A más de un mes de la fecha límite para aprobar el Presupuesto 2027, los ministerios continúan defendiendo ante el Congreso los recursos que han solicitado, mientras los diputados revisan las asignaciones y sus implicaciones para las finanzas públicas.
El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, presentado por el Ministerio de Finanzas el 2 de septiembre, asciende a Q192 mil 045.1 millones e incluye recursos para educación, salud, seguridad, protección social e infraestructura.
Sin embargo, la discusión no se limita al monto total. Analistas y centros de pensamiento también han puesto bajo la lupa la capacidad de las instituciones para ejecutar los recursos, el crecimiento de la deuda pública, la composición del gasto y la transparencia de las asignaciones.
La contratación de obra pública es uno de los aspectos que ha generado cuestionamientos. Hasta el 14 de octubre, La Hora había documentado los procesos de contratación de 15 proyectos, entre ellos los puentes Mocá, Las Pericas y Santa Bárbara, cuyas adjudicaciones suman Q276.8 millones.
En publicaciones iniciadas el 19 de agosto, este medio ha señalado anomalías en esos procesos, incluidas dudas sobre la experiencia de las empresas adjudicadas y una posible sobrevaloración de los contratos. Estos señalamientos se suman al debate sobre los controles y la fiscalización del gasto público.
La iniciativa 6841 se encuentra bajo análisis legislativo. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda ha desarrollado audiencias con ministerios y otras entidades para examinar las asignaciones solicitadas.
El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar, modificar o improbar el presupuesto.
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DECISIÓN CRÍTICA
Las audiencias colocan a las instituciones frente a una de las principales preguntas del proceso presupuestario: para qué necesitan los recursos solicitados y qué resultados esperan alcanzar con ellos.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la Red de Centros de Pensamiento y el Observatorio del Presupuesto han aportado análisis y cuestionamientos sobre distintos componentes de la propuesta.
Aunque sus enfoques no son idénticos, sus observaciones colocan en el centro del debate la calidad del gasto, la sostenibilidad fiscal, la capacidad de ejecución y la transparencia en el uso del dinero público.
El CIEN ha puesto énfasis en el déficit, el gasto de funcionamiento, la inversión y algunas asignaciones que, a su juicio, requieren mayor respaldo técnico. La Red de Centros de Pensamiento ha cuestionado el crecimiento del endeudamiento y la proporción destinada a gastos corrientes.
Por su parte, el Observatorio del Presupuesto ha llamado la atención sobre la sostenibilidad financiera, la capacidad de ejecución de las instituciones y la necesidad de demostrar resultados.
El ICEFI también publicó un primer análisis técnico del proyecto en septiembre, en el marco de su trabajo sobre política fiscal y presupuesto público.
En conjunto, estas intervenciones muestran que la discusión presupuestaria no debe limitarse a negociar el monto total ni a repartir recursos entre instituciones.
También debe examinar qué programas tienen evidencia de efectividad, cuáles presentan rezagos, qué proyectos están listos para ejecutarse y qué mecanismos permitirán verificar que el dinero se utiliza de acuerdo con los fines aprobados.
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PRESIÓN SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Uno de los principales datos del proyecto es el déficit fiscal previsto de 4.43% del producto interno bruto (PIB). Según Jorge Lavarreda, analista del CIEN, sería el segundo más alto desde 2004, superado únicamente por el 4.91% registrado en 2020, durante la emergencia de la pandemia.
El déficit refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, por lo que una brecha de esta magnitud implica necesidades de financiamiento que deben evaluarse junto con la evolución de la deuda y la capacidad futura de pago, explicó el analista.
La propuesta también contempla Q131 mil 635.9 millones de ingresos tributarios y una asignación de Q24 mil 601.1 millones para el servicio de la deuda pública, de acuerdo con las cifras divulgadas sobre el proyecto.
El reto es determinar si las proyecciones de recaudación son alcanzables y cómo se cubrirá la diferencia entre los recursos disponibles y las obligaciones presupuestadas sin comprometer de manera excesiva las finanzas de los próximos años.
La Red de Centros de Pensamiento ha cuestionado el crecimiento del endeudamiento previsto. Su análisis señala que el proyecto contempla Q42 mil 750 millones en bonos del Tesoro, frente a Q23 mil 278 millones considerados en el presupuesto vigente de 2026, y advierte que una parte considerable de ese financiamiento se utilizaría para cubrir gastos de funcionamiento.
Para Pedro Prado, economista de ASIES, esta observación plantea una discusión relevante: el endeudamiento puede contribuir a financiar inversiones que generen beneficios futuros, pero financiar gastos recurrentes con deuda puede aumentar las presiones sobre los presupuestos posteriores.
FUNCIONAMIENTO SUBE; INVERSIÓN PIERDE PESO
El CIEN ha identificado una modificación importante en la composición del gasto.
Según su análisis, los gastos de funcionamiento pasarían de representar el 10.7% del PIB en el presupuesto vigente de 2026 al 11.8% en el proyecto de 2027. En contraste, la inversión pública bajaría del 3.8% al 3.5% del PIB.
“La diferencia importa porque el presupuesto no solo debe cubrir el funcionamiento cotidiano del Estado, sino también financiar infraestructura, equipamiento y proyectos que amplíen la capacidad de prestar servicios”, explica Lavarreda.
Pero añade que el aumento del gasto corriente no es necesariamente negativo por sí mismo: pagar maestros, médicos, policías y personal administrativo es indispensable para el funcionamiento de las instituciones.
La preocupación aparece cuando las obligaciones recurrentes crecen sin mejoras verificables en la cobertura, la calidad de los servicios o la productividad del gasto.
En el caso de Educación, el proyecto contempla Q27 mil 898 millones; Salud recibiría Q18 mil 615.5 millones; Gobernación, Q10 mil 490 millones, y Comunicaciones, Q10 mil 668.6 millones, según las cifras divulgadas.
Estas asignaciones muestran la magnitud de los recursos involucrados en áreas prioritarias, pero el monto asignado no garantiza por sí solo mejores resultados.
Para los analistas, la ejecución, la planificación y la evaluación de cada programa serán determinantes para conocer el impacto real del presupuesto.
El CIEN también ha llamado la atención sobre el peso de las remuneraciones dentro del gasto de funcionamiento. Su análisis estima que el gasto en recurso humano explicaría una parte importante del crecimiento acumulado de esta categoría y destaca la necesidad de vincular los recursos destinados al personal con metas de desempeño y resultados institucionales.
La discusión, por tanto, no se reduce a cuánto se gasta en salarios, sino a cómo ese gasto se traduce en mejores servicios para los ciudadanos.
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INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES SOCIALES QUE IMPULSARÁN LA ECONOMÍA
Del otro lado de la moneda, el presupuesto incluye proyectos de inversión que pueden contribuir a mejorar la conectividad y la actividad económica.
Entre las asignaciones destacadas figura el proyecto del Muelle Oeste de Puerto Quetzal, con Q4 mil 800 millones.
“Una infraestructura portuaria de esta escala podría contribuir a mejorar la capacidad logística y facilitar el comercio, siempre que el proyecto cuente con estudios, contratación, supervisión y mecanismos de control adecuados”, afirmó Rubén Morales, exministro de Economía.
Sin embargo, la experiencia de la inversión pública obliga a distinguir entre recursos presupuestados, fondos comprometidos, obras en ejecución y proyectos terminados.
Para Morales, el desafío no consiste únicamente en aprobar grandes cantidades para infraestructura, sino en asegurar que los proyectos tengan diseños técnicamente viables, costos justificados, cronogramas realistas y capacidad de supervisión.
“De lo contrario, el presupuesto puede crecer sin que los beneficios lleguen oportunamente a la población”, agrega.
Esta misma preocupación aparece en los análisis sobre los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDES). El CIEN señala que el proyecto contempla Q4 mil 582.3 millones para 2 mil 732 obras y cuestiona un aporte adicional de Q1,200 millones incluido en el artículo 105, al considerar que no cuenta con una evaluación y priorización previa suficiente.
Además, el centro indicó que, hasta agosto de 2026, se había ejecutado el 3.2% de un aporte extraordinario anterior de Q6 mil 312.1 millones.
Estos datos refuerzan la importancia de seleccionar las obras con base en necesidades documentadas, estudios técnicos, presupuestos razonables y beneficios sociales identificables.
Lavarreda explicó que la inversión descentralizada puede acercar los recursos a las comunidades, pero requiere controles que permitan conocer qué se construye, cuánto cuesta, quién lo supervisa y qué resultados produce.
“En un año preelectoral, la transparencia en las asignaciones y la ejecución de estos fondos adquiere una relevancia especial”, puntualizó.
CONGRESO TIENE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
El proyecto fue presentado el 2 de septiembre y la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda ha desarrollado audiencias con ministerios y otras entidades para examinar las asignaciones solicitadas.
El cronograma de trabajo divulgado contempla audiencias durante octubre y una expectativa de dictamen en la primera o segunda semana de noviembre, aunque esa previsión no constituye una fecha límite constitucional.
Para el proceso legislativo que se sigue actualmente, el 2 de noviembre es la fecha prevista para que el presupuesto quede aprobado, lo que coloca a las próximas jornadas como una etapa decisiva para las instituciones que han defendido sus solicitudes y para los diputados que deberán definir las asignaciones finales.
La Constitución establece que el Congreso debe aprobar, modificar o improbar el presupuesto a más tardar el 30 de noviembre. Si no se aprueba uno nuevo dentro del plazo, continuará vigente el presupuesto del ejercicio anterior, es decir, el de 2026, sujeto a las modificaciones que permite la ley.
El plazo constitucional hace especialmente importante que los diputados revisen las proyecciones de ingresos, el financiamiento, las asignaciones especiales y las justificaciones técnicas antes de la votación final.
El proyecto de 2027 presenta oportunidades para ampliar servicios sociales y financiar infraestructura, pero también plantea riesgos fiscales y de ejecución que requieren un análisis riguroso.
Las advertencias de los centros de pensamiento y otros sectores no sustituyen la decisión del Congreso ni implican que todas las asignaciones sean improcedentes; sí subrayan la necesidad de que cada decisión esté respaldada por información verificable, objetivos claros y una evaluación de sus efectos sobre las finanzas públicas.
La aprobación presupuestaria será, por tanto, mucho más que un trámite anual. De ella dependerá cómo se distribuyen las prioridades del Estado, qué obligaciones se asumen y cuánto margen financiero quedará para los próximos ejercicios.
El monto total importa, pero también importan la calidad de los proyectos, la capacidad de ejecución, la transparencia y los resultados.
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