternativas de solución. El estudio también deberá proyectar un análisis de oferta y demanda, para determinar si el edificio responde a las necesidades reales de la población atendida por los juzgados de femicidio y violencia contra la mujer.
En materia ambiental, la consultoría deberá elaborar un estudio de impacto que identifique los riesgos naturales y sociales del entorno. Esto incluye evaluar la vulnerabilidad del terreno, analizar la adaptación al cambio climático y plantear medidas de mitigación. El documento deberá incorporar, además, un análisis AGRIP, una herramienta para valorar riesgos físicos y sociales que puedan incidir en la seguridad o sostenibilidad del proyecto.
La exigencia de estudios topográficos, hidrogeológicos y geotécnicos apunta a determinar si el terreno —de 4 mil metros cuadrados— es apto para soportar una edificación de 11 niveles y 6 sótanos. Estas mediciones serán decisivas para definir el sistema constructivo, la cimentación y el diseño estructural del Centro de Justicia.
ANTEPROYECTO
El anteproyecto deberá desarrollar una propuesta arquitectónica moderna, funcional y adaptada a las necesidades de una justicia especializada en femicidio y violencia de género. La futura edificación deberá incluir espacios que garanticen accesibilidad universal, áreas de atención victimológica, salas de espera dignas y ambientes que favorezcan la privacidad y la seguridad de las víctimas.
El OJ exige también que el diseño incorpore criterios ambientales como ventilación natural, control bioclimático, manejo del ruido y aprovechamiento de la luz solar. Entre las premisas arquitectónicas figuran la integración paisajística, la definición de áreas verdes y la creación de una imagen institucional que represente al sistema de justicia.
En términos funcionales, el diseño deberá responder al diagnóstico elaborado por el consultor y mejorar las condiciones actuales de los órganos judiciales que serán trasladados al nuevo edificio. La propuesta deberá optimizar flujos de atención, movilidad interna, accesos diferenciados y medidas de seguridad.
NUEVO POLO JUDICIAL
El proyecto supone una inversión de largo aliento para el Organismo Judicial. Aunque el contrato adjudicado corresponde únicamente a la etapa de preinversión, los 31 mil 700 metros cuadrados previstos sitúan al futuro edificio como una de las infraestructuras judiciales más ambiciosas del país.
La consolidación de los juzgados especializados en violencia contra la mujer podría redefinir la atención a las víctimas, pero también plantea interrogantes sobre los costos de construcción, operación y mantenimiento. El consultor deberá presentar un cronograma físico-financiero, un presupuesto anual desglosado y los costos de sostenibilidad del edificio durante su vida útil.
Además, está obligado a entregar manuales de operación y mantenimiento, que detallarán desde el cuidado de los sistemas hidráulicos y eléctricos hasta las rutinas de conservación de la infraestructura.
SUPERVISIÓN DEL OJ
El contrato establece obligaciones estrictas para la empresa consultora. Galicia Castillo deberá aceptar la supervisión del OJ, coordinar reuniones mensuales, atender recomendaciones técnicas e informar sobre avances. Toda visita de campo deberá ser autorizada por el supervisor designado y realizarse en horario hábil.
El nivel de exigencia técnica refleja la intención del OJ de avanzar hacia una infraestructura especializada, aunque el proceso —como suele ocurrir en grandes proyectos estatales— dependerá de la continuidad administrativa y de la asignación presupuestaria futura.
De acuerdo con las bases de la licitación, la edificación se construiría en la 24 calle 22-70 de la zona 12, entre la avenida Petapa y la calzada Atanasio Tzul, donde compartiría terreno con la llamada Ciudad Científica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la Dirección General de Energía y el Ministerio de Economía.
En comunicación con La Hora, Galicia Castillo indicó que atendería a este medio, no obstante, tras una segunda llamada realizada no se obtuvo una respuesta. De enviarse algún comentario en relación con el trabajo se añadirá en este espacio.
IDEA NO ES NUEVA
La idea de concentrar en un solo complejo los órganos especializados en femicidio no es nueva. En 2017, el Organismo Judicial comenzó a explorar alternativas para reunir juzgados y tribunales dispersos en toda la ciudad. En ese momento, la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) cedió temporalmente el antiguo edificio de El Gráfico, un inmueble vinculado a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, actualmente sometido a un proceso de extinción de dominio. La intención era que ese espacio, con más de seis niveles, se convirtiera en la sede unificada de la justicia especializada.
Ocho años después, el edificio está lejos de cumplir esa función. Solo alberga al Tribunal Segundo de Sentencia especializado en femicidio, al Juzgado y Tribunal contra la Trata de Personas y, más recientemente, a las oficinas de Recursos Humanos del OJ. El resto de los espacios permanece vacío o sin adaptación definitiva, a la espera de una definición jurídica sobre su futuro.
La dispersión continúa. Actualmente, los juzgados especializados en femicidio del departamento de Guatemala operan en dos sedes distintas: el histórico Centro de Justicia de Femicidio y Violencia contra la Mujer, ubicado en la diagonal 6 de la zona 10, y el edificio cedido por Senabed. Los juzgados de Familia, por su parte, funcionan en el Edificio Lucky, en la sexta avenida y sexta calle de la zona 1, un espacio saturado, pensado originalmente para oficinas privadas y no para atender el flujo diario de usuarios del sistema judicial.
De las tres infraestructuras, solo una —el inmueble de El Gráfico— no pertenece de forma directa al Organismo Judicial. Esa condición jurídica mantiene al OJ en una posición frágil: si el proceso de extinción de dominio no concluye en favor del Estado, la institución estaría obligada a devolver el edificio, retirar a los juzgados que operan allí y reubicar incluso a su personal administrativo.
La posibilidad de un traslado forzoso revive la necesidad de apostar por infraestructura propia, planificada y sostenible, una deuda que el proyecto del nuevo Centro de Justicia busca saldar.
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