Octubre cerró con la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República, pero también con la toma de posesión de Elfego Castañón al frente de la Contraloría General de Cuentas (CGC) el pasado 13 de octubre, cerrando así un período inédito para la institucionalidad democrática de Guatemala que vivió en un solo año, en este 2026, la sincronización de elecciones —denominadas de segundo grado— en siete organismos del Estado.
Aunque la CGC fue el broche de oro en esta lista de renovación de autoridades, también hubo cambios fundamentales en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP) las cuales podrían jugar un rol protagónico para las elecciones 2027.
A la lista también se le sumó el proceso electoral para rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la renovación al titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), así como la Presidencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del Banco de Guatemala (Banguat), que se encuentra en un impasse legal, y, como ocurre cada año, hubo cambios en la Junta Directiva del Congreso de la República, que será la última de la presente X Legislatura.
Mientras que las primeras cuatro mencionadas cuentan cada una con tiempos de relevo específicos —el MP y la Contraloría con una rotación cada cuatro años, la CC con cinco y el TSE cada seis—, por primera vez desde que la actual Constitución entró en vigencia, en 1986, concurrieron en un mismo año y no volverá a repetirse hasta dentro de seis décadas.
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Dos analistas consultados por La Hora concluyeron que esta era la oportunidad de renovar autoridades. Sin embargo, incluso con un presidente que prometió una «nueva primavera democrática», para uno de los entrevistados hubo una oportunidad perdida, aunque para la otra entrevistada, el actuar del mandatario Arévalo fue en el marco que le permitían los límites de la Constitución y las diferentes instituciones.
UNA SUERTE DE GALLO GALLINA
Para Luis Mack, analista político y profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), difícilmente se verán cambios en las entidades auxiliares a los tres organismos del Estado, sino más bien, lo que se logró fue matizar sus acciones.
«Como alguien dijo por ahí, que las autoridades que ahora se eligieron no sean tan malas como pudieron haber sido. Pero la contraparte es que no fueron tan buenas como se hubiera querido. O sea, como todo lo que ha pasado en Guatemala desde hace tres años en este gobierno, es como una suerte de gallo gallina, una lógica en la cual no caemos al fondo, pero tampoco mejoramos ostensiblemente. Esa sería mi respuesta rápida», explica.
Examinando institución por institución, a criterio del analista, el foco principal podría estar en el Tribunal Supremo Electoral.
«Probablemente la crisis de 2023 no se va a repetir, así con esa profundidad que se dio (…) Esperaría, obviamente, que no haya una crisis tan pronunciada. Pero de que van a haber problemas y que van a haber dificultades, eso estoy casi seguro de que se van a repetir. ¿De qué tipo? No sé, porque eso depende también, obviamente, de cómo se van a comportar las nuevas autoridades. Pero todo sigue siendo tan incierto», apunta.
Sin embargo, a decir del experto, esas condiciones donde hay un relevo de autoridades de las instituciones más importantes del país y que propician la defensa de un estado democrático, «muchas veces no duran, solo son elementos pasajeros».
Ante la preocupación de cómo actúen las nuevas autoridades, Mack reitera que la máxima atención está centrada en el órgano electoral, donde, ya que durante su conformación, «decían que se había evitado que llegaran actores nefastos», en un proceso que estuvo a cargo de una comisión de postulación liderada y permeada por Walter Mazariegos, quien por segunda ocasión llegó a la rectoría de la Usac de forma fraudulenta.
«Usted sabe que la elección, una buena parte, es el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, con la elección del contralor, que es el hermano de uno de los diputados oficialistas, se espera que tenga cierta conexión con el gobierno, como tenía obviamente el mismo fiscal general, o el gobierno incluso logró poner a dos magistradas obviamente afines en la Corte de Constitucionalidad. Que sean afines ya me da la duda porque el gobierno no terminó siendo tan bueno como esperábamos. No se sabe cómo este gobierno se va a distanciar de las viejas prácticas de otros gobiernos. No han demostrado ser diametralmente diferentes», agregó.
«No avanzó la agenda de la democracia ni de la consolidación de las instituciones ni el cambio prometido. Lo que tenemos es una posibilidad de que el próximo gobierno sea incluso mucho peor que el que tenemos actualmente. O sea, una degradación, tal vez no una crisis como la del 2023, como le digo, pero sí una degradación de las condiciones que todos esperábamos», concluyó.
UN CAMBIO DÉBIL PERO ES IMPORTANTE QUE SE PRESERVEN ESOS ESPACIOS
Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, los cambios que hoy culminan tras los procesos de elecciones de segundo grado, que iniciaron en enero de 2026, no fueron solamente formales, ya que sí existió una renovación en las instituciones de justicia, investigación criminal, fiscalización y procesos electorales.
«Sí se aspiraría a que sea un cambio que genere espacios para mejorar las prácticas de probidad, de publicidad, de transparencia, de buen uso de los recursos del Estado y del cumplimiento del mandato constitucional de cada una de las instituciones. Hay un cambio, se percibe poco, se percibe débil, es endeble, es frágil, como usted le quiera llamar, pero es importante que se preserven esos espacios. Esto, con un cambio de gobierno y dependiendo de quién sea electo o electa, podría acabar de un solo plumazo con esas prácticas positivas que se están tratando de establecer», expresó.
El problema que ve es que, si bien se ganaron ciertos espacios en el MP, en el TSE, en la CC, «ya vimos que no todos funcionan a las mil maravillas. La correlación de fuerza no es la mejor. Tenemos una correlación de fuerzas en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones que refuerzan a quienes todavía quisieran seguir con prácticas antidemocráticas».
«El Ministerio Público ofrece la oportunidad de tener un cambio sustancial; el fiscal general Gabriel García Luna está desmontando el uso del MP como instrumento de represión que había creado Consuelo Porras, (y) su grupo de confianza; es la diferencia más radical que vamos a tener», apuntó.
Reafirma que se debe frenar, por ejemplo, la represión, la persecución política selectiva, las prácticas antidemocráticas y desmontar los casos judiciales espurios que se crearon en las dos gestiones anteriores, sobre todo la última, insiste.
«En el Ministerio Público ya vimos que no solo es formal el cambio. Se están tomando decisiones que distan bastante de lo que había antes. Obviamente, el MP no se puede rescatar en cuatro años; va a tomar tiempo rescatar a todas las instituciones», expresó.
En las demás instituciones, Ibarra cree que la transformación será mínima o no tan inmensa como la que se esperaba para la Fiscalía General.
En cuanto al Tribunal Supremo Electoral, espera un cambio, aunque no significativo, a sabiendas de que el proceso electoral está permeado por intereses partidarios de operadores políticos. Hubo «estrategias para penetrar el Foro de Rectores. Una penetración de intereses oscuros. Operadores como el que ocupa la rectoría de la Usac o el diputado de Reyes Lee, rector y dueño de la Universidad Rural. También los sectores más conservadores que instrumentalizan a otras universidades, como el caso de la Universidad Panamericana», dijo.
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El cambio que espera la Directora Ejecutiva del Movimiento Pro Justicia recae en la resolución y decisiones que tomen los magistrados electorales para evitar arbitrariedad o discrecionalidad a la hora de inscribir o no a candidatos a los cargos de elección popular, pese a la evidente influencia de intereses político-partidarios.
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron elegidos por un Congreso al que se le señaló la repartición de cuotas a cada uno de los togados.
«Es importante que, a pesar del proceso oscuro y amañado del que derivó la elección del TSE, los magistrados, en su quehacer diario, muestren que eso no condiciona su conducta diaria. Que no se volverá a esa época tan terrible que les deniega a los ciudadanos optar a un cargo público solo porque es mi adversario y me puede ganar. Que no obstaculicen a nadie y que lo hagan muy bien y que funcione muy bien todo el mecanismo electoral, que es muy bueno el que tenemos. Para tener elecciones sin sombra de duda», manifestó.
Sobre la Corte de Constitucionalidad, Carmen Aída Ibarra es clara al decir que llegaron dos magistradas (Anabella Morfin y Astrid Lemus) que pusieron buen pie en la corte, pero que son solo una minoría.
Lamentablemente, una jueza de carrera como Julia Rivera, que era una jueza íntegra, ahora se sumó al dueto Molina Barreto-Dina Ochoa y los tres hacen una mayoría que mantiene el poder de las decisiones de justicia constitucionales e imponen su criterio, agrega.
Ibarra asegura que esta dinámica de mayorías y balanza de poder no es nueva, sino que ha ocurrido en diferentes oportunidades desde 2016, aunque reconoce que en el pasado hubo «otro tipo de correlación de fuerzas en la corte, que a veces coincidían todos en resoluciones muy buenas, y en otros casos no».
«No va cambiar nada. El poder de la Corte de Constitucionalidad sigue vigente por influjo de Walter Mazariegos y el propio Roberto Molina Barreto y obviamente detrás de él hay grupos de poder político-económico importantes. Dina Ochoa, lamentablemente se le conoce por resoluciones sospechosas de estar favoreciendo intereses y de abuso de poder, como el asunto de los alimentos, que la hacen quedar muy mal parada», añadió.
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«Creo que en la CC, a pesar de que figuran respetables magistradas como Anabella Morfin y Astrid Lemus, quienes están ahora inmersas en una situación política interna en la Corte, no pueden hacer mayor cosa» expresó Ibarra.
Con relación a la elección más reciente de Elfego Castañón González, como Contralor General, la directora de Movimiento Pro Justicia afirma que parte de sus electores creen que hará una limpieza en la Contraloría y quitará la sobrepoblación que creó Frank Bode y su antecesor, Edwin Humberto Salazar, cuando dieron todas esas plazas a los diputados. Ellos mismos tuvieron su cuota de nombramientos. Ojalá que lo haga bien y que respete toda la legalidad que está vigente en el país, para que eso no se revierta», indicó.
LA OPORTUNIDAD DE UN CAMBIO DURANTE EL MANDATO DE BERNARDO ARÉVALO
Ambos respondieron a la pregunta sobre si el país va en camino hacia un cambio democrático o lo vivido este año fue una oportunidad perdida.
«Completamente, creo que todo el gobierno ha sido una oportunidad perdida. Yo siempre digo que a lo mejor el presidente tiene un as bajo la manga y a lo mejor nos va a reivindicar en este año y medio. Cada vez tengo menos esperanza, realmente, porque cada vez mientras más lo miro y mientras más veo sus cosas que hace, más me decepciono», dijo Luis Mack.
En referencia a las encuestas de opinión que cada vez posicionan más bajo al presidente, a un año de terminar su mandato, lo compara con sus homólogos en Latinoamérica y con sus antecesores. Literalmente, respondió lo siguiente:
«Eso determina que la ciudadanía realmente se siente. En una gran mayoría los que en alguna medida esperábamos un cambio, incluyéndome a mí, por supuesto, que nos hayamos sentido obviamente ciertamente medio defraudados», destacó.
El analista también opinó que si bien Arévalo utilizó su capacidad de cabildear en las elecciones de segundo grado, no «negoció lo que debería haber negociado».
«Fue muy timorato realmente. Preservar las supervivencia del partido y los intereses del mismo partido, más que los intereses de Guatemala en su conjunto. Y obviamente con las promesas que él supuestamente había hecho de cambio. Siempre fue muy conservador, muy timorato, muy legalista. Nunca se quiso pelear con nadie, nunca le dio la palabra a nadie», enfatizó.
Mientras tanto, la directora de Movimiento Pro Justicia sí reiteró que el presidente no tuvo mayor presencia a no ser en lo que le tocó que elegir directamente, sino que se mantuvo al margen en los límites institucionales y constitucionales.
«No vi, como en ocasiones anteriores, a un presidente que esté metiendo las manos él directamente o a través de un operador en las comisiones de postulación», dijo la experta en procesos electivos refiriendo como ejemplos a Sandra Torres y su hermana Gloria en 2009, cuando intervinieron en la Comisión de Postulación de magistrados de la Corte Suprema y Apelaciones, o para Fiscal General en 2010.
También usó de ejemplo a la exvicepresidenta Roxanna Baldetti, durante la época de Otto Pérez Molina, o el expresidente Alejandro Giammattei.
«Giammattei intervino todo lo que pudo en todos los procesos directamente. Tenía operadores. Y perdía los papeles cuando las cosas no salían como él quería. A base de gritos organizó y coordinó a todo mundo», remarcó.
«Este presidente no se ha metido, esperó que le mandaran la nómina de seis candidatos a fiscal general (…) Y por eso muchos dicen «por qué no se metió aquí, por qué no se metió allá», y la impresión que yo tengo es que ha respetado los límites institucionales y constitucionales y ha dejado que la cosa camine. Por eso le reclaman mucho que no haya intervenido en otros procesos, pero creo que es sano que el presidente de la república no ande fisgoneando quiénes están», explicó.
«Yo no diría tanto que vamos hacia el paraíso democrático, pero creería que en este momento se rescataron varios espacios. La pregunta es si en el proceso esos espacios se van a mantener. Quizá durante este año y el siguiente, pero en enero de 2028 hay cambio de autoridades y saber a quién elegirá la mayoría de la población. Puede ser alguien que venga con un a talante de respeto constitucional, o puede ser que venga otro irrespetuoso de todo esos límites, podemos tener a otro Giammattei, saber qué vamos a tener», dijo la experta.
«Veremos en el camino porque esto se está construyendo. No como ya terminaron los procesos de elecciones de segundo grado, porque ya se tiraron todas las cartas, ya está listo todo. En la medida en la que se vaya avanzando en el periodo para el cual fueron electos los altos funcionarios, en esa medida se va ir viendo si los espacios democráticos mantiene, se amplían o se reducen», concluyó.
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