La Fiscal General, María Consuelo Porras, consolidó durante su gestión una estructura interna cimentada en la lealtad política dentro del Ministerio Público (MP), al promover y sostener en puestos de jefatura a fiscales señalados por perseguir a operadores de justicia, periodistas y actores que investigaron la corrupción de los últimos gobiernos, mientras, en paralelo, favoreció con sus decisiones a implicados en tramas de corrupción.
Bajo su administración, fiscales alineados con la estrategia institucional de persecución penal selectiva no solo evitaron sanciones internas, sino que fueron recompensados con jefaturas de fiscalías estratégicas. Esta política se desarrolló en paralelo a denuncias de organizaciones nacionales e internacionales que alertaron sobre el debilitamiento de fiscalías clave en la lucha contra la corrupción, en contraste con el respaldo otorgado a funcionarios cuestionados.
Varios de estos fiscales, algunos sancionados internacionalmente por acciones consideradas antidemocráticas, encabezaron investigaciones contra el ahora presidente Bernardo Arévalo cuando aún era candidato, impulsaron órdenes de captura contra jueces y fiscales que hoy permanecen en el exilio, y promovieron acciones que organismos independientes calificaron como intentos de subvertir el orden democrático tras las elecciones de 2023.
El señalamiento ha sido reiterado por instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras su visita in loco en diciembre advirtió que la criminalización en Guatemala se ha extendido desde que Porras asumió. Según el organismo, la actual administración no solo debilitó estructuras como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), sino que reorientó su actuación para proteger el statu quo y perseguir a quienes lo cuestionan.
Estos son algunos de los fiscales y jefes de fiscalía que, bajo la gestión de Porras , fueron ascendidos o se mantuvieron en puestos clave dentro del MP.
RAFAEL CURRUCHICHE
Rafael Curruchiche asumió la jefatura de la FECI en 2021, tras la destitución de Juan Francisco Sandoval ordenada por Porras. Llegó a una unidad que acumulaba algunos de los casos más emblemáticos contra la corrupción, pero buena parte de esas investigaciones terminó archivada por resoluciones judiciales cuestionadas, que beneficiaron a políticos como Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, Gustavo Alejos y Sandra Torres.
Desde la FECI, Curruchiche también dirigió actuaciones que le acarrearon 42 sanciones internacionales, en el contexto de los intentos por invalidar los resultados de las elecciones generales de 2023 y frenar la toma de posesión de Bernardo Arévalo.
En paralelo, mantuvo sin avances sustantivos durante más de dos años la investigación sobre la compra de vacunas Sputnik V contra la covid-19, pese a que Estados Unidos sancionó a Miguel Martínez, pareja del entonces presidente Alejandro Giammattei, por presuntos sobornos relacionados con ese contrato. Hace semanas, el fiscal aseguró que no existen indicios para investigar a ambos y redujo el caso a un asunto de carácter administrativo.
La gestión de Curruchiche también estuvo marcada por la persecución a la prensa. Bajo su dirección, la FECI consiguió la captura del periodista Jose Rubén Zamora y abrió investigaciones contra reporteros de elPeriódico por su labor informativa. Asimismo, la fiscalía promovió órdenes de captura contra Sandoval y contra el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, así como contra la actual fiscal general de Colombia Luz Adriana Camargo. Aunque dichas órdenes fueron inicialmente autorizadas, la Cámara Penal las declaró ilegales y ordenó su anulación.
CINTHIA MONTERROSO
Cinthia Monterroso pasó de ser una de las figuras más visibles de la FECI a ocupar una fiscalía regional por orden de Porras. En septiembre de 2023, en medio de las protestas que exigían su renuncia junto a la de la cúpula del MP por las acciones contra el proceso electoral, Porras la nombró fiscal regional IV Nororiente, con sede en Zacapa.
Monterroso adquirió protagonismo dentro de la FECI, especialmente por las diligencias impulsadas contra el partido Semilla tras la victoria electoral de Arévalo y Karin Herrera. Participó en allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), actuaciones que desataron fuertes críticas nacionales e internacionales por considerarse un intento de revertir los resultados de las urnas.
La fiscal también lideró en la FECI el caso contra el periodista Zamora, medio que posteriormente cerró operaciones denunciando una asfixia del MP. Monterroso fue denunciada en noviembre de 2019 por Sandoval ante la Fiscalía de Asuntos Internos tras detectar que habría utilizado su cargo para para indagar si el esposo de su amiga había enviado un arreglo floral a otra empleada del MP.
Por esas acciones, Monterroso fue sancionada por EE. UU. en la Lista Engel. Aun así, lejos de enfrentar consecuencias dentro del MP, la fiscal fue ascendida a una jefatura regional.
En 2021, la jueza Erika Aifán, entonces titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, la denunció por obstrucción de justicia y acusó a Monterroso de extraer evidencia de un expediente judicial. Las denuncias no avanzaron dentro del MP. Porras rechazó investigarla y, con el paso de los meses, Aifán —reconocida por resolver casos de corrupción y crimen organizado de alto impacto— terminó abandonando el país y exiliándose tras denunciar persecución en su contra.
LEONOR MORALES
Leonor Morales se convirtió en una de las fiscales de mayor confianza de Porras tras asumir un papel central en las investigaciones contra el partido Semilla. Pese a las sanciones internacionales que acumula —impuestas por más de 40 gobiernos—, Morales fue ascendida en 2025 a la jefatura de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas.
La Fiscalía que ahora dirige ha sido señalada por operadores de justicia y organizaciones de derechos humanos de garantizar impunidad en denuncias relacionadas con persecución política, amenazas y hostigamiento contra jueces, fiscales y otros funcionarios que investigaron corrupción en Guatemala. Aun así, Porras la colocó al frente de una unidad sensible dentro del MP, en línea con la política de respaldar a fiscales cercanos a la cúpula institucional.
Antes de su ascenso, defendió públicamente la tesis del MP sobre supuestas irregularidades en la constitución del partido Semilla y sostuvo que existieron anomalías en las elecciones generales de 2023, pese a que observadores nacionales e internacionales validaron los resultados.
En febrero de 2026, Morales volvió a colocarse en el centro de la polémica al dirigir un operativo durante las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para designar magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
La fiscal confirmó allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares dentro de los centros de votación, una actuación que fue interpretada por distintos sectores como una nueva intervención del MP en procesos considerados clave para el equilibrio institucional del país.
La Fiscalía bajo la dirección de Morales volvió a quedar bajo cuestionamientos en abril pasado, cuando intentó obtener una orden de captura contra Astrid Lemus horas antes de que asumiera como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. La solicitud, vinculada a la investigación sobre las elecciones del CANG, fue rechazada por el juez Carlos Toledo.
NOÉ RIVERA
Noé Rivera es uno de los últimos beneficiados con ascenso. Días atrás fue nombrado por Porras como fiscal Regional de Petén. Antes fue promovido a la jefatura de la Fiscalía de Derechos Humanos en diciembre de 2024, pese a figurar desde un año antes en la Lista Engel de EE. UU. por “socavar procesos e instituciones democráticas”.
Antes de asumir la Fiscalía de Derechos Humanos, Rivera dirigió la Fiscalía de Asuntos Internos, desde donde encabezó investigaciones contra exfiscales y operadores de justicia anticorrupción. EE. UU. lo sancionó por promover casos con motivaciones políticas contra los exfiscales exiliados Virginia Laparra y Sandoval, así como Stuardo Campo y la exmandataria de la CICIG, Claudia Gonzalez.
Su llegada a la Fiscalía de Derechos Humanos también generó cuestionamientos por el contexto en que ocurrió. Bajo la administración de su antecesor fueron anulados procesos emblemáticos relacionados con crímenes del conflicto armado interno, entre ellos el caso Creompaz y un nuevo juicio por el caso Genocidio. Ambas resoluciones beneficiaron al exgeneral Benedicto Lucas García, acusado en esos expedientes por violaciones graves a los derechos humanos.
SAÚL SÁNCHEZ
Saúl Sánchez se ha mantenido como uno de los jefes de fiscalía respaldados por Porras y tuvo un papel clave durante la crisis política de 2023, cuando el MP impulsó acciones contra el entonces presidente electo Arévalo y la vicepresidenta electa Herrera.
Desde la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Sánchez anunció solicitudes de retiro de inmunidad contra ambos, así como contra diputados de Movimiento Semilla y otros actores políticos, en una ofensiva paralela al caso Semilla promovido por la FECI.
La investigación, denominada “Toma Usac: Botín Político”, sostuvo la tesis de que la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) durante las protestas contra el fraude del rector Walter Mazariegos había servido como plataforma política para que el partido ganara votos.
Sánchez también ha tenido participación activa en procesos gremiales dentro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). El fiscal ha figurado como representante y fiscalizador de distintas agrupaciones de abogados en elecciones internas relacionadas con postulaciones a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y en procesos de integración de comisiones de postulación para cortes.
Ninguna de las planillas y grupos con los que ha participado logró imponerse en las votaciones.
RAÚL FIGUEROA
Raúl Figueroa asumió la jefatura de la Fiscalía contra la Corrupción tras la salida de Stuardo Campo, uno de los fiscales que investigó estructuras vinculadas a los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Campo terminó encarcelado en procesos impulsados por el propio MP, que él ha denunciado como parte de una persecución política derivada de sus investigaciones anticorrupción.
Desde la llegada de Figueroa, la Fiscalía contra la Corrupción dejó de impulsar casos de alto impacto relacionados con funcionarios de las administraciones anteriores.
Durante su gestión fueron desestimadas múltiples denuncias por presuntos actos de corrupción vinculados al gobierno de Giammattei, entre ellas el caso conocido como “Alfombra Mágica”, que señalaba al entonces presidente de haber recibido supuestos sobornos entregados dentro de una alfombra a cambio de favorecer una concesión portuaria en Santo Tomás de Castilla.
El MP cerró el expediente sin desarrollar mayores diligencias de investigación y argumentó que los hechos “quedaron en intención”, pese a los señalamientos divulgados inicialmente por Juan Francisco Sandoval y revelados por The New York Times.
La gestión de Figueroa también quedó bajo cuestionamientos judiciales. En 2024, el juez Erick Velásquez ordenó investigarlo tras detectar inconsistencias en una declaración que rindió en el juicio contra el fiscal anticorrupción Eduardo Pantaleón, en donde habría mentido para que fuera condenado.
DIMAS JIMENEZ
Dimas Jiménez se consolidó como uno de los hombres de mayor confianza de Porras dentro del MP. En enero de 2025, la fiscal general lo designó oficialmente como su sustituto temporal en caso de ausencia, suspensión o impedimento, una decisión que confirmó el peso político que había adquirido dentro de la institución desde finales de 2024.
Como fiscal regional de coordinación nacional, Jiménez incrementó su presencia en actividades públicas y conferencias del MP en medio de la crisis institucional.
Antes de fortalecer su posición dentro del MP, Jiménez intentó sin éxito convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 2024. Su candidatura recibió el respaldo de diputados señalados y sancionados internacionalmente, entre ellos Felipe Alejos y Boris España, aunque no consiguió los votos suficientes en el Congreso.
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