Mientras la mayoría de diputados del Congreso recibe su salario y prestaciones mediante depósitos bancarios, seis legisladores cobran sus remuneraciones a través de cheques. Entre ellos se encuentran Felipe Alejos y Allan Rodríguez, ambos sancionados por el Gobierno de Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky, una medida que busca excluir del sistema financiero internacional a personas señaladas de corrupción.
Información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Legislativo, a través de una solicitud de acceso a la información pública realizada por La Hora, confirma que, además de los citados congresistas, dirigentes de los bloques TODOS y VAMOS, respectivamente, hay otros cuatro a quienes no se les paga mediante acreditación bancaria. Se trata de:
- Carlos Roberto Calderón, de VAMOS
- Vitelio Lam, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
- Julio Portillo, representante de Zacapa, electo por Cabal y recién aliado de la UNE
- David Illescas, electo por el Movimiento Semilla y ahora integrante de Raíces
Aunque el Congreso no detalla las razones por las cuales estos parlamentarios utilizan una modalidad distinta a la del resto de diputados, el caso de Alejos y Rodríguez llama la atención debido a las sanciones financieras que les impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Entidades bancarias han explicado en distintas ocasiones que las sanciones bajo la Ley Global Magnitsky pueden llevar a las instituciones financieras a cancelar relaciones comerciales con los sancionados para evitar riesgos en sus operaciones con el sistema financiero estadounidense.
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EL IMPACTO DE LA LEY MAGNITSKY
Cuando el Departamento del Tesoro de EE. UU. aplica tal normativa a una persona o entidad privada, esta es incluida en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), y sus bienes e intereses patrimoniales en aquel país quedan bloqueados.
Sin embargo, las consecuencias suelen extenderse más allá de territorio estadounidense. La Superintendencia de Bancos (SIB) ha explicado varias veces que cada entidad financiera establecida en Guatemala también evalúa las implicaciones de mantener relaciones comerciales con personas sancionadas, y toma decisiones de acuerdo con sus políticas de cumplimiento y gestión de riesgos.
Tras la inclusión de Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del expresidente Alejandro Giammattei, en la lista Magnitsky, en 2023, la SIB recordó que cada banco «tomará las decisiones pertinentes» respecto de clientes sancionados, dependiendo de los riesgos que identifique.
La razón es que las entidades guatemaltecas mantienen relaciones con instituciones financieras estadounidenses y con sistemas internacionales de pagos que también aplican controles sobre quienes tienen este tipo de penalización.
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El propio Departamento del Tesoro de EE. UU. ha señalado que una de las consecuencias de la Ley Global Magnitsky es el aislamiento financiero internacional de los sancionados, ya que bancos y corresponsales financieros suelen cortar vínculos para evitar exponerse a multas.
Martínez, en una demanda contra personeros de la OFAC —que no se le resolvió favorablemente— confirmó que, por estar incluido en la también conocida como «lista negra financiera» de esa entidad, «ha sufrido, y sigue sufriendo, un enorme daño económico al no poder acceder al sistema financiero global».
Su caso ilustra el tipo de restricciones financieras que pueden enfrentar las personas incluidas en la lista Magnitsky, como Felipe Alejos y Allan Rodríguez.
ALEJOS Y LAS SANCIONES POR CORRUPCIÓN
Felipe Alejos fue sancionado por Estados Unidos el 26 de abril de 2021. En ese momento, la OFAC indicó que el congresista habría participado en actos de corrupción vinculados al proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.
Junto con él, el Departamento del Tesoro anunció la sanción a Gustavo Alejos Cámbara, y los señaló de coordinarse para influir en la integración de las cortes mediante sobornos y pagos dirigidos a actores políticos y judiciales.
La Hora consultó al diputado si esta sanción está relacionada con que reciba su salario mensual y otras remuneraciones del Congreso mediante cheque. También se le cuestionó si se le ha negado algún servicio en el sistema bancario nacional debido al tema.
Su equipo de comunicación indicó que el parlamentario rechazó responder las preguntas del medio y aseguró que no brindaría declaraciones debido a supuestos conflictos con los propietarios de La Hora.
EL CASO DE ALLAN RODRÍGUEZ
Un año después que Alejos, el 9 de diciembre de 2022, Estados Unidos sancionó a Allan Rodríguez, expresidente del Congreso y actual jefe de bloque de VAMOS. Aquel Gobierno lo señaló de usar su autoridad como presidente del Legislativo para otorgar proyectos de construcción a cambio de sobornos y de haber facilitado pagos ilegales para influir en votaciones dentro del Organismo.
El Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista de personas sancionadas por corrupción bajo la Ley Magnitsky.
En su momento, el legislador rechazó las acusaciones y sostuvo que las acciones en su contra son una «persecución política». En diversas oportunidades, también ha calificado esas medidas como «parte de una interferencia extranjera» o un ataque de sus adversarios políticos para desacreditar su labor en el parlamento.
Ahora, tras conocer que el salario del congresista tampoco llega a una cuenta bancaria, sino que se le paga mediante cheque, este medio buscó sus declaraciones, y se le preguntó —en varios mensajes— si esto se debe a la sanción impuesta por EE. UU., pero no respondió. Tampoco atendió a las llamadas telefónicas.
CHEQUES A DOMICILIO
Además de Alejos y Rodríguez, la lista de diputados que reciben su pago con cheque incluye a Julio Portillo, Carlos Roberto Calderón, David Illescas y Vitelio Lam, y de acuerdo con fuentes a lo interno del Congreso, algunos han solicitado que el documento se les lleve a su casa u oficina durante el periodo extraordinario de trabajo, para no tener que llegar al Palacio Legislativo «solo por eso».
Al consultar sobre el asunto, por medio de la Oficina de Acceso a la Información Pública, las autoridades del Organismo indicaron que no existen registros formales o por escrito de tales peticiones. No obstante, las fuentes aseguraron que «hay personal asignado» para esa tarea.
SIN EXPLICACIONES
De los legisladores mencionados, únicamente Illescas explicó las razones por las cuales no le depositan sus remuneraciones.
El oficialista indicó que posee únicamente una cuenta de ahorro y que el Congreso requiere una monetaria para realizar las acreditaciones respectivas. Según dijo, decidió no abrir una nueva cuenta debido a los trámites adicionales que las entidades financieras exigen a las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
“Yo solo tengo una cuenta de ahorro. La otra vez iba a abrir una monetaria, pero me dijeron que, como era PEP, necesitaba un gran trámite y la verdad no lo quise hacer”, explicó. Asimismo, aclaró que no tiene «problemas con ningún banco» y que la modalidad responde exclusivamente a una decisión personal.
Por su parte, Portillo, Calderón y Lam no respondieron las consultas realizadas por medio de mensajes ni atendieron las llamadas efectuadas para abordar el tema.
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