El fiscal general, Gabriel García Luna, informó que la primera etapa del proceso de liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) concluyó tras una auditoría interna que evaluó expedientes, actuaciones y resultados de la unidad.
Según explicó, durante los próximos dos o tres meses se tomarán decisiones sobre la redistribución de los casos y la reasignación del personal hacia otras fiscalías especializadas. La revisión de la FECI fue anunciada por García Luna al asumir el cargo, argumentando que la fiscalía había perdido credibilidad institucional.
La unidad, que durante años lideró investigaciones de alto impacto contra redes de corrupción y funcionarios de alto nivel, también acumuló cuestionamientos por procesos promovidos contra jueces, fiscales, periodistas y operadores de justicia durante la administración anterior.
“En el caso de la FECI, la primera etapa del proyecto de liquidación de la misma ha finalizado y con ella el primer diagnóstico”, afirmó García Luna.
El fiscal indicó que el proceso de reorganización podría concluir en un plazo aproximado de dos a tres meses más, cuando los expedientes sean trasladados a fiscalías especializadas y se defina la ubicación del personal.
El funcionario añadió que la nueva administración mantiene una política de objetividad e imparcialidad en la atención de los casos, particularmente aquellos relacionados con personas que han denunciado haber sido víctimas de persecución penal durante la gestión anterior.
“Lo que se ha ofrecido es cumplir con lo que manda la Constitución sobre objetividad e imparcialidad en cada uno de los casos”, señaló.
La auditoría a la FECI se produjo semanas después de la salida de Rafael Curruchiche de la jefatura de esa fiscalía. Curruchiche encabezó la unidad desde 2021 y fue una de las figuras más visibles durante la administración de la exfiscal general Consuelo Porras, especialmente por las investigaciones vinculadas al proceso electoral de 2023 y casos contra periodistas y operadores de justicia.
La reestructuración impulsada por García Luna también ha incluido cambios en diversas fiscalías y el anuncio de una comisión para revisar expedientes de personas que aseguran haber sido criminalizadas en años recientes.
Paralelamente, el Ministerio Público ha retomado acercamientos con autoridades de Estados Unidos para fortalecer la cooperación en investigaciones relacionadas con narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.
Aunque los resultados completos de la auditoría aún no han sido divulgados, el fiscal general aseguró que las decisiones adoptadas buscan fortalecer la confianza en la institución y garantizar que las investigaciones continúen bajo criterios técnicos y especializados.
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