El caso de las demandas laborales por parte de funcionarios contra el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) suma un nuevo actor. A la ministra Norma Zea y al viceministro de Infraestructura, Pedro Martínez, se añade ahora el viceministro de Comunicaciones, José Raúl Solares Chiu, quien tiene activo un proceso por prestaciones, tras su salida de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).
La revelación amplía el alcance de una controversia que, en días recientes, ya había encendido el debate ético y legal por el hecho de que altos funcionarios del CIV tengan litigios contra la misma entidad donde son jefes.
RECLAMA MAL CÁLCULO EN LIQUIDACIÓN
A través de la unidad de Comunicación Social del CIV, Solares Chiu indicó que su proceso contra la cartera se inició en febrero de 2018, luego de que concluyera su relación con la SIT, donde fungió como superintendente durante casi dos años.
Según dijo, la demanda se originó debido a que no se calculó adecuadamente el monto que le correspondía en su liquidación, tras dejar el cargo.
“La acción se promovió exclusivamente por una diferencia en el cálculo de mis prestaciones laborales. Ese proceso fue resuelto judicialmente, declarándose sin lugar parcialmente mi pretensión y reconociéndose únicamente 15 días que no habían sido incorporados al cálculo original”, indicó.
El viceministro sostuvo que se trató de una “controversia puntual», y confirmó que el litigio está activo. Hasta el momento, se desconoce la cifra que reclama.
DE SUPERINTENDENTE A VICEMINISTRO
Solares Chiu fue juramentado como superintendente de Telecomunicaciones el 22 de abril de 2016, en el gobierno de Jimmy Morales, y permaneció en el cargo poco más de 20 meses.
De acuerdo con información pública de oficio, al momento de dejar el puesto devengaba un salario aproximado de Q29 mil 900 mensuales, incluyendo bonificaciones y complementos. Como ejerció funciones bajo el renglón 011, obtuvo la respectiva liquidación, pero posteriormente inició un reclamo judicial por un supuesto error en el cálculo de sus prestaciones.
Años después, en julio de 2024, asumió como viceministro de Comunicaciones, durante la gestión de Félix Alvarado. Para entonces, su demanda estaba en curso.
Aunque en noviembre de ese mismo año anunció su renuncia junto al entonces ministro, esta no se concretó. Desde entonces ha sido ratificado en el cargo por las autoridades que han dirigido el CIV, incluida la actual ministra, Norma Zea.
TRES FUNCIONARIOS CON DEMANDAS ACTIVAS
La demanda de Solares Chiu contra el CIV trasciende semanas después de que se conocieron las acciones legales interpuestas por Zea y Martinez, quienes exigen el pago de indemnización y prestaciones por varios años que trabajaron con contratos 029, los cuales, en teoría, no generan relación de dependencia entre el trabajador y el patrono.
El punto en común entre los tres funcionarios es que el reclamo ocurre mientras ejercen cargos de jefatura dentro del mismo ministerio al que demandan. Esto ha generado cuestionamientos por un posible conflicto ético e incumplimiento de una disposición constitucional, en el caso puntual de la ministra.
Vicio redondo: el Estado pagó Q724 millones en demandas laborales; 79 casos superan el millón
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), advirtió que en estos casos hay una doble condición: son funcionarios y demandantes del Estado al mismo tiempo.
A su criterio, esto podría configurar una incompatibilidad, especialmente en el caso de Norma Zea, a la luz del artículo 197 de la Constitución. Ese apartado, en su literal «c», estipula como impedimento para ser ministro tener reclamaciones pendientes contra el Estado derivado de contratos.
El experto reconoció que accionar por la vía judicial por el pago de prestaciones es un derecho de todos los trabajadores; sin embargo, remarcó que «el problema en estos casos es la coexistencia de ambas condiciones —ser patronos y demandantes—”. En ese marco, opinó que «como ya se dio una incompatibilidad, debería haber una destitución inmediatamente».
«NO SE PUEDE TENER DOS SOMBREROS AL MISMO TIEMPO»
Quien también se refirió a un posible conflicto de intereses en estos casos fue el exministro de Trabajo, Luis Felipe Linares. “No se puede estar litigando contra el ministerio y al mismo tiempo dirigirlo”, señaló.
El exfuncionario coincidió con Quezada en que «hay una incompatibilidad» en la combinación de ser demandante y patrono de la misma institución. Según su análisis, tanto la ministra como los viceministros tendrían que elegir entre desistir de su demanda o renunciar al cargo que ocupan actualmente para terminar con el «conflicto ético en el que se encuentran».
“Lo más lógico, si quiere seguir en el puesto, es retirar la demanda. No se pueden tener dos sombreros al mismo tiempo”, afirmó el entrevistado.
Zea fue cuestionada al respecto durante una conferencia de prensa brindada en el Palacio Nacional de la Cultura, y expresó: «el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no es el juzgado ni la sala para decidir sobre mis pretensiones, ya que estas decisiones corresponden en forma exclusiva y excluyente a los órganos jurisdiccionales correspondientes».
Además, dijo desconocer el artículo 197 de la Constitución Política de la República, el cual se refiere a los impedimentos para ser ministro.
#AhoraLH | Ante las demandas presentadas por parte de la ministra Zea al Estado, esta responde que la cartera de Comunicaciones no es el juzgado que debe resolver sus demandas individuales..
: Kenneth Jordan/LH
: José Orozco/LH pic.twitter.com/0YaATO4faJ
— Diario La Hora (@lahoragt) April 13, 2026
LA POSTURA DEL EJECUTIVO
Ante la ampliación del caso, La Hora preguntó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia si el mandatario Bernardo Arévalo tenía conocimiento de que Solares Chiu había promovido una demanda laboral antes de su nombramiento como viceministro.
También se solicitó una postura institucional sobre una posible implicación legal en el hecho de que tres funcionarios del CIV —incluida la ministra— hayan impulsado procesos contra el Estado por prestaciones laborales y sigan en los cargos. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.
No obstante, en una respuesta anterior, cuando se conocieron los litigios de Zea y Martinez, el Ejecutivo hizo ver que «los procesos laborales que tienen el viceministro de Infraestructura y la ministra de Comunicaciones responden a un derecho que tienen todas las personas trabajadoras a reclamar prestaciones que por ley son irrenunciables«.
Asimismo, negó que existiera un conflicto de interés o incompatibilidad entre las funciones que ellos desempeñan y sus respectivas demandas. También descartó la posibilidad de separarlos de los puestos que ocupan.
COMPARAN CASOS CON EXALCALDE QUE PIDIÓ LIQUIDACIÓN
Pese a tal postura, los casos de estos funcionarios han generado diversos comentarios también en las redes sociales. Algunos internautas los han comparado con el exalcalde de Santa Catarina Pinula, José Antonio Coro, quien en 2015 gestionó y recibió una millonaria indemnización por el tiempo en que fungió como jefe edil.
El caso, que no solo implicó a Coro sino también a la corporación municipal que autorizó su liquidación por Q3.4 millones, llegó incluso a los tribunales, por cargos como peculado. No obstante, tras una larga batalla legal, el exalcalde salió favorecido.
En marzo pasado, la Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo provisional solicitado por la Fiscalía contra la Corrupción que buscaba reactivar el proceso penal.
Allanan Municipalidad de Santa Catarina Pinula por indemnización a Tono Coro
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
Más allá de los casos individuales, expertos en Derecho Laboral han señalado que la mayoría de litigios de extrabajadores contra el Estado tiene su origen en el uso extendido de esquemas de contratación como el renglón 029, que en la práctica ha derivado en relaciones laborales sin reconocimiento de prestaciones.
Datos del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin) reflejan que solo en el último año salieron más de Q724 millones de las arcas públicas para pagar prestaciones, indemnizaciones y salarios caídos, por órdenes judiciales.
No obstante, la incorporación de Solares Chiu al grupo de funcionarios que han recurrido en demandas de este tipo refuerza el debate que se ha abierto en torno a los límites entre el derecho individual a reclamar derechos laborales y las obligaciones éticas y legales de quienes ejercen funciones públicas. Así lo manifestaron los analistas entrevistados.
Mientras las discusiones continúan en distintas tribunas, hoy por hoy en un mismo ministerio hay tres funcionarios con diferentes niveles de responsabilidad que litigan en los tribunales en busca de compensaciones por contratos anteriores.
The post Son tres: otro viceministro del CIV tiene demanda por prestaciones laborales contra la cartera donde es jefe appeared first on La Hora.
