La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, ha presentado este martes en Valladolid el Informe de Inclusión Financiera 2025, un documento que analiza la evolución de la accesibilidad a servicios bancarios y al efectivo e incorpora, por primera vez, un estudio específico sobre la inclusión financiera de la población inmigrante.
El informe concluye que “el acceso presencial a los servicios bancarios ha mejorado en los últimos años”, especialmente para colectivos en riesgo de exclusión como las personas mayores y la población rural, pese a que ha continuado el cierre de oficinas y cajeros.
Entre 2021 y 2024, un total de 608 municipios, en su mayoría de menos de 500 habitantes, pasaron a contar con servicios bancarios presenciales gracias principalmente al despliegue de oficinas móviles u ‘ofibuses’. En concreto, en las localidades de menos de 500 habitantes los puntos de acceso presencial aumentaron un 55%, impulsados por la incorporación de 712 ofibuses y 175 cajeros fijos.
A cierre de 2024, 2.638 municipios, el 32,4% del total, seguían sin acceso presencial a servicios bancarios, aunque esto supone una reducción del 18,7% respecto a 2021. Además, el número de ciudadanos sin acceso se redujo en un tercio, situándose por debajo del medio millón y pasando del 1,4% al 0,9% de la población española.
El Banco de España destaca, no obstante, que el número total de puntos de acceso financieros descendió un 2,5%, hasta 67.166, debido principalmente al cierre de oficinas y cajeros, una caída parcialmente compensada por el aumento de oficinas móviles.
Por territorios, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia son las únicas autonomías con puntos de acceso presenciales en todos sus municipios, mientras que Castilla y León y Aragón concentran el mayor número de localidades sin acceso debido a su baja densidad de población. Andalucía, por su parte, es la comunidad con mayor número de puntos de acceso financieros, con 11.296 entre oficinas, cajeros y medios alternativos.
PROBLEMAS DE INCLUSIÓN FINANCIERA
El informe incorpora además un análisis específico sobre la población inmigrante y concluye que no existe un problema generalizado de inclusión financiera entre quienes se encuentran en situación regular, ya que las diferencias respecto a la población nativa “no son sustanciales”.
Sin embargo, la situación cambia entre los inmigrantes en situación irregular. El Banco de España advierte de que este colectivo sigue afrontando “importantes obstáculos de acceso al sistema financiero”, especialmente por las dificultades para acceder a cuentas de pago básicas.
El organismo destaca que actualmente existe “una cuenta por cada ocho inmigrantes en situación irregular”, una proporción muy reducida en relación con el tamaño de este colectivo, que además ha crecido significativamente en los últimos años.
Entre las principales barreras detectadas figuran la falta de información, las limitaciones en la oferta bancaria y los requisitos vinculados a la normativa antiblanqueo. Por ello, el Banco de España considera que las cuentas de pago básicas “no están cumpliendo plenamente su función como herramienta de inclusión financiera”.
Para corregir esta situación, el supervisor apuesta por reforzar la educación financiera, facilitar el acceso a estas cuentas y adaptar productos y prácticas que permitan a las entidades gestionar mejor los riesgos regulatorios. Además, apunta a posibles mejoras normativas, en línea con el anteproyecto de Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
