La Secretaría de Bienestar Social (SBS) mantiene una disputa con quienes intentan introducir sustancias y objetos prohibidos en los centros de privación de libertad para adolescentes. La institución registra siete procesos relacionados con estos hallazgos, dijo a La Hora Carlos Menchú, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, quien defiende la eficacia de los controles implementados.
«Es una guerra abierta. Ellos tratan de ingresar y nosotros tratamos de evitar que ingresen», afirmó Menchú al referirse a los intentos de introducir ilícitos en los centros juveniles. El funcionario aseguró que la disminución de estos incidentes se ha hecho más evidente durante este año, aunque no aportó cifras comparativas para medir la reducción.
Entre los casos recientes que destacó figura el de dos mujeres capturadas el pasado domingo 11 de octubre cuando presuntamente intentaban ingresar marihuana para sus hijos en el centro juvenil Las Gaviotas, situado en la zona 13 de Ciudad de Guatemala. Los adolescentes, de 13 y 16 años, cumplen condenas de cuatro años de privación de libertad por el delito de asesinato, según la información del caso.
Las monitoras del centro localizaron 12 envoltorios con marihuana ocultos en una almohada para el cuello y otros tres escondidos en una cola para sujetar el cabello, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC). Las mujeres fueron detenidas y puestas a disposición judicial.
El Juzgado de Turno las ligó a proceso penal. Una de ellas deberá responder por el delito de promoción o estímulo a la drogadicción y la otra por posesión para el consumo. Ambas quedaron en prisión preventiva mientras avanza la investigación. Según los datos del caso, las mujeres dijeron que pretendían llevar la droga a sus hijos para ayudarles a sobrellevar el encierro.
Menchú señaló que la detección fue posible gracias a la coordinación con la PNC y a los mecanismos de vigilancia, entre ellos las cámaras de seguridad. Para el subsecretario, el episodio demuestra que los protocolos están funcionando y que el ingreso de sustancias ilícitas está disminuyendo.
«Esto demuestra que existe transparencia en nuestros procesos, que el ingreso de estupefacientes y de otras sustancias está disminuyendo y que los protocolos han demostrado ser útiles», sostuvo.
LOS FAMILIARES, ENTRE LOS VISITANTES BAJO VIGILANCIA
El subsecretario recordó que, conforme a las normas de los centros, el acceso a los adolescentes está reservado a familiares directos. Sin embargo, indicó que algunos de ellos también han intentado introducir sustancias prohibidas.
Los registros proporcionados por la SBS documentan un antecedente en Las Gaviotas: el 18 de agosto de 2025, una mujer fue puesta a disposición de la PNC tras un intento de ingresar marihuana para su hijo. En 2026, la institución reportó otros incidentes en ese centro, aunque relacionados con teléfonos móviles hallados dentro de los dormitorios de los adolescentes.
El 10 de mayo, dos jóvenes fueron puestos a disposición de la policía después de que se localizaran dispositivos móviles en sus dormitorios. El 18 de mayo, otros tres adolescentes fueron remitidos a la PNC tras el hallazgo de teléfonos durante una inspección interna.
Juzgado liga a proceso a madres que pretendían ingresar droga para sus hijos en Gaviotas
En el Centro Especializado de Reinserción (CER 1), la SBS informó que no registró casos en 2025 y que durante 2026 dos mujeres visitantes fueron puestas a disposición de la PNC. La información facilitada no precisa las circunstancias de estos últimos incidentes.
Los registros incluyen tanto intentos de introducir sustancias ilícitas como hallazgos de objetos prohibidos dentro de los centros. Por ello, no permiten establecer por sí solos una tendencia general sobre el ingreso de drogas ni comprobar la magnitud de la reducción que afirma Menchú.
COORDINACIÓN CON LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
La SBS mantiene coordinación con la PNC, el Ejército y otros actores del sector justicia para prevenir el ingreso de sustancias y objetos que puedan comprometer la seguridad de los adolescentes internados. Menchú aseguró que la institución ha reforzado los métodos de revisión y vigilancia para detectar estos intentos.
El funcionario también advirtió de que los controles generan inconformidad entre quienes buscan introducir artículos prohibidos. «Alguien no está contento con esto y la población ha demostrado su inconformidad porque se han hecho bien las cosas», afirmó, sin precisar a quiénes se refería ni aportar detalles que permitieran contextualizar esa declaración.
La institución sostiene que los controles han dado resultados positivos. Sin embargo, la falta de cifras comparativas sobre los intentos de ingreso, las sustancias incautadas y los incidentes registrados impide dimensionar el alcance de esa reducción.
El reto para las autoridades consiste en impedir el ingreso de drogas y otros objetos prohibidos y garantizar la seguridad en los centros, sin perder de vista que el sistema de privación de libertad juvenil tiene como objetivo la reinserción y la resocialización de los adolescentes.
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