El nuevo acuerdo de cooperación en seguridad entre Guatemala y Estados Unidos, enfocado en fortalecer operaciones contra el narcotráfico mediante inteligencia, tecnología y asistencia militar, llega en un momento en que buena parte de la clase política guatemalteca arrastra años de señalamientos, investigaciones y condenas vinculadas al crimen organizado relacionado a este delito.
Aunque el gobierno de Bernardo Arévalo asegura en que no habrá tropas estadounidenses operando en territorio nacional, el anuncio marca un giro en la relación bilateral y revive un tema históricamente sensible: la infiltración del narcotráfico en estructuras políticas, partidos y operadores estatales.
Durante las últimas dos décadas, distintas agrupaciones políticas —desde partidos cancelados hasta estructuras que aún conservan poder territorial— han sido relacionadas con financiamiento ilícito, candidatos vinculados a carteles, operadores señalados por EE. UU. o figuras condenadas por trasiego de drogas.
La nueva cooperación con Washington podría aumentar la presión internacional sobre esas redes políticas, especialmente en regiones fronterizas donde históricamente han convergido intereses electorales, estructuras criminales y control territorial. Arévalo confirmó que fue su administración la que solicitó el apoyo del gobierno norteamericano, con el fin de fortalecer la lucha contra el fenómeno criminal.
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UCN, EL CASO MÁS EMBLEMÁTICO
El extinto partido Unión del Cambio Nacional (UCN) se convirtió en el símbolo más visible de la penetración del narcotráfico en la política guatemalteca.
Su principal figura, Mario Estrada, fue capturado en 2019 en Estados Unidos tras negociar con supuestos emisarios del Cártel de Sinaloa —que en realidad eran agentes encubiertos de la DEA— financiamiento para su campaña presidencial a cambio de facilitar operaciones del narcotráfico y eliminar rivales políticos.
Estrada posteriormente se declaró culpable y fue condenado en aquel país por conspiración para traficar cocaína. Dentro de la misma estructura política figuró Javier Castillo Valenzuela, compañero de fórmula de Estrada en 2019, quien años después apareció junto a Carlos Pineda en mensajes públicos relacionados con la exclusión electoral de 2023.
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La UCN también concentró figuras vinculadas a Los Huistas, una de las estructuras criminales más poderosas del occidente del país y a la cual se ha vinculado a la familia cercana de la diputada Sofía Hernández, de Huehuetenango.
Aunque esa organización política fue cancelada, actores que estuvieron en sus filas siguen vigentes y se han aliado a nuevos partidos, varios de los cuales también arrastran señalamientos de nexos con distintos cárteles.
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ALEJANDRO GIAMMATTEI Y VAMOS
El gobierno de Alejandro Giammattei también ha estado bajo la lupa por presuntos vínculos con capos de la droga. Además, durante su administración crecieron los cuestionamientos sobre el uso del espacio aéreo guatemalteco para operaciones del narcotráfico y posibles redes de protección política.
No ha habido ningún caso penal en la materia, pero la participación de actores cuestionados en el partido que lo llevó al poder, VAMOS, y sus supuestos nexos con personajes extranjeros señalados de traficar estupefacientes, como el argentino Federico Machado, han puesto al expresidente en el escrutinio público más de una vez.
El año pasado, un congresista del país sudamericano mencionó explícitamente a Giammattei y su antecesor, Jimmy Morales, como beneficiarios de recursos para sus respectivas campañas electorales, procedentes de Machado.
SOFÍA HERNÁNDEZ Y LOS HUISTAS
A Giammattei también le precede su relación con la diputada Sofía Hernández, a quien Estados Unidos incluyó en la Lista Engel en 2022 por supuestamente socavar procesos democráticos, solicitar sobornos e intimidar opositores. Además, investigaciones judiciales y casos vincularon a sus familiares cercanos con la estructura criminal Los Huistas.
El hermano de la legisladora, Henry Hernández Herrera, aceptó cargos relacionados con narcotráfico antes de ser asesinado en 2022; mientras que su sobrino, Jean Carlo Castillo Hernández —hijo de una de sus hermanas—, fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína.
La congresista ha negado reiteradamente cualquier vínculo criminal y ha calificado los señalamientos como violencia política y mediática en su contra.
JIMMY MORALES Y FCN-NACIÓN
A Jimmy Morales también se le ha mencionado por sus nexos con figuras posteriormente condenadas o investigadas por el trasiego de drogas.
Uno de los episodios más recordados fue la reunión sostenida con Mario Estrada en Jalapa, conocida mediáticamente como el almuerzo de “gallina en crema con loroco”, poco antes de la captura de este último.
También surgieron señalamientos relacionados con el empresario argentino Federico, “Fred”, Machado, quien aseguró haber prestado aeronaves a Morales y su círculo cercano. Aunque Morales negó haber recibido financiamiento ilícito, las relaciones con figuras vinculadas al narcotráfico generaron cuestionamientos persistentes.
LA UNE Y LOS VIEJOS SEÑALAMIENTOS
La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), liderada por Sandra Torres, también ha enfrentado durante años señalamientos sobre presuntos vínculos de operadores territoriales con estructuras del narcotráfico.
Investigaciones citadas por InSight Crime sostienen que durante la campaña presidencial de 2007 habrían ingresado recursos provenientes de cárteles mediante operadores ligados a Ottoniel Turcios y estructuras vinculadas con Los Zetas.
Aunque nunca existieron casos penales o condenas contra Torres por esos hechos, la UNE ha sido reconocida por construir alianzas territoriales con actores cuestionados. Más recientemente, el partido incorporó a Sofía Hernández, la congresista que ha mudado constantemente de partidos —pasando por la UCN, de Mario Estrada, y VAMOS, de Giammattei— y a quien se vincula con Los Huistas.
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TODOS Y EL CASO DE JOSÉ UBICO
Uno de los casos más recientes y de impacto, por su cercanía con los gobiernos de Giammattei y Morales, fue el del exdiputado José Armando Ubico Aguilar, integrante del partido TODOS, de Felipe Alejos.
Ubico presidió durante siete años la Comisión de Defensa del Congreso y fue aliado político de los citados expresidentes. En Estados Unidos se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína y admitió haber facilitado el traslado seguro de cargamentos de droga a través de Guatemala. El año pasado fue sentenciado a 18 años de prisión.
El caso generó especial impacto debido a que el exlegislador tenía influencia directa sobre temas vinculados con seguridad y Ejército.
Ubico fue condenado en aquel país por primera vez en 2003 por delitos vinculados al narcotráfico, pese a ello fue postulado por el partido TODOS y llegó a ocupar una curul en el Legislativo. De esa misma agrupación política, el exparlamentario Johann Gehlert Coronado y su hermano, Dieter, también fueron condenados en EE. UU. por trasiego de estupefacientes, según una nota de Plaza Pública.
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CARLOS PINEDA Y LAS DUDAS SOBRE SU VISA
Otro actor político vigente a quien se menciona con posibles nexos con estructuras dedicadas al tráfico de drogas es el empresario Carlos Pineda.
Una carta de la Embajada de EE. UU., divulgada desde 2023, indica que existirían “motivos suficientes” para considerarlo vinculado o relacionado con actividades de narcotráfico, situación por la cual no obtuvo visa estadounidense.
Pineda ha negado reiteradamente esos señalamientos y asegura que se trata de una campaña negra. Su versión es que aquel Gobierno le negó el documento por haber permanecido en su territorio más tiempo de lo autorizado en la década de 1990.
Durante su paso por Prosperidad Ciudadana, también surgieron cuestionamientos por candidaturas vinculadas a operadores relacionados con Los Huistas.
En actividades públicas apareció junto a Elisa Judith Mejía Salazar, esposa de Juan Bautista Rozotto, alias “Juancho”, señalado como integrante de esa estructura criminal. Además, coincidió políticamente con Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), requerido en extradición por narcotráfico.
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BALDIZÓN, LÍDER Y CAMBIO
A la lista se suma el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien fue señalado por fiscales estadounidenses de aceptar dinero del narcotráfico para financiar campañas electorales. Según documentos judiciales en EE. UU., admitió haber recibido aportes ilícitos y realizar transacciones para ocultar el origen de esos fondos.
El fundador del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder) también enfrentó procesos por lavado de dinero y corrupción en Guatemala.
En septiembre de 2022 regresó al país e intentó competir en las pasadas elecciones como candidato a diputado por la organización que crearon sus hijos, Cambio; sin embargo, le fue negada su participación.
TRES KIEBRES Y LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS
Quien sí logró llegar al Congreso con Cambio fue el exalcalde de Ipala, Chiquimula, Esduín Javier Javier, más conocido como Tres Kiebres, a quien en 2021 se le mencionó en el caso «Narcotráfico Municipal».
La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público indicó que el ahora legislador estaría involucrado con la estructura «Los Ipala», que se dedica al sicariato, tránsito internacional de narcóticos y lavado de activos.
Por aquel entonces se solicitó el retiro de inmunidad contra Tres Kiebres y se dio a conocer que había escuchas telefónicas que lo delataban.
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EL CLAN NAVARIJO
Cuando se habla de narcopolítica en Guatemala, también hay otros nombres que resuenan y entre ellos destaca el de Edilma Navarijo, exalcaldesa de Ocós (2004-2016) y actual jefa edil de La Blanca, en San Marcos.
La funcionaria es la matriarca en una poderosa red política y familiar señalada de nexos con organizaciones dedicadas al trasiego de drogas. Su hija, Vivian Preciado Navarijo, se desempeña como diputada en el Congreso.
Entretanto, su hijo, Carlos Danilo Preciado Navarijo, fue también alcalde de Ocós y en 2024 fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos, tras declararse culpable de cargos de narcotráfico.
En las elecciones pasadas, Edilma Navarijo y Vivian Preciado ganaron las votaciones para sus respectivos puestos con el partido Nosotros; actualmente, forman parte de las filas de Victoria.
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EL ACUERDO Y LA PRESIÓN PARA ESTRUCTURAS POLÍTICAS
La lista de partidos en cuyas filas hay personajes señalados de colaborar o recibir dinero del narcotráfico es extensa, aunque hay casos como los de Cabal y su jefe de bancada, Luis Aguirre, quien es señalado de posibles vínculos con grupos del crímen organizado o el recién cancelado Partido de Avanzada Nacional (PAN) en los que tales nexos no se han investigado y por lo tanto no se han comprobado.
Con el citado panorama en la política guatemalteca, el nuevo esquema de cooperación con Estados Unidos anunciado por el gobierno de Arévalo podría tener implicaciones más allá del ámbito militar.
La asistencia tecnológica, el intercambio de inteligencia y el fortalecimiento de operaciones en fronteras aumentarían la capacidad de rastreo sobre estructuras políticas y económicas vinculadas al narcotráfico, como una de las prioridades.
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Además, el convenio ocurre en un contexto donde la nación norteamericana ha incrementado sanciones, cancelaciones de visas y presión diplomática contra actores políticos guatemaltecos señalados de corrupción o vínculos con estructuras criminales.
Aunque el gobierno sostiene que el acuerdo se limita al combate operativo contra el trasiego de sustancias ilícitas, el historial político del país evidencia que muchas de esas redes no solo han operado en rutas clandestinas, sino también desde partidos, instituciones y espacios de poder.
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