Mientras que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirma a La Hora que mantiene sus observaciones sobre Guatemala recogidos en su último Informe de Seguimiento de GAFILAT sobre el país publicado en 2018, tras la Evaluación Mutua de 2016, el Congreso mantiene entrampada la iniciativa 6593 en medio de negociaciones políticas que incluyen reformas a la Ley del Ministerio Público (MP) y a la Ley de Extinción de Dominio.
Consultados por la vía electrónica, la oficina de prensa del GAFI indicó que la institución no puede ofrecer comentarios sobre una jurisdicción fuera de sus procesos formales de evaluación y revisión, sin embargo, confirmó a #LHEconomía que la próxima evaluación de Guatemala sigue programada para 2028 y será dirigida por el organismo regional al estilo GAFI, GAFILAT, del que es miembro.
El GAFI es la entidad que lidera la acción global para combatir el blanqueo de capitales, el terrorismo y la financiación de la proliferación, y dejó claro que mantiene sus observaciones sobre Guatemala en la última evaluación.
El último Informe de Seguimiento de GAFILAT sobre Guatemala, publicado en 2018, dibuja un diagnóstico claro: el país cuenta con herramientas para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero aún arrastra vacíos que lo ponen en riesgo frente a los estándares internacionales.
Es decir, la estructura existe y fue reconocida por los evaluadores. Con base en el documento, el problema está en la actualización. El informe señala que la legislación vigente no cumple plenamente con las 40 Recomendaciones del GAFI actualizadas a 2012.
SIB: LEGISLACIÓN ACTUAL NO ES SUFICIENTE
En una entrevista con LaHora.gt el equipo técnico de la SIB dijo sin rodeos: la normativa actual contra lavado y financiamiento del terrorismo permitió avances, pero ya no alcanza. Tiene casi 25 años y nació en un contexto financiero distinto.
Los técnicos explican que desde la Evaluación Mutua de 2016, GAFILAT marcó brechas y GAFI actualizó sus 40 recomendaciones. El resultado: Guatemala hoy incumple estándares en cinco frentes que solo se cierran con ley.
¿Cuáles son? Beneficiario final sin transparencia; APNFD (actividades y profesiones no financieras designadas) como abogados, notarios y proveedores de cripto; sanciones financieras por terrorismo y proliferación a medio implementar; debida diligencia sin enfoque basado en riesgo; y tipificación del financiamiento del terrorismo que no calza con lo internacional.
La SIB resume el problema en términos prácticos: actualmente existen limitaciones para identificar quién está realmente detrás de una empresa, supervisar operaciones con criptoactivos o congelar activos de manera oportuna.
La superintendencia detalla por qué la Iniciativa 6593 es clave para evitar la lista gris del GAFI. No actualizar la ley no solo deja huecos peligrosos, sino encarecería remesas, deuda y crédito PYME. El GAFI confirma a La Hora que el tiempo corre hacia la evaluación de 2028.
ADVERTENCIA
La iniciativa 6593 ya cuenta con dictamen favorable, superó tres debates y tiene un texto consensuado en comisión. Sin embargo, la SIB advierte que las áreas críticas identificadas por GAFI no pueden resolverse únicamente vía reglamento.
La entidad reconoce que, aunque trabaja en una ruta de “mínimos” para actualizar controles administrativos y prudenciales, existen aspectos que solo pueden modificarse mediante ley, entre ellos la tipificación del financiamiento del terrorismo conforme estándares internacionales, la incorporación de abogados y notarios al régimen antilavado y la creación de sanciones financieras efectivas.
Según la SIB, caer en la lista gris tendría consecuencias directas sobre corresponsalías bancarias, cartas de crédito, remesas y tasas de interés para empresas y familias.
La advertencia, sostiene la entidad, ya no es únicamente sobre cumplimiento técnico. El riesgo es que la falta de actualización legal termine trasladándose al bolsillo de los guatemaltecos mediante un encarecimiento silencioso del crédito, las importaciones y las remesas.
DETALLE DEL PLAN B
La SIB ya tiene ruta de “mínimos” vía reglamento, si la ley no avanza: mantener COPRECLAFT (Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala) por Acuerdo Gubernativo; meter a proveedores de cripto y loterías por reforma al artículo 5 del reglamento de la Ley del 2001 de Antilavado; actualizar normativa prudencial para enfoque basado en riesgo y debida diligencia a PEP (Personas Expuestas Políticamente) y contratistas del Estado.
Pero hay un muro: cuatro cosas solo cambian con ley. Tipificar lavado y financiamiento del terrorismo según estándares internacionales; incluir abogados y notarios; régimen sancionatorio efectivo, proporcional y disuasorio; y sanciones financieras dirigidas con congelamiento preventivo sin responsabilidad para quien lo aplica.
«Sin eso, las calificadoras de riesgo ven desconfianza. Y sin grado de inversión, el crédito es más caro para todos», explica el equipo técnico de la SIB.
En su reporte, el GAFI señala que caer en la “lista gris” significa pérdida de corresponsalías bancarias, encarecimiento de cartas de crédito, remesas y deuda externa. En la práctica, un downgrade (degradación) de la deuda soberana se traduce en tasas de interés más altas para empresas y familias.
EL PAPEL DE LA IVE
Los técnicos de la SIB se refirieron, a manera de otro ejemplo sobre la necesidad de la ley, sobre el papel de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Explicaron que hoy opera solo en ámbito administrativo. Eso significa que no puede sanciona testaferros ni tipologías nuevas. Tampoco puede supervisar Proveedores de Servicios de Activos Virtuales porque la ley no los nombra Personas Obligadas.
Agregan que los Reportes de Transacciones Sospechosas no se “desestiman”: si no hay indicios, quedan en “guarda activa” esperando más datos. Sin base legal, “la IVE analiza, pero no muerde”
Según la SIB, el GAFI exige resultados efectivos, no papel. ¿Qué pasa si se falla? Los entrevistados afirman que el impacto es multidimensional y depende de cómo reaccionen bancos corresponsales, calificadoras e inversionistas.
LA TRAMPA EN EL CONGRESO
El 15 de mayo concluye el primer periodo ordinario de sesiones de 2026, por lo que la actividad legislativa disminuirá durante varias semanas. Sin embargo, el presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró que buscará dejar aprobada la iniciativa 6593 antes de ese receso.
Contreras informó que la propuesta será incluida nuevamente en la agenda de la plenaria del 12 de mayo para discutirla por artículos y en redacción final.
“Queremos estar dentro del régimen internacional de temas económicos, no queremos ser vetados en la lista gris o negra, queremos proteger nuestras remesas”, afirmó el presidente del Legislativo este 7 de mayo.
El diputado reconoció que existen conversaciones con distintas bancadas y señaló que, aunque la mayoría de legisladores le han expresado respaldo a la ley, continúan las negociaciones políticas alrededor de la iniciativa.
La discusión de la ley antilavado se mezcló con demandas impulsadas por facciones de al menos cinco bloques legislativos, que condicionaron su aprobación durante la plenaria del 5 de mayo a reformas paralelas.
Entre los cambios planteados figura modificar la Ley del MP para que el presidente de la República pueda destituir al fiscal general, así como reformar la Ley de Extinción de Dominio para impedir que propiedades vinculadas a procesos por lavado de dinero sean extinguidas antes de existir una sentencia firme.
Las negociaciones involucran a diputados de las bancadas Cabal, UNE, Todos, Valor y Vamos, según reportó La Hora.
Contreras defendió las discusiones y aseguró que los diputados tienen derecho a expresar dudas sobre una normativa que calificó como “compleja”. También indicó que la junta directiva continuará agendando la iniciativa las veces que sea necesario hasta lograr consensos.
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