La misión de acompañamiento de la Unión Europea, la cual ha sido vigilante del proceso de la renovación de autoridades del sistema de justicia en el transcurso del año, se pronunció por la reciente toma de posesión del Fiscal General Gabriel García Luna.
Entre algunos de los puntos que enfatizaron los representantes de la comunidad internacional, se resaltó el cumplimiento de los plazos constitucionales, un nombramiento que constituye avances democráticos y de protección a derechos humanos, y una posibilidad de frenar las prácticas de criminalización discrecional que caracterizaron las dos gestiones de Consuelo Porras.
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«El cambio en el liderazgo (…) representa una oportunidad para poner fin a las prácticas de criminalización que han afectado, entre otros, a operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas, y otros representantes de la sociedad civil», reiteró en un boletín la misión internacional en representación de la UE.
En su comunicado, la Unión Europea destaca uno de los casos más recientes que nacieron tras las elecciones generales de 2023, la detención de las autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán. En su cargo dentro de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, ambos estuvieron al frente del paro nacional indefinido y desde hace más de un año continúan en prisión preventiva.
La #MisiónDeAcompañamiento de la UE saluda la toma de posesión del nuevo Fiscal General de Guatemala, Gabriel García Luna, y valora este nombramiento como un avance para el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.
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— Unión Europea en Guatemala (@UEGuatemala) May 17, 2026
«La Misión hace un llamado a que se revisen de manera objetiva los criterios aplicados en procesos penales cuestionados por claras arbitrariedades, (Pacheco y Chaclán) continúan sin acceso efectivo a recursos judiciales y enfrentan constantes retrasos injustificados en el desarrollo de sus audiencias», enfatizan.
La Misión de Acompañamiento exhorta al nuevo Fiscal General, Gabriel García Luna, a garantizar una gestión independiente, transparente, objetiva e imparcial, que se encamine a recuperar la confianza ciudadana del Ministerio Público. La gestión de Porras, según datos que ella sostiene, mantenía altos índices de satisfacción, pese al descontento ciudadano que quedó evidenciado con manifestaciones públicas.
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