La decisión judicial llega tras un largo proceso en el que los demandantes acusaron a BNP Paribas de facilitar abusos contra los derechos humanos al mantener relaciones bancarias con el gobierno de Al-Bashir, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos. El jurado de Manhattan ordenó el viernes al banco compensar a los tres refugiados con 7,3 millones, 6,7 millones y 6,75 millones de dólares, respectivamente.
Las pérdidas bursátiles, que son las más abultadas desde la pandemia de Covid 19, indican la preocupación de los inversores por las posibles repercusiones legales y reputacionales del caso.
Según el despacho de abogados Hausfeld, que representa a las víctimas, más de 20.000 refugiados sudaneses forman parte del grupo afectado por el caso. Si los tribunales aceptan nuevas reclamaciones, el monto total de las indemnizaciones podría multiplicarse de forma significativa.
BNP Paribas ya fue sancionado en 2014 con una multa récord de 8.900 millones de dólares por violar las sanciones de EEUU contra Sudán, Cuba e Irán, al procesar miles de millones en transacciones prohibidas. Aunque el banco reconoció entonces su responsabilidad y reforzó sus controles de cumplimiento, este nuevo veredicto reabre viejas heridas y plantea dudas sobre la exposición del grupo a litigios adicionales.
El caso también pone de relieve el creciente escrutinio legal sobre las instituciones financieras internacionales en relación con sus operaciones en países sancionados o con historiales de violaciones de derechos humanos.
Para los analistas, el impacto financiero directo puede ser manejable, pero el riesgo reputacional y de precedentes judiciales podría tener efectos más duraderos para el mayor banco de Francia.
