La Comisión Permanente del Congreso de la República se reunirá por tercera ocasión con los jefes de bloque para firmar los consensos a enmiendas que impulsaron la alianza de oposición a la ley contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo.
Diputados de las bancadas Vamos, Valor, UNE y Cabal presentaron ocho cambios a la iniciativa de ley 6593 de último momento, lo que aplazó su aprobación final. Por lo tanto, el presidente del Organismo Legislativo, Luis Contreras, convocó a dos reuniones a los jefes de bloque para lograr consensos junto con la Superintendencia de Bancos (SIB).
Este 25 de mayo, los legisladores discutieron las cuatro enmiendas más complicadas que impedirían la aplicación de la ley contra lavado de dinero. Entre esos cambios están el artículo 8 del proceso de administración del riesgo, el 73 del delito de lavado de dinero u otros activos y el artículo 74 que contempla la autonomía del delito de lavado de dinero u otros activos.
«Los artículos 73 y 74 no los podemos tocar. Los tenemos que aceptar, es lo que quiere la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)», respondió Contreras cuando se le preguntó si los diputados aceptarían las observaciones de la SIB respecto a las enmiendas que cambiarían dichos artículos.
El titular del Organismo Legislativo espera que en la reunión del 1 de junio, previa a la plenaria del 2 del próximo mes, se firmen las enmiendas a las que lograron consensos «bastante racional», ya que no quieren afectar la normativa, pues no pretenden «meter» enmiendas que desautoricen la ley con los organismos internacionales.
Durante la reunión de este lunes, algunos diputados recriminaron a sus colegas por brindar información a los medios de comunicación sobre lo que se discute en el Salón del Pueblo, ya que Contreras indicó que «todo lo ponen en Twitter» y lo comparten con los reporteros.
EXPLICAN CAMBIOS Y RECHAZOS
Al presidente del Congreso lo acompañó el titular de la comisión de Economía y Comercio Exterior, Jorge Ayala, quien explicó lo discutido sobre las ocho enmiendas que impulsan varios diputados.
De acuerdo con algunos participantes de esa reunión, los diputados que no aceptan las observaciones de la SIB a sus enmiendas son Elmer Palencia de Valor, Allan Rodríguez de Vamos, Cornelio García de Todos y Alexandra Ajcip, que ahora forma parte del partido Bienestar Nacional, pero sigue en representación de Comunidad Elefante.
Ayala explicó que de las ocho enmiendas discutidas con la SIB, dos tuvieron viabilidad parcial y tres viabilidad completa, pero en tres artículos no se deben promover cambios, como se dictaminó en la mesa de trabajo.
Las enmiendas con aceptación parcial son al artículo 2, que son definiciones; al 25, que es de Personas Expuestas Políticamente (PEP); y aquellos en que se consideran que técnicamente pueden implementarse son 52, funciones y atribuciones de la SIB y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), y al 83 de otros responsables.
«No pudiéndose encontrar acuerdos para el artículo 8, proceso de administración del riesgo; 73 del delito de lavado de dinero u otros activos; y 74 autonomía del delito», recordó Ayala.
Ayala explicó que la modificación al artículo 111 respecto al Código de Notariado está relacionada con que únicamente quedan excluidos aspectos relacionados a la ley contra lavado de dinero u otros activos y al reglamento, y no tan amplio como originalmente se planteó con otras disposiciones que envíe la Superintendencia y la IVE.
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RODRÍGUEZ Y VAMOS INTENTAN CONFUNDIR
El representante del bloque Vamos, Allan Rodríguez, se pronunció sobre las observaciones de la SIB a las enmiendas que impulsa, como es la 74 de la autonomía del delito, ya que, según él, indica que si la IVE señala que es culpable de un delito, no se necesita comprobarlo, y agregó que es culpable hasta que se demuestre lo contrario, por lo que sería para él inconstitucional, pues la Constitución establece que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
«Eso es lo malo de este artículo, pues nuestra Constitución garantiza el derecho de defensa y la inocencia del individuo hasta que se demuestre lo contrario. Al aprobarse esta ley en el pasado, lamentablemente los diputados en aquel momento, por presiones, aprobaron una cuestión que era inconstitucional. Con esta ley, todos los guatemaltecos son culpables hasta que se demuestre lo contrario; solo basta con que alguien de la IVE diga: ‘mire, yo tengo sospechas de que usted es culpable y me parecen sospechosas estas transacciones’, y con esto van a culpar a cualquier guatemalteco», agregó Rodríguez.
El dictamen de la comisión de Economía estableció que la autonomía del delito de lavado de dinero u otros activos es autónoma y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos.
La prueba del conocimiento de la procedencia u origen ilícito de los bienes, dinero u otros activos, requerida en el delito de lavado de dinero u otros activos, se podrá hacer por cualquier medio probatorio, de conformidad con el Código Procesal Penal, incluyendo las inferencias que se desprendan de las circunstancias objetivas del caso.
La bancada Vamos, además de recibir asesoría por la exsecretaria general de la Presidencia en la época de Alejandro Giammattei, escucha al extitular de la Procuraduría General de la Nación de ese gobierno, Wuelmer Ubener Gómez González.
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POSTURAS DE ALGUNOS JEFES DE BLOQUE
El jefe del bloque de la UNE, José Inés Castillo, reconoció el compromiso que tienen los parlamentarios de aprobar las recomendaciones de la GAFI, por lo que se deben adecuar a la legislación nacional sin colisionar con la Constitución Política ni violentar los derechos humanos.
«Estamos discutiendo; la SIB está como ente técnico del Estado, en otras palabras, ayudándonos a redactar la reforma, y somos los diputados quienes damos la redacción final. En la autonomía del delito debe existir un delito precedente para acusar de la comisión de otro hecho delictivo como el lavado de dinero, que es la procedencia del dinero ilícito», respondió Castillo sobre las observaciones al ajuste del artículo 74.
El subjefe de la bancada VOS, José Chic, explicó que la SIB propondrá la redacción para los artículos 73 y 74 para que quede en concordancia con las recomendaciones internacionales, y así se apruebe la ley en redacción final el 2 de junio.
«Hoy queda un poco más claro cómo sería la implementación para que tampoco sea como arma política, como se ha visto en algunos casos que ya se han diligenciado. Las enmiendas de algunos diputados no tuvieron apoyo por la SIB y la IVE; a partir de ahí se hará una revisión», puntualizó Chic.
Contreras finalizó su intervención asegurando que la ley «tiene que pasar» y reconoció estar nervioso de que Guatemala vuelva al listado gris de la GAFI, lo que afectaría al sistema bancario y de inversiones, por lo que reconoció que el pronunciamiento de las cámaras empresariales tiene razón y no irá en contra de un pronunciamiento de esa naturaleza, ya que el país necesita esa ley.
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