La escena política y judicial ha colocado, casi sin premeditación, a una figura poco habitual en el centro del tablero: el Supervisor General de Tribunales. En este momento, mientras múltiples actores exigen la destitución del juez Séptimo Penal A, Fredy Orellana, es Harold Ortiz, jefe de la Supervisión General de Tribunales, quien se encuentra en la posición estratégica para determinar, al menos en esta primera fase, si las actuaciones del controvertido juzgador constituyen una falta disciplinaria que pueda abrirle la puerta a su salida del Organismo Judicial.
Ortiz, un funcionario cuestionado anteriormente por sus resoluciones, se convierte hoy en la pieza indispensable del engranaje disciplinario. La Ley de la Carrera Judicial le asigna dos funciones fundamentales: la preventiva y la investigativa. En la práctica, estas atribuciones lo transforman, para los procesos administrativos, en una especie de “Ministerio Público interno”: es él quien debe reconstruir los hechos, recabar documentación, verificar la evidencia y presentar ante los magistrados de la Junta de Disciplina Judicial un relato sólido que permita calificar la conducta denunciada.
De su informe dependerá si las cuatro denuncias administrativas que pesan sobre Orellana —y que salieron a flote tras su resolución del 24 de octubre, considerada por amplios sectores como un nuevo intento de golpe de Estado— pasan o no la primera barrera del sistema disciplinario.
EPICENTRO DE LAS DENUNCIAS
Orellana, cuya carrera judicial se volvió inseparable de las tensiones políticas de 2023, acumula ya cuatro denuncias administrativas recientes: una del Colegio de Abogados y Notarios (CANG); otra de la Presidencia de la República; dos presentadas por diputados del Movimiento Semilla —tanto de la facción oficial como de Raíces—; y una instrucción directa del presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Lucero, que ordenó a la Junta de Disciplina Judicial investigar de oficio los hechos del 24 de octubre.
Ese día, en una audiencia celebrada a puerta cerrada, el juez declaró una figura inusual: la “nulidad absoluta” del partido Movimiento Semilla, acogiendo un requerimiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentado por la fiscal Leonor Morales. La decisión recordó las maniobras del Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras durante 2023, cuando esta Fiscalía, dirigida por Rafael Curruchiche, con el aval del juez, suspendió al partido usando la Ley contra el Crimen Organizado, una norma de menor jerarquía que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que regula lo relacionado a los partidos.
Aquel episodio fue interpretado por la comunidad internacional como un intento de golpe de Estado para evitar la llegada de Bernardo Arévalo y Karin Herrera a la segunda vuelta. El resultado fue contundente: 42 países sancionaron a los responsables de la maniobra, incluido el propio Orellana, señalado por fallar fuera del marco constitucional. Su última resolución de octubre fue interpretada como un nuevo intento de desconocer los resultados electorales de 2023.
La ofensiva contra Orellana cobró fuerza después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) reafirmara la sentencia de 2023 que garantizó la validez de los resultados electorales y la toma de posesión de Arévalo y Herrera. En respuesta a solicitudes de debida ejecutoria, la CC advirtió que ninguna resolución judicial puede contradecir los resultados electorales y que cualquier fallo que pretenda alterar ese mandato —incluida la nulidad declarada por Orellana— carece de efecto jurídico.
El máximo tribunal recordó, además, que cuando existan indicios de irregularidades electorales, el MP debe trasladarlos al Tribunal Supremo Electoral, no convertirlos en acciones penales que interfieran en el proceso democrático. Lo mismo le dijo al juez Orellana y le advirtió de abstenerse a emitir resoluciones contrarias a la ley, que pueden ser calificadas como el delito de prevaricato, penado hasta con 6 años de prisión.
Las denuncias se basan precisamente en esa resolución. A su juicio, Orellana no solo reabrió un proceso ya cerrado, sino que actuó en abierta desobediencia a un fallo constitucional vigente y piden su destitución al incurrir en una falta gravísima. Ahora, la responsabilidad recae sobre la Supervisión General, que debe reconstruir el expediente, narrar los hechos y decidir si formula la acusación que podría llevar al juez ante la Junta de Disciplina Judicial.
UN JUEZ PROTEGIDO
Hasta hace apenas semanas, las denuncias contra Orellana parecían destinadas al archivo. Según registros obtenidos por La Hora, la Junta de Disciplina Judicial ha protegido al juzgador en 12 de las 13 quejas previas, ninguna de las cuales avanzó siquiera a una fase de investigación formal. Ese es el escenario en el que el Supervisor Ortiz entra en escena: con la presión pública acumulada, con la Junta disciplinaria bajo observación nacional e internacional, y con un juez que se convirtió en un actor político involuntario o deliberado, según a quien se consulte.
La Junta de Disciplina Judicial —presidida por la magistrada Beyla Estrada, junto a Dora Fuentes y Leonel Sáenz— es la encargada de calificar los hechos, imponer sanciones y, si corresponde, recomendar la destitución a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el proceso no avanza sin el insumo esencial del Supervisor.
ROL DECISIVO
La Ley de la Carrera Judicial establece que la Supervisión General de Tribunales está a cargo de un Supervisor General electo por oposición. Debe ser una figura con méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Además, debe actuar de manera estrictamente administrativa y neutral, al punto de que su labor de investigación está limitada por plazos rígidos: 10 días para presentar un informe inicial, ampliables por única vez a ocho días más.
Ortiz, según la normativa, debe elaborar un relato claro del hecho imputado, adjuntar pruebas documentales y señalar la calificación provisional de la falta. Si considera que existen indicios de irregularidades, debe trasladarlo de inmediato a la Junta de Disciplina. Es un papel que, en los hechos, se asemeja al del Ministerio Público en un proceso penal: sin su investigación, no hay caso; sin la calidad de su informe, no hay sanción; sin una acusación bien sustentada, no hay destitución, como lo piden las cuatro denuncias administrativas.
Expertos en derecho consultados por La Hora ya han analizado las acciones del juez Orellana y coincidido en que son constitutivas de faltas gravísimas, contempladas en la Ley de la Carrera Judicial, y su sanción podría llegar a ser de 90 días de suspensión sin goce de salario o la aclamada destitución e inhabilitación por al menos 10 años.
HISTORIAL DE ORTIZ
El puesto de Supervisor General de Tribunales recae hoy en Harold Estuardo Ortiz Pérez, un magistrado cuya trayectoria previa está marcada por resoluciones controvertidas y señalamientos por parte del propio Ministerio Público.
Antes de asumir este cargo, Ortiz presidió la Sala Segunda de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, desde donde avaló resoluciones que generaron fuertes cuestionamientos públicos. Una de ellas fue la decisión que permitió al MP embargar las cuentas de Datasys, S. A., empresa proveedora del sistema utilizado para el TREP. La Sala —integrada por Ortiz y dos magistrados también cuestionados— no solo frenó el pago de más de Q40 millones, sino que resolvió en una audiencia convocada con apenas dos horas de anticipación a la defensa.
En 2021, el órgano encargado de la persecución penal exhibió un fotograma en el que Ortiz aparecía visitando al empresario Gustavo Alejos en una clínica privada, en el marco del caso “Comisiones Paralelas 2020”. Alejos es señalado de operar una estructura que buscó amañar —desde hospitales, hoteles y oficinas privadas— la elección de magistrados de la Corte Suprema y de Apelaciones para el período 2019-2024. En esa causa, la antigua FECI pidió retirar el antejuicio a varios jueces y aspirantes por reuniones y negociaciones con el empresario. Ortiz también buscaba entonces una magistratura.
A su hoja de vida se suman decisiones que beneficiaron a figuras políticas de peso. Integró la Sala que levantó restricciones para que Sandra Torres pudiera participar en actividades proselitistas mientras estaba ligada a proceso por presunto financiamiento electoral ilícito.
La Hora intentó comunicarse con Ortiz para conocer los avances del proceso disciplinario. Se contactó a un bufete de abogados vinculado a él, pero señalaron que no se encontraba. Se dejó un número de teléfono para retorno de llamada, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.
Que Orellana conserve el cargo de juez dependerá, en gran medida, de cómo Ortiz reúna, organice y presente la información. El Supervisor General analizará las denuncias provenientes del presidente Arévalo, del gremio de abogados, de diputados y de la presidencia de la Corte Suprema; y se producen tras una advertencia explícita de la Corte de Constitucionalidad, que recordó que ningún juez puede contradecir fallos firmes relacionados con el proceso electoral.
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