La entrada en vigor del Decreto 15-2026, la nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, pone sobre la mesa el desafío de siempre: lograr que los mecanismos de prevención permitan detectar oportunamente operaciones sospechosas y que las entidades obligadas sigan cumpliendo efectivamente con sus controles.
El reto de llevar la normativa a la práctica cobra relevancia al observar casos como el de Bank of America, sancionado en Estados Unidos por deficiencias en sus controles para detectar y reportar posibles operaciones de lavado de dinero.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave para los sistemas financieros: ¿hasta qué punto las políticas, los procedimientos y las herramientas de supervisión logran prevenir estos riesgos?
El 14 de octubre, las autoridades estadounidenses impusieron sanciones por más de USD 1 mil 210 millones contra Bank of America, uno de los seis bancos más sólidos de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro señaló que la entidad no reportó al Gobierno más de USD 5 mil millones en actividades sospechosas y que presentó deficiencias en la aplicación de controles relacionados con el lavado de dinero y el cumplimiento de programas de sanciones.
El caso también evidenció fallas en la atención de señales de alerta relacionadas con clientes sospechosos y problemas en los sistemas utilizados para identificar transacciones que podían estar sujetas a restricciones.
Según el reporte, las autoridades estadounidenses cuestionaron la capacidad del banco para detectar oportunamente operaciones de riesgo y responder a las advertencias planteadas por personal encargado del cumplimiento.
Aunque se trata de una entidad estadounidense y de un marco regulatorio distinto al guatemalteco, el caso permite examinar un aspecto central para Guatemala en la implementación de su nueva ley: contar con políticas, herramientas tecnológicas y procedimientos no garantiza por sí solo que los riesgos se detecten y se gestionen oportunamente.
MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA
Para Erhard Schafer, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), la efectividad de un programa de prevención del lavado de dinero no depende únicamente de la tecnología, sino también de la calidad de la información, la gestión de riesgos y el funcionamiento integral de los controles.
Schafer explicó a La Hora que las entidades deben contar con procesos sólidos de debida diligencia, mantener actualizada la información de sus clientes, segmentarlos según su nivel de riesgo y disponer de mecanismos efectivos para investigar y escalar las alertas que surjan durante el monitoreo de operaciones.
Cuando alguno de estos componentes falla, aumenta la posibilidad de que transacciones relevantes pasen inadvertidas o no sean investigadas oportunamente.
En ese sentido, uno de los principales aprendizajes del caso estadounidense es la importancia de que los controles funcionen de manera coordinada.
La identificación de una operación inusual debe dar paso a un análisis que permita determinar si existe una justificación económica o legal razonable y establecer si corresponde tomar medidas adicionales.
La automatización y las herramientas de monitoreo pueden contribuir a identificar patrones atípicos, pero su efectividad depende de la información utilizada, de los criterios con los que se generan las alertas y de la capacidad de los equipos responsables para analizarlas y darles seguimiento.
MODELOS BASADOS EN CONOCER AL CLIENTE
En el país, los bancos deben aplicar un modelo integral basado en riesgos para conocer a sus clientes, comprender sus actividades económicas y establecer si sus transacciones son consistentes con el perfil registrado.
Según Schafer, entre los mecanismos fundamentales se encuentra la identificación del cliente, la verificación de su actividad económica y del origen de los fondos, así como la actualización de su perfil transaccional.
Para ello, las entidades deben considerar factores como los productos y servicios utilizados, los canales de operación y la ubicación geográfica.
El monitoreo de las transacciones también debe permitir detectar operaciones o patrones que se aparten del comportamiento esperado. Cuando el nivel de exposición lo amerite, corresponde aplicar procedimientos de debida diligencia intensificada y profundizar en el análisis de la relación comercial.
Si una operación genera alertas, el banco debe investigar si existe una explicación razonable y, cuando corresponda, reportarla a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), unidad de inteligencia financiera adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB).
La conservación de información y el cumplimiento de los requerimientos regulatorios también forman parte de estas obligaciones.
El objetivo es que las entidades no se limiten a registrar transacciones, sino que puedan identificar comportamientos que representen riesgos y actuar conforme al marco legal.
«SE DEBE AVANZAR HACIA LA PREVENCIÓN!
Respecto de la supervisión bancaria en Guatemala, Schafer considera que el país ha fortalecido su modelo con un enfoque basado en riesgos. Sin embargo, sostiene que el siguiente paso consiste en avanzar hacia una supervisión más preventiva, apoyada en tecnología y analítica de datos.
El desafío, explica, no es únicamente verificar que las instituciones cumplan formalmente con las disposiciones, sino evaluar si sus controles realmente funcionan frente a riesgos financieros cada vez más dinámicos y sofisticados.
Esto supone examinar la capacidad de las entidades para detectar operaciones inusuales, investigar alertas, actualizar sus metodologías y responder a nuevas modalidades de lavado de dinero. También implica fortalecer el uso de información para anticipar riesgos y no depender exclusivamente de la identificación de incumplimientos una vez que estos se han producido.
En el caso del Bank of America, las autoridades estadounidenses señalaron deficiencias en los mecanismos de detección y respuesta.
No obstante, la sanción en Estados Unidos no constituye evidencia de fallas equivalentes en la banca guatemalteca, sino un referente para analizar la importancia de la supervisión y de la efectividad de los controles.
DECRETO 15-2026: UNA LEY VIGENTE, CON REGLAMENTACIÓN PENDIENTE
En Guatemala, el Decreto 15-2026 entró en vigor el 17 de septiembre de 2026.
La normativa actualiza y unifica el marco legal relacionado con la prevención y represión del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, además de ampliar el alcance de las personas y actividades sujetas a obligaciones preventivas.
Según información del Congreso de la República, la legislación también fortalece las atribuciones de la IVE y busca adecuar el sistema guatemalteco a estándares y mejores prácticas internacionales.
La emisión de su reglamento es uno de los pasos pendientes para desarrollar los procedimientos necesarios para su aplicación.
El artículo 127 establece que la SIB, por medio de la IVE, debe elaborar el reglamento y someterlo a consideración del presidente de la República para su aprobación, sanción y publicación, dentro del plazo máximo de seis meses contado a partir de la entrada en vigor de la ley.
Para Schafer, uno de los principales retos para las entidades financieras será traducir las nuevas disposiciones legales en controles operativos, tecnológicos y metodológicos efectivos. Esto requiere revisar los programas de prevención y realizar los ajustes necesarios en sistemas, políticas, procedimientos y modelos de evaluación.
Entre los aspectos que identifica como prioritarios están la segmentación y evaluación de riesgos, la debida diligencia basada en riesgo, la identificación y verificación del beneficiario final, el monitoreo de operaciones sospechosas, la actualización de los sistemas de información y el fortalecimiento de la gobernanza y documentación de los controles.
El directivo también destacó la importancia de incorporar herramientas de analítica de datos y automatización para gestionar de forma más eficiente el volumen y la complejidad de la información financiera.
La reglamentación tendrá que establecer criterios claros y proporcionales que permitan a las entidades comprender cómo aplicar las nuevas obligaciones en sus operaciones cotidianas. Para el sector, el reto será avanzar hacia una implementación efectiva y sostenible, sin reducir el cumplimiento a una revisión documental.
MULTAS, REPUTACIÓN Y CONFIANZA
Las consecuencias de un incumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero no se limitan a las sanciones económicas.
Según Schafer, una entidad también puede enfrentar impactos regulatorios, legales, financieros y reputacionales que afecten sus relaciones comerciales y la confianza de sus clientes.
El director ejecutivo de la ABG señaló que el nuevo marco legal contempla multas administrativas de hasta USD 300 mil para las instituciones, según las disposiciones aplicables. El régimen sancionatorio clasifica las infracciones de acuerdo con su gravedad.
A estos riesgos se suman los costos de remediación, el incremento del escrutinio regulatorio y las posibles dificultades en las relaciones con inversionistas, bancos corresponsales y otras contrapartes financieras.
En una institución bancaria, la confianza constituye uno de sus principales activos. Por ello, las deficiencias importantes en los controles pueden afectar la percepción de seguridad y la continuidad de las relaciones comerciales, incluso más allá del costo inmediato de una sanción, refirió el ejecutivo.
El caso de Bank of America ilustra la dimensión que pueden alcanzar estas consecuencias.
Según las autoridades estadounidenses, la sanción incluyó USD 750 millones correspondientes a una multa civil impuesta por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), además de USD 11.6 millones relacionados con más de 400 aparentes violaciones de programas de sanciones.
La orden también contempla una revisión independiente de transacciones anteriores para identificar actividades sospechosas que no fueron detectadas de manera oportuna y reportarlas a las autoridades correspondientes.
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GUATEMALA, ANTE EL RETO LA NORMATIVA
Mientras las mesas técnicas de trabajo avanzan en la reglamentación del Decreto 15-2026, la prioridad será contar con reglas operativas que permitan a las entidades financieras aplicar los controles de manera clara y consistente, Guatemala se prepara para la próxima visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) prevista para inicios de 2027.
Durante esa visita, Guatemala deberá demostrar no solo que cuenta con un marco legal actualizado, sino también que las instituciones responsables y las entidades obligadas tienen la capacidad de aplicar los controles y prevenir, detectar e investigar operaciones vinculadas al lavado de dinero y otros delitos financieros.
En este escenario, el caso de Bank of America permite examinar los límites de los controles que existen formalmente, pero que pueden fallar en la práctica. La prevención requiere información confiable, sistemas adecuados, personal capacitado, seguimiento de las alertas y supervisión constante.
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