La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se prepara para un nuevo proceso de designaciones que volverá a poner a prueba la independencia de la carrera judicial. En las próximas semanas, el pleno conocerá 145 plazas vacantes —91 de jueces de Primera Instancia y 54 de jueces de Paz—, un volumen de nombramientos que, según al menos cinco fuentes judiciales consultadas por La Hora, volverá a responder a una repartición de cuotas de poder entre el bloque dominante de magistrados, como ocurrió en el proceso documentado por este medio hace un año.
Las fuentes, todas con conocimiento directo de las discusiones internas de la Corte, coincidieron en que los espacios ya comenzaron a ser negociados entre los magistrados que conforman el bloque dominante. Los entrevistados solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias laborales. El siguiente paso será que el pleno de la Corte Suprema conozca las propuestas y las someta a votación para formalizar los traslados y nombramientos.
El nuevo proceso adquiere una dimensión distinta por la cantidad de cargos que están en juego. No se trata únicamente de cubrir vacantes administrativas. Los jueces de Paz y de Primera Instancia constituyen el primer filtro del sistema de justicia penal: conocen capturas, allanamientos, medidas de coerción, primeras declaraciones, etapas intermedias y una parte importante de los procesos penales que se tramitan en el país. La integración de estos despachos termina por definir quién administrará justicia en decenas de municipios y departamentos durante los próximos años.
De acuerdo con la información conocida por La Hora, la CSJ deberá decidir sobre 91 plazas de jueces de Primera Instancia distribuidas en 19 departamentos, así como 54 plazas de jueces de Paz en otros 15 departamentos, entre plazas fijas, nuevas, temporales y suplencias. El departamento de Guatemala concentra la mayor cantidad de vacantes en ambos niveles judiciales.
El bloque dominante de la CSJ incidió en nombramientos y movimientos de jueces penales
EL PRECEDENTE: UN REPARTO DOCUMENTADO
No sería la primera vez que el pleno utiliza un proceso masivo de nombramientos para distribuir espacios de influencia entre magistrados.
En junio del año pasado, La Hora documentó, a partir del acta 15-2025 y de listados internos de la propia Corte, cómo nueve magistrados definieron prácticamente sin contrapesos y en sintonía los nombramientos y traslados de jueces de Primera Instancia y de Paz aprobados durante una sesión extraordinaria celebrada el 3 de abril.
Aquellas investigaciones permitieron reconstruir, por primera vez, qué magistrado promovió a cada juez y cuántas de sus propuestas fueron aceptadas.
En el caso de los jueces de Primera Instancia, el entonces presidente de la Corte, Teódulo Cifuentes Maldonado, fue quien mayor incidencia tuvo al lograr seis nombramientos o traslados. Le siguieron Luis Mauricio Corado Campos y Gustavo Morales Duarte, con cinco cada uno. Posteriormente aparecieron Claudia Paredes, Jenny Alvarado y Carlos Ramiro Contreras, con cuatro propuestas aceptadas por cabeza, mientras que Igmaín Galicia consiguió tres y Clemen Juárez dos. René Girón Palacios obtuvo únicamente una propuesta aprobada.
El mismo patrón se repitió con los jueces de Paz. Cifuentes volvió a encabezar la lista con siete candidatos posicionados; Corado y Ramiro Contreras lograron seis cada uno; Paredes y Morales Duarte cinco; y posteriormente Juárez, Galicia y Alvarado aseguraron cuatro nombramientos cada uno.
Aquellos registros permitieron evidenciar que las designaciones no respondían únicamente a criterios administrativos, sino también a acuerdos internos entre el bloque mayoritario de la Corte.
En marzo de este año, La Hora documentó que los entonces nueve magistrados que integran ese bloque mantienen vínculos con una red de padrinazgos políticos y jurídicos, integrada por diputados, un abogado influyente y un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. De acuerdo con esas fuentes, esas alianzas han permitido consolidar una mayoría capaz de influir en votaciones, designaciones de jueces y otras decisiones estratégicas dentro del Organismo Judicial.
UN BLOQUE QUE SE CONSOLIDÓ
La correlación de fuerzas dentro de la Corte también cambió en los últimos meses.
Cuando La Hora publicó las investigaciones hace un año, Girón Palacios era considerado cercano al bloque disidente. De hecho, había emitido votos razonados en desacuerdo con buena parte de los nombramientos y había manifestado reservas sobre la forma en que se aprobaron las designaciones.
Sin embargo, de acuerdo con las cinco fuentes consultadas por este medio, desde las vísperas de la elección de Paredes como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en febrero pasado, Girón comenzó a votar en sintonía con el bloque dominante.
Nueve magistrados de la Corte Suprema se repartieron los nombramientos de jueces de Paz
Ese movimiento modificó el equilibrio interno del pleno. Actualmente, las fuentes identifican como integrantes del bloque disidente únicamente a los magistrados Estuardo Cárdenas, Flor de María Gálvez y Carlos Lucero, quienes han mantenido posiciones críticas frente a varias de las decisiones impulsadas por la mayoría y que hasta han señalado de ilegal.
La incorporación de Girón al bloque dominante fortalece aún más la capacidad de ese grupo para controlar las próximas designaciones judiciales.
LOS NOMBRES QUE VUELVEN A APARECER
Más allá de la disputa entre los magistrados de la Corte Suprema, el proceso también definirá el futuro de jueces que han protagonizado algunos de los casos más relevantes y controvertidos del país.
Entre los aspirantes figura la jueza Sara Yoc, quien busca varias plazas de juez de Primera Instancia y de Tribunal de Sentencia, entre ellas el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, el Tribunal de Sentencia de Alta Verapaz y judicaturas especializadas en niñez y adolescencia.
Su nombre cobró notoriedad luego de que fuera trasladada a un tribunal en Petén, una decisión que distintos sectores interpretaron como una represalia contra operadores de justicia que conocieron expedientes de alto impacto, como los casos Transurbano y Tactic.
Otra judicatura que concentra especial atención es el Juzgado de Mayor Riesgo B, uno de los órganos encargados de conocer procesos vinculados con corrupción, crimen organizado y estructuras de poder político. Actualmente, Eduardo Orozco ocupa una plaza como juez suplente y ahora busca ser designado como titular.
También aparece Edy Otoniel de León, cuestionado por haber dictado sentencia absolutoria en el caso Dos Erres y ordenar la destrucción de la prueba material del proceso. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemala abstenerse de ejecutar esa decisión para preservar la evidencia relacionada con la masacre.
También aspira a una plaza Juan José Jiménez Texaj, exjuez de Mayor Riesgo D. Su nombre trascendió después de que un trabajador lo denunciara por un presunto pedido de soborno al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, a cambio de favorecerlo con arresto domiciliario en los casos Libramiento de Chimaltenango y el relacionado con el hallazgo de Q122 millones en una residencia de La Antigua Guatemala.
Otra de las plazas que genera expectativa es la del Juzgado de Primera Instancia en Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala. Entre los postulantes se encuentra José Eduardo Cojulún, contra quien el Ministerio Público solicitó el retiro de inmunidad en 2021 dentro del caso Fénix, por supuestas resoluciones irregulares.
Asimismo, busca reincorporarse a la judicatura Geisler Samille Pérez Domínguez, incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos por, según ese gobierno, «socavar los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de Comisiones Paralelas 2020». De acuerdo con registros disciplinarios, acumula 21 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, aunque todas fueron archivadas.
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MÁS DE 145 DECISIONES BAJO LA LUPA
El nuevo proceso de nombramientos representa uno de los ejercicios de mayor alcance que afrontará la actual integración de la Corte Suprema.
La cantidad de plazas disponibles supera ampliamente las designaciones efectuadas en abril y vuelve a colocar en manos del bloque mayoritario la posibilidad de decidir quiénes ocuparán juzgados penales estratégicos en distintas regiones del país.
Para las cinco fuentes consultadas por La Hora, el mecanismo volverá a responder a la lógica observada en el proceso anterior: una distribución de espacios entre magistrados, mediante la cual cada uno impulsa candidatos dentro de las cuotas previamente negociadas.
El resultado, sostienen, permitirá nuevamente medir qué magistrados concentran mayor capacidad de influencia dentro de la Corte y hasta dónde llega el control del bloque dominante sobre la carrera judicial.
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