Como ha explicado en rueda de prensa, el Gobierno espera que el nuevo modelo de financiación autonómica se pueda poner en marcha en 2027: “Nosotros esperamos que el proceso sea lo suficientemente ágil como para que el modelo pueda entrar en vigor el año que viene“.
Por el momento, la propuesta será presentada en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que está convocado para el próximo miércoles, 14 de enero. Después se iniciarán varias reuniones bilaterales con las regiones y, tras ello, serán las Cortes las que tendrán que dar el visto bueno al proyecto de ley que salga del Consejo de Ministros.
“El Ejecutivo asume su responsabilidad y entiende que no hay mejor manera de defender el Estado del Bienestar que reformulando un modelo de financiación que tiene ya 17 años“, ha expresado Montero, que ha destacado que “no puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica”.
Además de incrementar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que se destina a las CCAA, el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos se incorporan a la cesta de tributos cedidos.
En total, la propuesta del nuevo sistema de financiación reportará al conjunto de las CCAA de régimen común (todas menos Navarra y País Vasco) 20.975 millones de euros. De esta manera, si finalmente se aprueba, todos los recursos aportarán en 2027 224.507 millones de euros, un 47% más que en 2023.
La ministra de Hacienda también ha explicado que se está trabajando en implementar “algún límite” al llamado dumping fiscal, ya que “no tiene sentido que estemos haciendo desde el Gobierno de España esfuerzos extraordinarios para dotar de mayores recursos a los territorios y que luego los territorios bajen los impuestos en la parte que les corresponde y por tanto quedándose sin recaudar una parte importante de la eficacia que tienen determinadas figuras tributarias”, ha dicho.
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