Sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos extremos plantean un desafío que va más allá del ambiente: también pueden golpear la economía y profundizar la pobreza.
Ante este escenario, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone una serie de medidas para que América Latina y el Caribe reduzca su vulnerabilidad y se prepare mejor para los efectos del cambio climático. Estas son 10 recomendaciones clave.
LAS RECOMENDACIONES DE LA CEPAL
1. Fortalecer la institucionalidad y la planificación de largo plazo con horizonte de cambio climático.
Las autoridades deben dejar de tratar a El Niño como una emergencia aislada y, ante las tendencias en las emisiones de gases de efecto invernadero actuales, asumir el riesgo climático como un criterio permanente en la planificación nacional.
Esto implica que los marcos normativos de sectores clave, como el energético, el hídrico, el pesquero y el agrícola, deben actualizarse para responder no solo a la variabilidad natural, sino a la amplificación de fenómenos extremos causada por el calentamiento global.
2. Invertir en infraestructura resiliente y en sistemas de alerta temprana.
Es crítico destinar recursos a la protección física de activos estratégicos, como centrales hidroeléctricas y líneas de transmisión, que enfrentan riesgos de sequías e incendios.
Los sistemas de alerta temprana permiten una gestión anticipatoria que, en el sector agrícola, facilita el ajuste de fechas de siembra o la distribución de semillas resistentes antes de que se pierdan las cosechas.
3. Seguir desarrollando y adoptando mecanismos financieros ad hoc y seguros climáticos que permitan la transferencia de riesgo.
Dado que un fenómeno extremo puede provocar una pérdida acumulada del 2% del PIB regional y un deterioro del balance primario de los países, se requieren herramientas de financiamiento contingente.
La creación de fondos de reserva, los bonos catastróficos y el uso de seguros climáticos son fundamentales para proveer liquidez inmediata sin desestabilizar los presupuestos nacionales tras los desastres.
4. Reforzar la resiliencia de las cadenas productivas, los asentamientos humanos y los ecosistemas.
Las políticas deben proteger los medios de vida en zonas críticas como el Corredor Seco Centroamericano y las comunidades pesqueras del Pacífico. Para ello es preciso fortalecer la infraestructura ante inundaciones y asegurar que las cadenas de suministro de alimentos no colapsen por las anomalías térmicas y pluviales que afectan la productividad.
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5. Impulsar actividades económicas sostenibles y ecosistemas resilientes como estrategia de adaptación.
Se deben promover prácticas que mantengan la salud de ecosistemas que actúan como barreras naturales, como los arrecifes de coral y manglares, praderas marinas y bosques de kelp, que sufren blanqueamiento y deterioro por El Niño.
Una gestión pesquera sostenible, que respete vedas y cuotas dinámicas, es esencial para asegurar la recuperación de biomasas clave como la anchoveta tras el calentamiento de las aguas.
6. Fortalecer la cooperación regional para enfrentar riesgos compartidos.
El impacto asimétrico de El Niño exige una respuesta coordinada, especialmente en la gestión de cuencas transfronterizas y recursos pesqueros compartidos, y la integración energética.
Compartir reservas de energía y coordinar protocolos de respuesta ante incendios o sequías permite que los países con excedentes apoyen a aquellos en situación crítica, mejorando la seguridad colectiva.
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7. Diversificar y flexibilizar la matriz de generación eléctrica.
La región debe reducir su vulnerabilidad ante la falta de lluvias diversificando su matriz eléctrica, que en varios países depende en más del 70% de la hidroelectricidad.
Fomentar la complementariedad entre fuentes renovables (como la hidrosolar o el viento) asegura que, cuando un recurso escasea por el fenómeno climático, otros puedan compensar la oferta.
8. Implementar una gestión hídrica integral a escala de cuenca.
El monitoreo debe descender al nivel local, ya que los promedios nacionales pueden ocultar riesgos contrapuestos, como sucede en el Ecuador donde la costa sufre inundaciones mientras el interior enfrenta sequías.
Es prioritario realizar un seguimiento detallado de caudales y niveles de embalse para priorizar el consumo humano y la generación de energía de manera eficiente.
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9. Desplegar redes de protección social para mitigar la pobreza.
Se estima que los efectos de El Niño podrían aumentar la pobreza en hasta 4,8 millones de personas hacia el final de la década debido a la pérdida de ingresos.
Las políticas deben incluir transferencias monetarias y apoyos directos a hogares vulnerables para evitar que el choque inflacionario en alimentos y energía profundice la inseguridad alimentaria.
10. Gestión de la demanda urbana y eficiencia energética.
En las grandes ciudades, el aumento de temperatura y las olas de calor tienen efectos en salud y productividad laboral, y disparan el consumo eléctrico para climatización justo cuando la oferta suele ser menor.
Los gobiernos deben implementar programas temporales de eficiencia energética y mecanismos de gestión de la demanda, especialmente en horas en que esta es mayor, para evitar racionamientos y reducir la presión sobre el sistema eléctrico, así como actualizar sus normativas de seguridad laboral ante efectos del calor.
Las recomendaciones de la CEPAL apuntan a un mismo desafío: pasar de la respuesta a la emergencia a una gestión permanente del riesgo climático.
Frente a episodios de El Niño que pueden generar efectos sobre el crecimiento económico, los precios, la seguridad alimentaria, el empleo y la pobreza, la capacidad de los países para anticiparse y adaptarse será determinante.
Para América Latina y el Caribe, el reto no consiste únicamente en enfrentar el próximo episodio del fenómeno, sino en preparar sus economías, infraestructura, sistemas productivos y redes de protección social para un escenario en el que los eventos climáticos extremos pueden ser cada vez más costosos.
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