Más de un año después de que entró en vigencia la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) adjudicó los primeros proyectos de mantenimiento de carreteras utilizando la modalidad especial de licitación por emergencia contemplada en esa normativa.
Una herramienta tecnológica utilizada por La Hora, que se alimenta de datos de Guatecompras, detectó los primeros contratos otorgados para la atención de tramos en rutas centroamericanas, por un monto total de Q290.81 millones, sin incluir los convenios de supervisión.
Las obras abarcan 69.58 kilómetros de carreteras en Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango y Guatemala, y deberán ejecutarse entre marzo y noviembre de 2026.
De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), estos son los primeros concursos que se realizan aplicando el artículo 95 del Decreto 29-2024, normativa aprobada por el Congreso para agilizar intervenciones en rutas consideradas prioritarias por su impacto en la economía del país.
Proponen acciones para concretar la aplicación de la ley de infraestructura vial prioritaria
LOS PROYECTOS ADJUDICADOS
El primer contrato corresponde al mantenimiento de 19.88 kilómetros en Santa Rosa, en el tramo que conecta el puente El Jobo con la bifurcación hacia Taxisco y el desvío a Chiquimulilla, sobre la CA-02 Oriente. El proyecto fue adjudicado a Multiservicios el Gran Jaguar, S. A., por Q84.5 millones, mientras que la supervisión quedó a cargo de la empresa Construambi, por Q3.19 millones.
La segunda obra es para la reparación de 27 kilómetros entre Pologuá y Chiquibal, en la CA-01 Occidente, entre Totonicapán y Quetzaltenango, trabajos que realizará la firma Mantenimiento Vial y Construcción, S. A., por Q105.73 millones. La supervisión fue adjudicada a Constructora CADSYC, por un costo de Q4.24 millones.
El último tramo adjudicado hasta ahora es de 22.7 kilómetros entre el departamento de Guatemala y Santa Rosa, en la ruta que conecta Fraijanes, Santa Elena Barillas y Pueblo Nuevo Viñas. El contrato se le otorgó a Proyectos Generales y Construcciones, S. A., por Q100.58 millones y la supervisora a cargo será Vialsa, S. A., la cual cobrará Q3.97 millones.
Las tres obras deberán ejecutarse entre el 16 de marzo y el 16 de noviembre de 2026, y cuentan con un dictamen de riesgo emitido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
La institución recomendó realizar trabajos de ampliación, rehabilitación y mantenimiento en esas vías, tras evaluar aspectos como daños en su estructura y la carga vehicular que registran.
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ATENDERÁN MÁS TRAMOS
Esos no son los únicos proyectos que se busca ejecutar mediante licitaciones de emergencia. Otros concursos relacionados con esta modalidad de contratación aún están en evaluación.
Entre ellos se encuentra el mantenimiento de 26.6 kilómetros en Baja Verapaz, entre la bifurcación de La Cumbre, el desvío de Chagüite y la estación Niño Perdido.
En este proceso se presentó una única empresa interesada: SICA, con una oferta de Q105.26 millones. La supervisión del proyecto también se encuentra en evaluación, con Constructora P & O como único participante, por Q3.9 millones.
Además, este 17 de marzo cerrará la recepción de ofertas para el mantenimiento de las siguientes rutas:
- 29.05 kilómetros entre la bifurcación de Río Hondo y el desvío a Gualán, en Zacapa.
- 34.29 kilómetros en la ruta El Ingeniero – Vado Hondo – Quezaltepeque, en Chiquimula.
- 20.5 kilómetros entre Escuintla y la bifurcación hacia Siquinalá.
En todos los casos también se licita la supervisión de las obras.
CIV: MODALIDAD PERMITIRÁ AGILIZAR PROYECTOS
Ana Luisa Olmedo, vocera del CIV, confirmó que estos concursos son los primeros procesos licitados utilizando la modalidad de emergencia prevista en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. También explicó que, aunque la normativa estaba vigente desde el año pasado, existían problemas administrativos que impedían aplicar este mecanismo, los cuales ya fueron resueltos.
Uno de los aspectos pendientes era la elaboración de lineamientos, lo que se solucionó con la Guía para la Modalidad Especial de Licitación por Emergencias (MELE), contenida en el Acuerdo Ministerial 168-2026.
Según Olmedo, aplicar este mecanismo permitirá agilizar trabajos en carreteras consideradas prioritarias por el Congreso, así como atender daños que puedan surgir durante la época lluviosa. La portavoz agregó que cada uno de los tramos licitados cuenta con un dictamen técnico de Conred, cuyos especialistas evaluaron el estado de las carreteras y el volumen de tránsito para determinar el nivel de riesgo.
Cada uno de los tramos que se pretende intervenir forman parte de carreteras centroamericanas, las cuales fueron incluidas como prioritarias en el artículo 87 del Decreto 29-2024. En ese apartado se establece la obligatoriedad de ampliarlas, rehabilitarlas, darles mantenimiento y garantizar su operación.
PRIMEROS EVENTOS SE DECLARAN DESIERTOS
Según el reporte generado de Guatecompras, Covial no ha logrado adjudicar todos los eventos publicados en la modalidad de emergencia. Hay varios de ellos que no despertaron el interés de ninguna constructora, por lo cual se declararon desiertos:
- mantenimiento de 39.2 kilómetros entre Retalhuleu y Quetzaltenango
- mantenimiento de 23.5 kilómetros entre el límite de Totonicapán, Huehuetenango y Quetzaltenango
- mantenimiento de 27.97 kilómetros entre Chiquimulilla, el puente Las Margaritas y Las Lisas, en el corredor Santa Rosa-Jutiapa
ASÍ FUNCIONA LA MODALIDAD DE EMERGENCIA
El artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria permite aplicar una modalidad especial de licitación por emergencia durante los primeros 36 meses de vigencia de la ley, para contratar trabajos de reconstrucción, remozamiento, limpieza, mitigación de riesgos y medidas correctivas en carreteras.
Pero para activar al mecanismo hay requisitos específicos:
- informe de riesgo emitido por Conred
- aval de la Dirección General de Caminos
- aprobación del ministro de Comunicaciones
A diferencia de los procesos ordinarios, los criterios de adjudicación priorizan rapidez de la intervención, calidad de la solución y precio de la oferta, según el decreto en mención.
Diputados de distintas bancadas exigieron al CIV desde el año pasado aplicar el citado artículo para agilizar la atención de vías que presentan diversos grados de afectación por la falta de mantenimiento; sin embargo, la ausencia de lineamientos impedían implementar la medida.
Las carreteras que serán atendidas con la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria
UNA LEY CON DIFICULTADES PARA IMPLEMENTARSE
Las dificultades en torno a la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, aprobada en noviembre de 2024 y vigente desde enero de 2025, ya habían sido alertadas por autoridades del CIV y del Ministerio de Finanzas Públicas.
En febrero pasado, el titular de la cartera del Tesoro, Jonathan Menkos, señaló que la normativa «contiene errores» que han complicado su aplicación y que la institución creada por la ley, la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), aún no tiene capacidad para ejecutar obras.
Debido a esta situación, Q1 mil 700 millones que estaban asignados a la DIPP para este año fueron trasladados a otras dependencias del Ministerio de Comunicaciones, entre ellas la Dirección General de Caminos y Covial, para que a través de ellas se ejecuten los proyectos que se han considerado más urgentes.
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