El pasado 5 de octubre fiscales del Ministerio Público (MP) allanaron las oficinas del Fondo Social de Solidaridad (FSS), unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), en busca de indicios que le permitieran ahondar en las investigaciones por un supuesto impago a empresas que habrían trabajado en gobiernos pasados.
Según informó la oficina de Comunicación de la Fiscalía, la denuncia fue presentada por “varias empresas constructoras” entre el 5 y el 8 de agosto debido a que, supuestamente, dejaron de pagar Q178.4 millones por proyectos de dragado, cauce y mitigación que “estaban desarrollando” en ríos que atraviesan al menos siete departamentos del país.
Específicamente la denuncia es en contra de un excoordinador del FSS, así como de la actual coordinadora y actual coordinador Financiero de la entidad. No está claro de qué fecha son los proyectos que aparentemente no fueron pagados.
Los delitos que se persiguen son un supuesto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia e incumplimiento de pago.
El MP tardó apenas dos meses en llevar a cabo acciones judiciales en este caso, en el que un grupo de constructoras reclama la falta de pago por proyectos, no obstante, en denuncias por grandes casos de posible corrupción, que también involucran al Fondo, no trabajan con la misma celeridad.
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Desde que el expresidente Alejandro Giammattei dejó el cargo, el pasado 14 de enero, han pasado más de 275 días sin que el MP dé muestras claras de resultados de las investigaciones por denuncias hacia funcionarios clave del gobierno pasado, menos en contra del exmandatario o de Miguel Martínez —su pareja—, quien fue, a juicio de muchos analistas, quien movía los hilos en esa administración.
El MP es dirigido actualmente por la fiscal general María Consuelo Porras quien ha sido sancionada en una treintena de países por ser un actor antidemocrático y que favorece la corrupción, y a quien Giammattei seleccionó, pese a las acusaciones con que ya contaba y después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) prácticamente obligó a la Comisión de Postulación a incluirla en el listado final porque ya había quedado fuera.
CASOS
El FSS, cuya misión y visión es “mejorar la calidad de vida” de las familias guatemaltecas, estuvo a cargo de millonarios proyectos de infraestructura que han sido señalados de irregularidades.
Quizás los más notables fueron los seis contratos para convertir el aeródromo San José en un aeropuerto de carga, el “primero de su clase en Centroamérica”, según lo ofreció el expresidente Giammattei.
Estos proyectos le han costado al país Q480 millones, pero cuatro de los seis se quedaron a medias sin posibilidades de ser retomados en el corto y mediano plazo.
Luego de una serie de publicaciones de La Hora respecto al abandono en que estaban estas instalaciones, pese al millonario pago que se ha efectuado, el MP informó, en julio pasado, que la Fiscalía contra la Corrupción lleva a cabo una investigación de oficio.
El pasado 10 de julio visitaron las instalaciones para documentar “los lugares de interés de la Fiscalía”.
PROYECTOS DEL DECRETO 21-2022
A cargo del FSS también estuvieron varios proyectos del Decreto 21-2022 —Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica—, que fueron muy cuestionados por su débil respaldo técnico y porque fueron seleccionados por diputados distritales, según publicaciones de prensa.
Uno de estos proyectos es la remodelación de la 8ª calle de la zona 3 de Palín, Escuintla, que ha costado más de Q30 millones. Esta se inauguró el 12 de enero de este año, pese a que todavía no ha sido finalizada, el proyecto está paralizado porque están pendientes algunos estudios.
Además, los proyectos de infraestructura aprobados en este Decreto tuvieron reparos de la Contraloría General de Cuentas (CGC), razón por la cual el MP también lleva a cabo pesquisas, sin que a la fecha se conozcan resultados.
En julio pasado, el MP informó que la Fiscalía contra la Corrupción investiga hechos que podrían encuadrar en los delitos de peculado por sustracción y posiblemente fraude.
La Contraloría General de Cuentas (CGC), por su lado, presentó denuncias penales por un monto de Q6 mil 960 millones por una diversidad de proyectos, entre estos, los del Decreto 21-2022, por la “irregularidad en contrataciones y ejecución” de las obras.
Foto José Orozco
DRAGADOS DE RÍOS
Según el portal Guatecompras, el FSS firmó 138 contratos relacionados a infraestructura durante los cuatro años de gobierno de Giammattei, que sumaron poco más de Q4 mil 110 millones. El más costoso fue la remodelación de la pista de aterrizaje del aeródromo San José, por Q522 millones.
Sin embargo, ninguno de los concursos que se muestran en el portal dice que haya sido para el dragado de ríos, construcción de bardas o trabajos de mitigación. En el CIV solo se halla un contrato de Q59.3 millones por la adquisición de dragas para succión a ser utilizadas por la división de Mantenimiento, en la Dirección General de Caminos.
Tampoco se encuentran concursos de este tipo en el FSS, del 2016 al 2020, durante el gobierno de Jimmy Morales. De hecho, las adjudicaciones por dragado más recientes en el CIV se remontan al 2012, durante el mandato de Otto Pérez Molina.
En el cuatrienio de 2020 a 2023 solo las comunas adjudicaron contratos por dragado, construcción de bardas o trabajos de mitigación en ríos del país. En total, fueron 41 concursos por Q5 millones 981 mil.
MP DICE QUE TIENEN FUNCIONES «AÚTONOMAS»
La Hora hizo una solicitud de comentarios a la oficina de Comunicación del MP, y al respecto respondieron que son una institución con funciones autónomas, «tal y como lo establece la Constitución Política de la República, y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 del Código Procesal Penal, debe apegarse a un criterio objetivo y velar por la correcta aplicación de la ley penal en todos los casos».
El MP sostiene que, atiende todas las denuncias sin «diferenciar el delito que se denuncia, quién interpone estas y las personas que resultan señaladas a través de las mismas; en cada caso, dependiendo las circunstancias que revisten los hechos denunciados, se realizan distintas diligencias y solicitudes a otras instituciones (algunas toman mayor tiempo y otras son más expeditas) con el fin de esclarecer los hechos y luego, con pruebas y bases argumentativas deducir las responsabilidades penales de cada uno de los sindicados».
La oficina de comunicación social del ente investigador agrega que respecto al gobierno anterior, la Fiscalía contra la Corrupción investiga diversos hechos, algunos de los cuales incluso han sido iniciados de oficio, habiéndose sumado el Gobierno de turno a dichas denuncias.
¿QUÉ DICE EL MP QUE INVESTIGAN?
El MP responde que investiga la adquisición de escaleras y ascensores en el Aeropuerto Internacional La Aurora, el caso de la Autopista Palín Escuintla; asimismo, diversos proyectos de pasos a desnivel que han quedado inconclusos en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, el proyecto del Puente Belice II y remozamientos como el del Aeródromo San José y Hospital General San Juan de Dios durante 2023, «por mencionar algunos».
El ente investigador afirma que, la fiscalía también ha logrado resultados positivos, entre los cuales se encuentran diferentes personas ligadas a proceso en el Caso Clima Corrupción y Poder; y el caso Hospital de Chimaltenango.
La institución que dirige Porras, agrega que incluso se han obtenido sentencias, como el caso Libramiento de Chimaltenango, una sentencia condenatoria en contra del Ex Vice Ministro de Hospitales de San Juan de Dios y el Jefe de la Tesorería de la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación.
ASEGURAN QUE ENFOCARSE EN «UNO O DOS NOMBRES» ES DEMERITAR SU TRABAJO
Las anteriores, aseguran que forman parte de las 67 sentencias obtenidas en lo que va de 2024 por la Fiscalía contra la Corrupción, a través de las cuales se han obtenido resarcimientos importantes que oscilan entre Q452,960.00 y Q655,911.49, por distintos casos de corrupción de gobiernos centrales anteriores, Congreso de la República, Municipalidades y otras instituciones públicas.
Finalmente, indican que, «enfocarse en uno o dos nombres propios con el fin de demeritar el trabajo que realizan las fiscalías y el personal que labora en el Ministerio Público, violenta los principios de equidad, imparcialidad, verdad y precisión que deben regir en todo momento al periodismo independiente».
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