La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura decidió pagar Q5 mil 800 por dos banderas, una de Guatemala y de la institución para uso de de la secretaría ejecutiva, las cuales costaron Q2 mil 900 cada una, según el portal de Guatecompras.
Según el detalle de la orden de compra 5223982 de agosto de 2023, para esas dos banderas, bordadas y con asta, cuyos pabellones servirían para las subsedes de dicha oficina en Petén y Escuintla.
Durante julio, agosto, septiembre y diciembre de 2023, la oficina que debe velar porque no se comentan delitos de tortura principalmente en cárceles, gastó Q75 mil 330, por 57 banderas tanto nacionales como de la entidad.
Al inicio del segundo semestre de 2023, la presidencia de la Oficina de Prevención de Tortura y otros delitos, desembolsó Q8 mil 600, por dos banderas y que cada una costó Q2 mil 900, y un asta de Q2 mil 800, cuyos utensilios fueron enviados para la subsede regional en occidente y de Izabal.
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Días después se volvió a autorizar una compra de cuatro banderas con asta de la república y dos institucionales con asta por Q2 mil 900, por lo cual se pagó Q11 mil 600.
Y semanas después nuevamente se compran pabellones de los cinco países de Centroamérica para que se colocaran en la unidad de Comunicación Social de esa oficina que dirige Lesther Castellanos. Por esa adquisición se desembolsaron Q17 mil 300.
Cuya compra consistió en cuatro banderas en lino por Q8 mil 400, otra en impermeable por Q6 mil, y una bandera con asta en satin raso se pagó Q2 mil 900.
¿POR QUÉ MÁS BANDERAS?
En septiembre de 2023, la Oficina de Prevención volvió a gastar por banderas, en ese mes pagaron Q8 mil 050, por lo cual se pagaron Q1 mil 950 por dos astas, por dos banderas de Guatemala y de la Oficina por Q3 mil 950 y por una bandera institucional por Q2 mil 150.
Pero la mayor compra fue en diciembre último, cuando se pagaron Q24 mil 980 por 40 pabellones, donde hubo una variación en el precio de las banderas de la república, pues por cada una se pagó Q624.5.
De acuerdo con las descripciones las banderas se enviaron para las instalaciones en la sede central, regionales y subsedes regionales.
Según cotizaciones esos mismos pabellones con las descripciones que compró la Oficina de Prevención tenían un costo menor al precio unitario por el que se decidió la administración de Castellanos.
Se intentó conseguir la versión del entonces presidente de la institución que autorizó esas compras, pero Castellanos no atendió la llamada, por lo que al tener su respuesta se agregará en la nota.
SIN CUMPLIR SU NORMATIVA
La rotación de la presidencia de la Oficina de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, donde Castellanos debía entregar el cargo se salió de control, ya que él alegó que no podía entregar dicho cargo si el Congreso no juramentaba al sustituto de Ever Pérez Arriaza, quien murió en México, y en su lugar estaba Jennifer Alejandra Aldana.
Sin embargo, por mayoría la presidencia se decidió entregar a Alfred Sánchez Chinchilla, quien en 2025 debía ocupar el cargo.
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