La Corte de Constitucionalidad (CC) amparó a la jueza Marjorie René Azpuru luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidiera nombrar a la funcionaria en el cargo de jueza vocal en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de «forma ilegal y sin agotar los recursos legales correspondientes», según lo expuesto ante la alta Corte. De esa cuenta, volverá a ser juzgadora en su antigua judicatura.
El nombramiento de Azpuru se suma a los múltiples traslados y cambios de jueces que la CSJ, dirigida por el magistrado Oscar Cruz, ha realizado en los últimos meses. Esta semana, el juez Marco Antonio Villeda del Juzgado de Extinción de Dominio fue removido de su cargo tras 13 años de despojar a estructuras criminales y funcionarios de sus bienes conseguidos de forma ilícita.
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REVÉS PARA LA SUPREMA
El pasado 24 de noviembre, la jueza Azpuru fue notificada sobre su traslado del Juzgado Noveno Penal al Tribunal Quinto de Sentencia Penal en sustitución de la jueza Sonia Ninette Villatoro López, quien fue designada a la plaza que ocupaba el exjuez Carlos Ruano, quien renunció al cargo y se exilió en Estados Unidos derivado de una persecución política en su contra a manos del Ministerio Público (MP) y la antigua CSJ, según denunció.
De esa cuenta, la jueza Azpuru denunció que la CSJ violentó sus derechos de defensa, audiencia, seguridad y certeza jurídica y “las garantías judiciales de inamovilidad y no remoción», así como los principios jurídicos del debido proceso y de legalidad, según se lee en el amparo.
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La argumentación de Azpuru se concretó en que la Corte Suprema «inobservó» el procedimiento administrativo para traslados de jueces y magistrados preestablecido en la Ley de la Carrera Judicial (artículo 26) y su Reglamento (artículo 85).
«Se incurrió en una severa contradicción al “confundir” la figura del nombramiento con la figura de traslado de juez, las cuales son figuras legales distintas, con procedimientos distintos y efectos legales diferentes», reclamó la juzgadora a la alta Corte.
CC DA LA RAZÓN A AZPURU
De esa cuenta, la CC dejó en suspenso en forma definitiva «la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, contenida en el numeral IV del acta cincuenta y dos – dos mil veintitrés (52-2023), de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, por la que se dispuso nombrar a la postulante (Azpuru) en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala», se lee en la resolución.
Además, restauró a la juzgadora en el estado en que se encontraba antes de haber sido dictada la decisión y fijó a la CSJ el plazo de cinco días para que dicte nueva resolución en la que «tome en cuenta lo considerado en la presente sentencia», refirió la CC.
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PREOCUPACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS
El pasado 8 de abril, la Junta Directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (OJ) manifestó su preocupación respecto al movimiento de «jueces y juezas que la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto».
La asociación resaltó que la facultad de «traslado, confirmación y de nuevo nombramiento, debiera tener presentes las condiciones familiares, laborales y económicas de los jueces y juezas, aspectos también protegidos constitucionalmente».
«Al ordenar traslados sin parámetros que sean comunicados, se anula la posibilidad de defensa y se afecta algunas condiciones básicas para una pronta y cumplida administración de justicia», resaltó el comunicado.
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CASO STUARDO CAMPO
La jueza Azpuru conoció el caso que se sigue en contra del exfiscal contra la Corrupción, Stuardo Campo, y dos fiscales auxiliares que laboraban en la misma unidad del Ministerio Público (MP) y que fueron detenidos en mayo de 2023.
El año pasado, la Fundación contra el Terrorismo (FCT), señalada de perseguir políticamente a operadores de justicia, presentó una recusación en contra de la jueza, con la cual pidió que otro juzgador conociera el caso en el cual figuran Campo y sus dos subalternos, quienes fueron denunciados por la referida organización.
Sin embargo, la Sala Segunda de Apelaciones Penal resolvió que la recusación de la FCT contra Azpuru no tenía sustento, y de esa cuenta confirmó que la juzgadora deberá mantenerse al frente del caso. No obstante, la CSJ semanas después removió a la jueza Azpuru de su judicatura y la nombró en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal.
El caso también estuvo a cargo, por un tiempo, por el juez Guillermo Luna y un reportaje de La Hora denominado «Juez Luna denuncia que expedientes aparecieron en el cielo falso de su juzgado», publicado en noviembre pasado reveló que dos expedientes relacionados con el caso que se sigue en contra del exfiscal anticorrupción estuvieron desaparecidos por más de dos meses del despacho del juez Luna.
Juez Luna denuncia que expedientes aparecieron en el cielo falso de su juzgado
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