El texto deja fuera la regulación del alquiler de habitaciones, una fórmula cada vez más habitual, y endurece la de los contratos de temporada, que quedarán sujetos al tope de precios; su precio no podrá subir por encima del tope marcado por el índice del Ministerio.
El borrador incluye, además, el escudo antidesahucios para personas vulnerables hasta el año 2028 y un nuevo mecanismo legal para proteger a los inquilinos frente a los fondos de inversión; así, los inquilinos tendrán prioridad a la hora de adquirir la casa en la que viven cuando hay una oferta externa de un fondo o de una empresa para hacerse con la misma.
El Gobierno reacciona así a las manifestaciones de este fin de semana, la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Madrid para reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda desencadenó en que cientos de personas decidieran acampar en la madrileña Puerta del Sol. “La ola de indignación y rabia que se ha desatado es ya imparable”, afirmaban desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.
“El Gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, y pido a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento», ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en un acto de partido este domingo.
Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que “es importantísimo de que seamos conscientes de que tenemos que favorecer el acceso a la vivienda y en condiciones asequibles, en particular para nuestros jóvenes. Y ahí tenemos que poner sobre la mesa todas las medidas que ayuden a mejorar esta situación. Estamos viendo medidas en el ámbito de la oferta y medidas en el ámbito de la regulación, corrigiendo ese fallo de mercado que existe con los jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda ni en propiedad, porque no tienen ahorros, ni en alquiler, porque es demasiado caro”.
Mientras tanto, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avisado de que a Sumar no le vale que salga “cualquier real decreto”, reclamando uno que “le meta mano a los fondos buitres”.
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