En una maratónica jornada, el pasado martes 25 de noviembre, el Congreso de la República aprobó un artículo en la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026 con el que autorizó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para que continúe comprando medicinas y equipo médico con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y otras entidades internacionales.
La aprobación de la medida se da en medio de las acusaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por José Rafael Curruchiche, por supuestas irregularidades en el convenio que firmó la cartera de Salud con UNOPS.
De acuerdo con el fiscal Curruchiche, entre las irregularidades encontradas dentro del caso figura que el Congreso de la República debió haber autorizado el convenio con UNOPS para la compra de medicamentos.
AUTORIZA COMPRA CON UNOPS
Durante la noche del pasado martes 25 de noviembre y la madrugada del día siguiente, el Congreso de la República aprobó un paquete de leyes, que incluyó cinco préstamos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco de Interamericano de Desarrollo por USD 1 mil 350 millones y el Presupuesto para 2026 por Q163 mil 469 millones 328 mil 675.
En el Presupuesto General de la Nación para 2026, el Congreso aprobó el artículo 25 que establece el “acceso a medicamentos, productos farmacéuticos, equipo médico e insumos para atención en salud”.
La medida establece que el MSPAS deberá priorizar la compra o adquisición de medicamentos, productos farmacéuticos, equipo médico e insumos, a través de convenios con UNOPS, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), agencias del Sistema de Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica.
También, la ley indica que la adquisición de productos medicinales y farmacéuticos, útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgico de laboratorio, mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio deberá incluir la adquisición de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), para la prevención del cáncer cérvico-uterino.
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Agrega que los medicamentos y equipo deberán tener costos accesibles, de buena calidad y tendrán que ser entregados con plazos no menores de 18 meses antes de su vencimiento, contados a partir de la recepción del producto.
“Los convenios podrán suscribirse durante el ejercicio fiscal vigente, los cuales se regirán por las normas de tales organismos internacionales bajo la estricta responsabilidad de las entidades”, indica la normativa.
Al mismo tiempo, el artículo agrega que las compras serán exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Añade que el pago podrá realizarse en forma de anticipos y de convenir a los intereses del país, podrá anticiparse hasta por el total del convenio firmado, siempre y cuando la entidad cuente con la disponibilidad financiera, y resalta que estos anticipos podrán liquidarse durante el ejercicio fiscal de 2026 y el año posterior.
“Las adquisiciones a nivel nacional podrán realizar exclusivamente, cuando se garantice menor costo, de igual calidad y plazos de por lo menos dieciocho (18) meses de fecha de vencimiento, contados a partir de la recepción del producto, que los medicamentos que se adquieren a través de organismos internacionales o regionales”, detalla.
FECI DIJO QUE SE DEBIÓ APROBAR POR EL CONGRESO
El pasado martes 21 de octubre, la FECI dio a conocer el caso por supuestas irregularidades en el convenio entre UNOPS y el MSPAS para la compra de medicamentos y equipo para el sistema de salud, por el cual, solicitó la captura del exministro de Salud, Óscar Cordón, y requirió el retiro de la inmunidad del actual ministro, Joaquín Barnoya.
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El jefe de la FECI resaltó que se presentaron tres denuncias por la firma del convenio entre el exjefe de Salud, Óscar Cordón, y Andrea Calvaruso, director de UNOPS en Guatemala, con el que se destinaron USD 943 millones 944 mil 460, es decir más de Q7 mil 274 millones.
Por ello, el Ministerio Público (MP) solicitó un informe a la Contraloría General de Cuentas (CGC) sobre la suscripción del memorándum del convenio entre UNOPS y el MSPAS, en el que aseveran se estableció que el exministro de Salud se atribuyó funciones del Congreso y sin contar con los fondos disponibles para los pagos.
En línea de lo anterior, Curruchiche recalcó que el convenio debió haberse firmado con el Congreso de la República y no el MSPAS.
El jefe de la FECI aseguró que en una de las acusaciones se aseguró que el presidente Bernardo Arévalo se benefició del apoyo de entes internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU), el partido Demócrata de Estados Unidos y la Unión Europea, por lo que se firmó un “convenio lesivo para los intereses del Estado”.
Por este caso, el juez A del Juzgado Noveno Penal, Guillermo Luna, ligó a proceso penal al jefe de presupuesto del MSPAS, Luis Felipe Luna, por el delito de falsedad ideológica y al director administrativo de la cartera, Edwin Romeo Sican por el delito de peculado por sustracción.
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