El Ministerio Público (MP) confirmó a La Hora que cerró el caso que de forma popular se denomina «Alfombra Mágica», en el cual estaría involucrado el presidente, Alejandro Giammattei, por presuntamente haber recibido una suma millonaria de dólares envuelta en una alfombra, a cambio de una concesión en el puerto Santo Tomás de Castilla. Dicha acción ocurrió sin que se le diera mayor gestión al expediente.
El ente investigador que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras, a quien el mandatario ha llamado como su «amiga», justificó su acción bajo lo establecido en el artículo 310 del Código Procesal Penal, el cual detalla que cuando no se puede proceder en un caso, este se puede desestimar.
DICE QUE CIERRAN CASO
En agosto de 2021, el medio estadounidense The New York Times reveló el caso que vincularía a Gimmattei en una trama de presunta corrupción.
EN CONTEXTO: A esto se refiere el New York Times: Testigo relató que entregaron dinero envuelto en alfombra a Giammattei
Según lo consignado en el reportaje, semanas antes de que Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), fuera destituido por Porras, investigaba los hechos que involucrarían al mandatario.
De esa cuenta, una telaraña se fue desenredando con el trabajo de la prensa, que investigó los posibles hechos ilícitos. La tesis sostiene que empresarios rusos interesados en una parte de la portuaria en Izabal, habrían entregado una alfombra enrollada, y que esta en su interior tenía dólares, cita esa publicación.
Esto habría ocurrido en la casa de Giammattei, y tenía como objetivo facilitar la concesión que era de interés de los empresarios del referido país, menciona NYT.
La Fiscalía contra la Corrupción fue designada para conocer los hechos. En dicha unidad del MP labora el esposo de Porras, Gilberto de Jesús Porres de Paz, quien ocupa el cargo de fiscal adjunto.
Según la información del MP, el tema se conoció «por una denuncia por posibles anomalías en el proyecto de inversión de la empresa Atlantic Bulk Cargo S. A. y Empornac».
«El 25 de mayo de 2021 la Empornac (Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla) recibió una carta de intención de fecha 24 de mayo de 2021 de la empresa Atlantic Bulk Cargo S. A. con el objeto de gestionar el arrendamiento por un plazo de 20 años de una porción de terreno por lo menos de 120,000 mts2 del área de Santo Tomás de Castilla», refirió el ente investigador a este Diario. (sic)
HECHO QUEDÓ EN INTENCIÓN
Ante eso, el MP aseguró que «con la investigación se determinó que el hecho solamente quedó en intención, ya que el consejo directivo de la Empornac no autorizó dicho contrato». De esa cuenta, el órgano encargado de la persecución penal, por medio de la fiscalía en la cual labora el esposo de Porras, decidió desestimar el caso.
Según el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que al Fiscal General «le corresponde el ejercicio de la acción penal pública».
En 2021, Porras fue sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que la incluyó en la Lista Engel, en la cual figuran supuestos «actores corruptos y antidemocráticos».
El señalamiento en contra de la jefa del MP indica que se presume “obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos”. (sic)
Además, en mayo de 2022, a pocas horas de que Giammattei reeligiera a Porras en el cargo, el gobierno estadounidense anunció una nueva sanción en su contra. Su esposo también fue incluido en la nómina, y ahora ambos tienen prohibida la entrada al territorio estadounidense.
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RESPONSABILIZAN A SANDOVAL
El MP señala a Sandoval de extraer la documentación sobre el caso antes de haber sido destituido por Porras como jefe de FECI. Bajo esa excusa, no se actuó de oficio para buscar indicios de los posibles ilícitos que involucrarían a los rusos y al presidente guatemalteco.
El MP sostiene que el cierre del caso no tiene relación con los señalamientos de lo que comúnmente se conoce como la trama de la «Alfombra Mágica», sino con una investigación en contra de Empornac.
«En el caso de la supuesta entrega de dinero en una alfombra, esto se relaciona a información que mencionó en una conferencia de prensa el antiguo jefe de la FECI (Sandoval) luego de ser destituido», refirió.
El MP explicó que Sandoval, a raíz de su destitución, «dio a conocer públicamente que tuvo conocimiento de hechos que él consideró ilícitos, y de los cuales no generó número de expediente ministerial, no informó a la autoridad superior (Porras) y, aun así, según él indicó, inició una pesquisa y recolectó elementos de investigación, los cuales manifestó haberlos sustraído y entregado a autoridades de otro país».
El puesto de Sandoval ahora lo ocupa Rafael Curruchiche y, según el MP, cuando asumió la jefatura «solicitó a todas las agencias rendir informe relacionado con dicha investigación; sin embargo, se pudo establecer que en ninguna agencia fiscal existió alguna investigación al respecto». (sic)
El MP agregó que «aunado a lo que manifestó el exjefe de la FECI (Sandoval), al asegurar que se llevó documentos y entregó la investigación a autoridades de otro país», se abrió en su contra un expediente en la Fiscalía de Asuntos Internos.
Sandoval se encuentra en el exilio y asegura ser sujeto de una persecución política por investigar a las altas esferas del país, entre ellos Giammattei y liderar casos de alto impacto en conjunto de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Tras su destitución se refugió a EE. UU.
«AMIGA» DE GIAMMATTEI
En contraste, en 2020, Giammattei calificó a Porras como su «amiga» y respaldó su trabajo frente al ente investigador en medio de señalamientos en su contra por entorpecer la lucha contra la corrupción en el país. Algunos de los casos que no han logrado avances también estarían vinculados al presidente, según ha documentado La Hora.
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Un trabajo publicado por La Hora, por otro lado, explica que la reelección de la fiscal general, se dio en medio de una maratónica y forzada votación de los miembros de la Comisión de Postulación y una cuestionada resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que benefició a la “amiga” del Presidente.
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Según mencionaron diversas fuentes, «la condición que Giammattei habría impuesto a Porras fue que debía elaborar una carta de renuncia, sin fecha y firmada con su puño y letra, misma que debía quedar en poder del gobernante. La intención: utilizarla en el momento que ella comenzara una investigación en su contra o de Miguel Martínez, haciéndola pública y esgrimiendo que la fiscal general dejaría el cargo inmediatamente».
La existencia del referido documento es, hasta ahora, negada tanto por el órgano encargado de la persecución penal como por la Presidencia.
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