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Guatemala presenta resultados desiguales en materia de libertades. Aunque figura entre las 30 jurisdicciones mejor evaluadas en libertad económica, su posición cae al puesto 100 en libertad personal.
Esta diferencia incide en su resultado general: ocupa el puesto 71 entre 165 países y jurisdicciones incluidos en el Índice de Libertad Humana 2025, elaborado por el Instituto Cato, de Estados Unidos, y el Instituto Fraser, de Canadá.
La brecha entre ambos componentes evidencia que el desempeño económico no necesariamente se corresponde con las condiciones de libertad individual.
En el índice, la libertad personal comprende las condiciones que permiten a las personas ejercer sus derechos y tomar decisiones sin restricciones coercitivas.
Para medirla, se consideran aspectos como el Estado de derecho, la seguridad, la libertad de movimiento, la religión, la posibilidad de asociarse y reunirse, la libertad de expresión e información y las decisiones sobre relaciones personales.
Entre los aspectos en los que Guatemala registra rezagos figuran el Estado de derecho, el acceso a la justicia, la seguridad y la libertad de expresión.
En el contexto internacional, Suiza, Dinamarca y Nueva Zelanda ocuparon las primeras posiciones del índice de 2025. En el extremo opuesto se ubicaron Yemen, Irán y Siria.
CONTRASTES IMPORTANTES
Guatemala obtuvo una puntuación general de 7.07 sobre 10, un resultado que refleja una realidad marcada por contrastes: mientras presenta condiciones relativamente favorables en libertad económica, mantiene debilidades importantes en las garantías individuales, el funcionamiento de la justicia y el Estado de derecho.
La diferencia entre ambas dimensiones es uno de los hallazgos más relevantes para comprender la situación nacional. Guatemala ocupa el puesto 28 en libertad económica, con una calificación de 7.62, pero desciende hasta el puesto 100 en libertad personal, donde obtiene 6.69.
Esta distancia de 72 posiciones evidencia que las condiciones para desarrollar actividades económicas no avanzan necesariamente al mismo ritmo que las garantías para ejercer derechos, participar en la sociedad y contar con instituciones que protejan a las personas.
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PAÍS PIERDE TERRENO
La trayectoria de Guatemala en el índice refleja un retroceso de largo plazo. Aunque el país alcanzó una mejor evaluación en 2019, perdió parte de ese avance en los años siguientes.
El resultado de 2023 muestra que la mejora no se consolidó y que Guatemala terminó con una calificación inferior a la que tenía al inicio del período analizado.
El mayor foco de preocupación está en el Estado de derecho. Guatemala obtiene apenas 3.3 puntos en esta categoría, una de las calificaciones más bajas de todo el índice.
El resultado refleja debilidades en aspectos fundamentales para el funcionamiento de la justicia y las instituciones, particularmente en la imparcialidad de los tribunales, la independencia judicial y el cumplimiento de las decisiones legales.
El informe también evalúa la capacidad de hacer cumplir los contratos y la integridad del sistema legal.
Estos aspectos son importantes porque determinan si las personas y las empresas pueden acudir a las instituciones para resolver disputas, exigir el cumplimiento de acuerdos y obtener decisiones judiciales sin interferencias.
El indicador relacionado con policía y criminalidad registra apenas 1.7 puntos. Estos resultados reflejan debilidades en áreas fundamentales para garantizar que las personas puedan defender sus derechos, resolver conflictos y desarrollar sus actividades bajo reglas previsibles.
FALTA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
La situación también se refleja en la seguridad y protección, donde Guatemala obtiene 5.6 puntos. Aunque el índice registra una puntuación de 7.6 en desapariciones, conflictos y terrorismo, el componente de homicidios alcanza 3.6.
La combinación de estos resultados muestra que la libertad no depende únicamente de que el Estado evite restricciones indebidas, sino también de que pueda proteger la vida y la integridad de las personas frente a la violencia.
Otro de los ámbitos que requiere atención es la libertad de expresión e información. Guatemala obtiene 4.6 puntos en esta categoría, mientras que el componente de ataques directos contra la prensa registra 8.4.
En asociación, reunión y sociedad civil, Guatemala registra 6.7 puntos. El indicador de libertad de reunión obtiene 5.0, mientras que la represión de la sociedad civil alcanza 6.0.
Estos datos apuntan a desafíos para el ejercicio de la participación ciudadana y la organización social. En contraste, el país presenta calificaciones elevadas en libertad de movimiento, con 9.4 puntos, y libertad religiosa, con 9.6, dos de las áreas mejor evaluadas en el componente de libertad personal.
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LIBERTAD ECONÓMICA, AL FRENTE
La libertad económica constituye el principal contraste positivo del resultado guatemalteco. El país alcanza 9.2 puntos en tamaño del Gobierno, 8.9 en moneda sólida y 8.3 en libertad para comerciar internacionalmente.
Dentro de esta última categoría, el indicador de tipos de cambio del mercado negro obtiene 10 puntos y el de aranceles 8.4. También registra 7.1 en regulación, con una calificación particularmente alta en regulación del mercado de crédito, de 9.5.
Sin embargo, el desempeño económico tampoco está libre de debilidades. El sistema legal y los derechos de propiedad reciben 4.6 puntos, una calificación que contrasta con los resultados favorables en comercio y moneda.
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«La independencia judicial, la imparcialidad de los tribunales, la integridad del sistema legal y la aplicación de contratos son condiciones que también influyen en la confianza de los inversionistas, la seguridad de las transacciones y la capacidad de las empresas para crecer», apunta el informe.
Por ello, la libertad económica no puede evaluarse únicamente a partir de la apertura comercial o de la estabilidad monetaria: requiere instituciones que protejan los derechos y hagan cumplir las reglas.
PAÍSES CON MAYOR LIBERTAD TIENEN MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
El deterioro de las libertades no se limita a Guatemala. A escala mundial, el índice muestra que las condiciones de libertad tampoco habían recuperado los niveles registrados antes de la pandemia. Entre los retrocesos que más persisten están las restricciones a la libertad de expresión, la posibilidad de reunirse y organizarse, así como las condiciones para movilizarse.
El informe también encuentra una relación entre mayores niveles de libertad y mejores condiciones económicas y sociales.
Los países mejor evaluados en libertad humana registran, en promedio, ingresos por habitante considerablemente superiores a los de aquellos con menores niveles de libertad.
También presentan mejores indicadores de democracia, tolerancia, esperanza de vida y protección del medioambiente.
CERRAR LA BRECHA
Para Guatemala, el desafío consiste en cerrar la brecha entre libertad económica y libertad personal.
Los autores del estudio señalan que esto requiere fortalecer la independencia y la imparcialidad de la justicia, mejorar la seguridad ciudadana, garantizar el cumplimiento de contratos, proteger los derechos de propiedad y crear condiciones para que la prensa, las organizaciones sociales y los ciudadanos puedan ejercer sus libertades.
También implica consolidar instituciones que funcionen con reglas claras, transparencia y rendición de cuentas.
El estudio añade que la libertad no se mide únicamente por la posibilidad de comerciar, emprender o invertir; también se refleja en la capacidad de cada persona para vivir segura, expresarse, organizarse y encontrar justicia cuando sus derechos son vulnerados.
Los resultados del Índice de Libertad Humana 2025 muestran que Guatemala cuenta con fortalezas en algunas dimensiones económicas, pero enfrenta rezagos profundos en áreas institucionales y personales.
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